El apagón que vivimos ayer en la península ha vuelto a ser un momento de esos que parecen imposibles hasta que suceden. Por ahora sabemos muy poco respecto a esta anomalía, y es importante no sacar conclusiones precipitadas. Habrá tiempo de esclarecer los hechos y analizar.
Sin embargo, hay algo que sí podemos afirmar sin duda: ha quedado demostrado el civismo y la solidaridad de nuestro pueblo, y el valor irremplazable de los servicios públicos. Cuando el suministro energético se cortó, fue el resto de servicios como las emergencias, transportes y sanidad los que intensificaron su labor para evitar el caos.
En distintos puntos del país se han vivido situaciones muy complicadas: rescates en ascensores, carreteras colapsadas durante horas, largas caminatas de trabajadores y trabajadoras para volver a casa, que evidencian que lo público estuvo donde tenía que estar, pero podría haber sido menos duro si estuvieran dotados de más recursos. Nuestros sistemas públicos nunca se recuperaron completamente ni de la crisis económica, ni de la pandemia, y estas son las consecuencias.
Esto nos reafirma en una convicción: lo público debe ser sólido, redundante e incluso sobredimensionado. No podemos permitir que hospitales, ambulancias o transportes operen al límite en su día a día. Si lo normal es la saturación, queda poco margen para las emergencias.
Esta crisis visibiliza la importancia de los cuidados para quienes más los necesitan: personas mayores, dependientes o personas en contextos de exclusión social son quienes sufren primero y con más dureza la falta de suministros básicos. Y no solo por parte de los usuarios, sino también por los trabajadores y trabajadoras públicos y su seguridad laboral. Necesitamos proteger a quienes sostienen nuestros servicios esenciales, garantizar sus derechos laborales, sus condiciones de trabajo y su bienestar físico y mental. Son ellos y ellas quienes nos cuidan en los momentos difíciles, y merecen ser cuidados también.
La infraestructura pública no solo debe ser resiliente ante las emergencias, sino también orientada a priorizar a quienes requieren mayor protección. Es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de seguridad humana: un enfoque que ponga en el centro la vida digna de las personas y la protección de sus derechos. No hay «kit de supervivencia» que nos salve individualmente, ni rearme que nos de garantías frente a esta clase de crisis, que además serán más frecuentes en el contexto actual de crisis ecosocial. La respuesta es clara: no se trata de individualizar soluciones, sino de fortalecer lo colectivo, y garantizar derechos para todas y todos.
No es momento de meterse en debates tecnológicos o técnicos, mientras tienen lugar las investigaciones. La cuestión fundamental es la importancia de la planificación pública y límites a los beneficios obscenos de las eléctricas, que año tras año obtienen cifras récord a costa de la clase trabajadora.
Aprovechamos para felicitar el trabajo de los trabajadores de Red Eléctrica Española, pues han recuperado el suministro en un tiempo corto, en un contexto inédito de mucha tensión y sin experiencias previas. Un instrumento como REE es estratégico y debe volver a ser 100% público.
Esta crisis nos recuerda que la lucha por lo público es la lucha por los derechos universales de todas y todos. Seguiremos defendiendo un Estado que garantice servicios robustos, accesibles y al servicio de la mayoría social.
