El diputado de Izquierda Unida y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha impulsado la redacción y registro en el Congreso de una iniciativa parlamentaria para mejorar la situación de los/as estudiantes que padecen ahora o puedan padecer en el futuro algún tipo de problema de salud mental -esta situación en España es cuatro puntos superior a la media europea (16,3%) y siete puntos superior a la media global (13,2%)- e implementar un sistema para lo que se denomina ‘bajas estudiantiles’, dirigidas a “estudiantado post obligatorio, que funcionen de manera similar a las bajas laborales existentes, a través de la realización de un informe, en un plazo de 12 meses”.
De esta manera, la iniciativa que impulsa IU con un formato de proposición no de ley (PNL) para que sea debatida en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes de la Cámara Baja busca hacer frente a la creciente crisis de salud mental entre los jóvenes y adolescentes en nuestro país.
El problema es más grave de lo que parece y, además de afectar directamente a la salud de las personas jóvenes afectadas, acarrea consecuencias en sus estudios y en todos los ámbitos de sus vidas, como se esfuerza en recoger la iniciativa. Así, “el 41,1% de jóvenes entre 13 y 18 años manifiesta o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año, según recoge el nuevo informe de Unicef sobre salud mental ‘Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia 2023-2024’”.
Dentro de este grupo, “más de la mitad (51,4%) no ha pedido ayuda y uno de cada tres no ha hablado con nadie sobre estos problemas. Todos estos datos llevan a afirmaciones tan crudas como el hecho de que el suicidio es, hoy por hoy, la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años”, incide el texto.
La iniciativa elaborada técnicamente desde Izquierda Unida -que firman su también diputado Nahuel González y la parlamentaria del Grupo Plurinacional de Sumar Águeda Micó- recoge el guante lanzado por Unicef, cuyos autores del informe advierten de que “es necesario introducir y reforzar los programas de promoción del bienestar y aprendizaje emocional en los centros educativos, así como promover las actuaciones de prevención y detección precoz de problemas de salud mental y mejorar la coordinación con las instituciones sanitarias y sociales”.
Por su parte, Toni Valero advierte de que “si un trabajador que padece este tipo de trastornos tiene derecho a una baja laboral, también debería ser así para los/as estudiantes”, entre otros motivos porque “si dejan de ir a clase pueden sufrir consecuencias graves al carecer de este derecho, como puede ser la pérdida de becas o un descenso en las calificaciones, al margen todo ello de otro tipo de problemas más personales por su estado de salud”.
La iniciativa expone a modo de ejemplo que “los criterios de concesión y devolución de becas suponen una discriminación contra cierta parte del alumnado, sobre todo en los casos de quienes problemas de salud mental. En la beca MEC, los alumnos no universitarios que no asistan al 80% de las horas lectivas deberán devolver la beca. Esto supone una presión añadida a quienes no puedan asistir a las clases presenciales debido a sus problemas de salud mental incapacitantes, teniendo que devolver una ayuda que en muchos casos es necesaria para afrontar los costes que conllevan la enseñanza”.
Batería de propuestas concretas
“Adicionalmente -recoge el texto-, el fracaso escolar puede estar relacionado con condiciones de salud mental subyacentes, como trastornos de ansiedad, depresión o déficit de atención. Identificar y abordar estos problemas es esencial para brindar el apoyo necesario”.
Por estas y otras razones, la parte propositiva de la iniciativa plantea todas estas medidas concretas para su aprobación por el Congreso:
- Estudiar la implementación de ‘bajas estudiantiles’ para estudiantado post obligatorio, que funcionen de manera similar a las bajas laborales existentes, a través de la realización de un informe, en un plazo de 12 meses.
- Mejorar las adaptaciones en el proceso educativo de la enseñanza a personas con diagnósticos de problemas de salud mental incapacitantes, en coordinación con la administración competente.
- Modificar los criterios de concesión y devolución de becas de carácter estatal, para no penalizar faltas de asistencias en casos de problemas de salud mental incapacitantes, y para becar segundas matrículas.
- Implementar coordinadamente con el Ministerio de Juventud e Infancia la incorporación en las administraciones de políticas activas para minimizar el impacto de patologías como la ansiedad generalizada y la baja tolerancia a la frustración, así como protocolos y métodos que nos permitan avanzar en la gestión de esta problemática en el estudiantado.
- Reforzar el personal capacitado para atender problemáticas de salud mental, reforzando los roles de orientadoras, psicólogas, enfermeros y otros profesionales de la salud mental, en base a las realidades y necesidades de cada centro.
- Establecer campañas de concienciación, que puedan ser desplegados en colegios o centros educativos, en coordinación con las consejerías de educación de las comunidades autónomas, sobre los efectos y peligros de la socialización a través de las redes sociales.
