El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha trasladado hoy a los responsables de distintas empresas cooperativas andaluzas de trabajo, consumo y servicios “nuestro compromiso para mejorar las leyes” que afectan a este importante sector con un volumen económico en crecimiento. Santiago destacó que “he tomado buena nota de las dificultades importantes que hay todavía en la legislación y que hay que abordar”, por lo que se comprometió también en “plantear cambios concretos” para acabar con los “abusos o discriminaciones” que ejercen desde las grandes compañías eléctricas hasta la Junta de Andalucía contra grupos específicos de cooperativas, entre ellas las de la enseñanza o las de alto consumo en materia energética.
El también diputado de IU por Córdoba en el Grupo Plurinacional Sumar ha hecho estas valoraciones a los medios tras mantener un encuentro que ha calificado de “más que interesante, provechoso y clarificador”, acompañado por dirigentes locales de la formación, con representantes de la dirección de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, Consumo y Servicios (FAECTA) y cooperativas invitadas en su sede de la capital cordobesa.
Santiago empezó por “agradecer y felicitar a FAECTA y a todas las cooperativas que han podido narrarnos su trabajo con estas dificultades”, a cuyos responsables reiteró su “apoyo para que sigan creando empleo en un país en el que ahora mismo tenemos el crecimiento más alto de la Unión Europea (UE) y también la reducción de desempleo a un ritmo más rápido”.
Recalcó el “trabajo tan excelente” que realiza el sector del cooperativismo de cara a “desarrollar la provincia de Córdoba y toda Andalucía”, ya que solo a nivel provincial da empleo a “casi 150.000 trabajadores y trabajadoras, incluyendo las cooperativas agrícolas”.
Por ello, advirtió de que “no puede ser que haya limitaciones en las cooperativas de consumo en materia energética, por ejemplo”, más en un momento en el que “la viabilidad del sistema energético, especialmente eléctrico, se ha convertido en una cuestión estratégica esencial para el funcionamiento de nuestro país, para su seguridad y para el desarrollo económico”.
Enrique Santiago explicó a los medios que “hemos analizado problemas en la legislación que permiten fraudes”, entre ellos “por parte de las grandes empresas eléctricas, las mismas que no han invertido lo suficiente para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y nos han llevado a esta situación de apagón que no puede volver a repetirse”.
“Vamos a llevar al Parlamento -dijo- algunas propuestas de modificación legislativa muy claras para que las comunidades energéticas respondan realmente a las necesidades de los consumidores, no de las grandes empresas eléctricas”.
Recordó que situaciones así “pueden mejorarse”, como ya hizo Izquierda Unida hace tres años en el Congreso cuando “conseguimos ampliar el tramo de distribución de transporte de la energía producida por las comunidades energéticas de 500 a 2.000 metros”, aunque señaló que “sigue siendo absolutamente insuficiente”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida señaló haber recogido también la “preocupación por las limitaciones y discriminación” expresadas por profesionales de cooperativas de la arquitectura, “donde todavía el modelo cooperativo sigue siendo discriminado respecto al modelo de sociedad mercantil”.
Indicó que se va a actuar “para que esas discriminaciones también desaparezcan”, ya que no tiene ningún sentido que ocurran “en un país y en una comunidad autónoma como Andalucía” donde las administraciones públicas “deberían impulsar el desarrollo cooperativo”.
Incumplimientos de la Junta de Andalucía
“Y digo ‘debería’ porque también nos han preocupado algunos problemas de discriminación a los trabajadores de las cooperativas de educación”, señaló, sobre todo “a la hora de recibir las transferencias de la comunidad autónoma de Andalucía”.
Santiago valoró que “no se entiende muy bien” por qué esas transferencias “no cubren todos los conceptos que son derechos laborales de los trabajadores de esas sociedades cooperativas para que tengan unas condiciones de trabajo dignas”.
El diputado de IU denunció que “nos llama todavía más la atención teniendo en cuenta que el año pasado la Junta de Andalucía devolvió al Estado más de 100 millones de euros en materia de educación destinado a escuelas infantiles, que la Junta decía que no tenía dónde gastárselo”.
“Bueno, pues parece que había aquí un sector en el que se lo podía haber gastado para mejorar la vida y las condiciones de trabajo de los empleados de las cooperativas de enseñanza”, señaló sin ocultar la ironía del caso.
