Izquierda Unida y sus federaciones en todo el Estado se vuelcan de nuevo mañana sábado, día 5, en apoyo de las manifestaciones por el derecho a la vivienda convocadas en 40 ciudades bajo el lema ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’. De esta forma, se sigue cumpliendo en la práctica la propuesta de “poner la vivienda en el centro de la agenda pública”, expresada por la nueva dirección resultante de la Asamblea Federal celebrada hace ya casi un año, encabezada por su coordinador federal, Antonio Maíllo.
IU considera “absolutamente necesaria” esta movilización en la calle para “reafirmar nuestro compromiso con un modelo de vivienda más justo, asequible y accesible para todas las personas, totalmente alejado de la especulación de empresas y particulares que tan difícil están haciendo el acceso a una residencia a la gente”.
Pero, además, esta formación trabaja para incorporar a la agenda política y al debate directo en todas las instituciones en las que tiene representación -municipales, autonómicas y estatales- “propuestas concretas, realizables y elaboradas escuchando las demandas concretas de quienes sufren este grave problema y de las entidades de la sociedad civil que los representan”.
De esta forma, Izquierda Unida acaba de registrar en el Congreso una ambiciosa iniciativa parlamentaria que, entre otras cuestiones, “y mientras otros, los ‘señores de la guerra’ y amantes del conflicto, prefieren exigir al Gobierno que supere cuanto antes el 2% del Producto Interior Bruto destinado a gasto militar, para llegar pronto al 5%”, plantea directamente “dedicar, al menos, el 2% del PIB a políticas públicas de vivienda hasta el año 2035, con el objetivo final de cuadruplicar el porcentaje actual”
Además, la proposición insta al Ejecutivo central también a “alcanzar el 10% en 2027 y el 20% en 2035 del porcentaje de vivienda pública social y asequible, incluida la vivienda pública en régimen de alquiler”.
IU alerta de que “la crisis habitacional en España se debe, principalmente, a la falta de vivienda accesible y al desajuste entre los salarios y los altos precios del mercado inmobiliario”. Consecuencia de ello es “la escalada de los precios de alquiler y de compra de primeras residencias, que afecta a los colectivos más vulnerables como personas trabajadoras con ingresos medios y bajos, jóvenes, familias monoparentales. Todo ello, combinado con una feroz especulación inmobiliaria, genera una crisis habitacional que deteriora a amplias capas de la población”.
Ante esto, Izquierda Unida pone sobre la mesa y llevará a discusión en la Cámara Baja en los próximos días, además de los ya mencionados, puntos tan concretos incluidos en la proposición no de ley como:
• Erradicar los desahucios, incorporando la vivienda amenazada con desahucio al parque público de viviendas en régimen de alquiler, garantizando que la renta no supera el 30% de los ingresos del hogar o, en casos de vulnerabilidad, garantizando una renta mínima o una moratoria, dependiendo de las condiciones particulares que deberán ser debidamente justificadas. A tal efecto, el Gobierno deberá dotar la partida presupuestaria correspondiente, pudiéndose articular a través de la futura empresa estatal de vivienda.
• Explorar la posibilidad de incoar expedientes de expropiación sobre viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión, así como sobre el suelo en desuso y viviendas vacías en zonas rurales, para su posterior incorporación al parque público. A tal efecto, el Gobierno impulsará un proyecto de ley que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de la función social de la propiedad, en especial de los suelos urbanos y urbanizables de uso residencial.
• Poner en marcha un plan de rehabilitación para la recuperación de inmuebles públicos en desuso, así como un programa de ayuda a los ayuntamientos de zonas rurales para que puedan adquirir vivienda en desuso a bajo coste.
• Establecer un programa de adquisición de viviendas privadas, mediante el uso del derecho de tanteo y retracto, por parte de todas las administraciones, para dedicarlas al parque público y así poder alcanzar más rápidamente el objetivo marcado en el punto anterior.
• Tras movilizar todos los recursos, en caso de que resultara necesario, impulsar a través de las empresas municipales y autonómicas de vivienda o la futura empresa estatal de vivienda, la construcción anual de 150.000 viviendas públicas sociales y asequibles. A tal efecto, es imprescindible que se materialice, con la mayor celeridad posible, el traspaso ya anunciado al SEPES de los activos de suelo y viviendas pertenecientes a la SAREB.
• Asegurar que las viviendas del parque público se gestionan, exclusiva y directamente desde las administraciones públicas, como garantía de que en el presente y en el futuro el objetivo de estas sea su uso como vivienda y no la extracción de rentas. Únicamente podrá preverse la cesión de la gestión a entidades sin ánimo de lucro cuando la administración competente acredite la imposibilidad de gestión directa, a través de convenios en lo que, entre otras cuestiones, se mantenga la calificación de las viviendas durante el tiempo de cesión de la gestión.
