Desde Izquierda Unida manifestamos nuestra firme repulsa ante las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha vuelto a respaldar la ilegítima propuesta de Marruecos sobre una supuesta “autonomía” del Sáhara Occidental bajo su soberanía en el encuentro del pasado 17 de abril con su homólogo marroquí, Nasser Bourita. Este posicionamiento, lejos de contribuir a la paz y la justicia, consolida una grave vulneración del derecho internacional y traiciona los principios democráticos que España debería defender.
El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización, tal y como reconocen las resoluciones de Naciones Unidas, incluida la reciente Resolución 2654 (2022) del Consejo de Seguridad. La postura del Gobierno español, alineada con los intereses expansionistas de Marruecos, ignora de forma flagrante el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro mediante un referéndum de autodeterminación, tal y como establece el derecho internacional.
La denominada “autonomía” marroquí no solo carece de legitimidad jurídica, sino que perpetúa una ocupación militar y una sistemática violación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Marruecos, como potencia ocupante, ha sido señalado reiteradamente por organizaciones internacionales por su represión contra la población saharaui, el expolio de recursos naturales y el incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en 2016 y 2021 invalidaron los acuerdos comerciales de la UE con Marruecos por incluir productos del Sáhara Occidental.
Ante las opacas negociaciones entre el Gobierno español y Marruecos, desde Izquierda Unida exigiremos al Ejecutivo que aclare públicamente si ha abordado con Rabat el cumplimiento de las sentencias del TJUE, que prohíben la explotación económica de un territorio ocupado sin el consentimiento de su pueblo. Resulta inadmisible que, mientras se celebra un “récord histórico” en los intercambios comerciales hispano-marroquíes, se silencie el saqueo de recursos saharauis y la complicidad de empresas españolas en él.
España, como antigua potencia colonial del Sáhara Occidental, tiene una responsabilidad histórica y moral con el pueblo saharaui. La decisión del Gobierno de Sánchez de respaldar el plan marroquí en abril de 2022 no solo rompió décadas de consenso diplomático, sino que socavó la credibilidad de España como actor comprometido con los derechos humanos y la descolonización.
En esta misma línea, rechazamos el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, y entendemos esta como una solución unilateral y de parte, presentada por Marruecos sin haberse acordado previamente con el Frente Polisario, al que se le pretenden imponer los intereses marroquíes.
La propuesta de este plan de autonomía fue presentado ya en 2007, y se ha demostrado como una propuesta fracasada que no resolverá el conflicto histórico planteado, pues además de su falta de concreción, busca integrar de manera forzada al pueblo saharaui bajo soberanía y territorio marroquí, ignorando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, reconocido por la ONU, y sin la realización de un referéndum vinculante que permita a la población saharaui expresar su voluntad y decidir su futuro.
La mayoría de la comunidad internacional ha expresado su rechazo al Plan de Autonomía y sigue pensando que el conflicto con la excolonia española debe resolverse a través de un proceso de autodeterminación supervisado por la ONU.
Numerosas resoluciones de las Naciones Unidas reconocen ese derecho histórico al pueblo saharaui por ser una antigua colonia española y por tanto un territorio pendiente de descolonización. Es cierto que la ONU ha realizado un llamamiento a que Marruecos y el Frente Polisario ‘encuentren soluciones negociadas al conflicto, pero siempre basadas en el mutuo acuerdo y en el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación’.
Grave error del ministro de Exteriores
El ya viejo y fracasado Plan de Autonomía marroquí para el Sáhara Occidental niega el derecho de autodeterminación al pueblo saharui, y por tanto no puede ser, como ha manifestado el ministro de Exteriores español, “la base seria, realista y creíble” para resolver dicho conflicto. Los hechos hablan: no lo ha sido desde que fue planteado, hace ya 18 años.
España debe buscar mantener las mejores relaciones de vecindad con Marruecos, pero el Sáhara Occidental no puede ser la moneda de cambio de una mejora en las relaciones de España con Marruecos en materias económicas, migratorias o de seguridad, ignorando el derecho internacional y las resoluciones de la ONU que para el estado español deben ser de obligado cumplimiento, teniendo en cuenta que España es responsable de la situación creada puesto que fuimos la potencia administradora de un territorio colonial, permitimos que la ocupara Marruecos y tenemos la responsabilidad de ofrecer soluciones válidas y ayudar a resolver el conflicto, pero sobre la base establecida por las Naciones Unidas.
