El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado en el Congreso una iniciativa registrada esta misma mañana “para la acogida de niños y niñas no acompañados solicitantes de protección internacional y avanzar en el cumplimiento del auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo” de hace apenas una semana, que requiere a la Administración General del Estado que en un plazo de 10 días ‘garantice el acceso y permanencia al Sistema Nacional de Acogida a estos menores.
Santiago, en rueda de prensa en el Congreso, destacó que se busca alcanzar “un máximo de colaboración entre las distintas administraciones implicadas en esta nueva situación, que hasta ahora no estaba en el debate”. Recordó que el Supremo “ha establecido un mandato muy claro para el traslado de Canarias a Madrid de niños y niñas extranjeros sin acompañamiento familiar y, en concreto, aquellos en situación de solicitud o en condiciones de ameritar protección internacional de asilo”, principalmente.
En concreto, la iniciativa insta al Gobierno estatal a “crear un sistema específico de acogida en Canarias para este tipo de menores dependientes la Administración General del Estado”, la misma que “gestiona los sistemas de acogida de solicitantes de asilo en cualquier lugar del país”.
Ello implica, detalló el también responsable del Grupo Plurinacional Sumar en materia de Justicia e Interior, “establecer un protocolo de colaboración para solucionar este problema concreto”, de forma específica entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Infancia y Juventud estatal”.
Enrique Santiago expuso que “ahora nos encontramos con la realidad de que en Canarias hay aproximadamente 1.000 menores, procedentes básicamente de Mali y Senegal; unos 550 ya han solicitado protección internacional y el resto, hasta los 1.000, han manifestado su voluntad de hacerlo”.
“Nuestra propuesta -insistió- consiste fundamentalmente en organizar en torno a este colectivo de 1.000 menores un sistema de colaboración entre la entidad pública de protección del menor por mandato legal a la que corresponde la tutela, el Gobierno canario en este caso y en otros la correspondiente comunidad autónoma, y la Administración General del Estado para que se avance en la acogida o en guardia y custodia, como se quiera llamar”.
Valoró que con la iniciativa registrada “vamos a reducir sensiblemente el número de menores extranjeros que hay en Canarias, que hasta ahora tenían la consideración de migrantes” y que con el auto del Supremo “una parte de ellos pasan ahora a ser considerados objeto de protección internacional, lo cual da más facultades al Estado para que intervenga”.
El diputado y dirigente de IU lamentó que “desgraciadamente no se está abordando este debate como se merece” y apuntó directamente a la “incoherente actitud” de la derecha del Partido Popular y la ultraderecha de Vox. Responsabilizó a ambas formaciones de “hundir la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería”, que habría ayudado notablemente a alcanzar una solución, y de “perjudicar incluso a gobiernos de comunidades autónomas donde corresponde al PP solucionar este problema, lo mismo que en Canarias o en el caso de Ceuta”.
Denunció también lo que tachó como “última escaramuza”, que no es más que la “actitud incomprensible” de los gobiernos del PP en Aragón y Madrid con una “ocultación de datos para hacer inviable solucionar este problema” a la hora de informar a sus homólogos del Ejecutivos estatal de cuántos menores tienen acogidos en estos momentos.
Santiago recordó que desde julio del año pasado existe “un requerimiento o recomendación del Defensor del Pueblo, que ya ha sentado posición sobre esto hace tiempo y está pidiendo que se avance”.
Concluyó sus explicaciones asegurando que “vamos a buscar que la transmisión vaya adelante lo más pronto posible para que, al menos con esta vía, se descongestione parte del problema de acogida de menores no acompañados”.
