Izquierda Unida condena firmemente la decisión del gobierno de EE.UU. de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar una persecución sistemática contra la comunidad migrante venezolana. Esta norma arcaica, utilizada históricamente en contextos de guerra, se emplea por el gobierno de Trump en forma arbitraria y con fines políticos, vulnerando principios fundamentales del Derecho Internacional y los derechos humanos.
Esta medida tiene como único objetivo criminalizar y estigmatizar a la diáspora venezolana, privándola de sus derechos básicos y exponiéndola a deportaciones arbitrarias, separación forzada de familias y a la utilización de terceros países como centros de detención extrajudicial, lo que constituye una práctica de lesa humanidad.
La reciente deportación de 238 venezolanos a El Salvador, sin juicio ni debido proceso, es un secuestro masivo realizado con la complicidad del presidente Nayib Bukele y del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.
Rechazamos esta política racista y xenófoba, que la administración Trump está empleando contra toda América Latina y el Caribe, sentando un peligroso precedente de represión transnacional.
Asimismo, denunciamos la expropiación de bienes de migrantes en EEUU, así como la amenaza inaceptable de calificar sumariamente a menores de 14 años de “terroristas”.
IU denuncia que estas actuaciones suponen claramente racismo y xenofobia institucional por parte de un gobierno que ha convertido el derecho a migrar en un crimen y en un chivo expiatorio de todos los problemas del país.
Estas actuaciones violan la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que recoge como derecho humano el derecho a migrar, y la convención de Derechos del Niño.
IU se suma a los llamados y denuncias de varios gobiernos de la región latinoamericana, con quien nos unen lazos históricos y relaciones actuales de fraternidad, para exigir el respeto a los DDHH de los migrantes latinoamericanos, y en este caso expresamos toda nuestra solidaridad con los migrantes venezolanos deportados, ante estas actuaciones propias de un gobierno autoritario, neofascista y de ultraderecha que ignora a las Naciones Unidas y al derecho internacional desde las primeras decisiones de su mandato.
