El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado por Córdoba en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha denunciado hoy en la capital cordobesa junto al coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, las “graves consecuencias” que está teniendo para la financiación de todos los ayuntamientos la derogación del denominado como ‘decreto ómnibus’, tras la suma de votos de las derechas del Partido Popular y Junts, además de la ultraderecha de Vox.
Ante esta situación, IU ya se ha puesto en marcha para contribuir a remediarlo, por lo que ha registrado a través de su Grupo Plurinacional Sumar una proposición no de ley para reformar el sistema de financiación local, que plantea “dotarlo de mayor autonomía financiera y asegurar una distribución más equitativa de los recursos”.
“Es imprescindible actualizar los mecanismos de financiación para que los ayuntamientos reciban al menos un tercio de todos los fondos públicos, acorde al sistema descentralizado de nuestro país”, ha destacado Santiago en rueda de prensa en la sede de IU en Córdoba, dentro de la apretada agenda de trabajo de la jornada, que ha incluido reuniones con sindicatos y diversas asociaciones y entidades locales. La actividad ha incluido respaldar a primera hora de la mañana a las personas que han participado en una concentración en contra de la última campaña xenófoba que Vox ha desplegado en la ciudad en la que la ultraderecha pide actuar contra las personas migrantes.
Además, mientras la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda con el FLA u otro mecanismo de financiación extraordinario del Estado, Enrique Santiago explicaba que la derogación del ‘decreto ómnibus’ ha supuesto un recorte de cerca de 6.200 millones de euros en las entregas a cuenta para los ayuntamientos en 2025.
“Se preveía que los ayuntamientos recibieran 27.000 millones de euros, pero finalmente solo percibirán 20.000 millones. Esta merma afecta directamente a los servicios esenciales que prestan los consistorios en materia social, sanitaria, educativa, de igualdad o desarrollo local”, denunció.
El diputado ha insistido en que esta situación “pone en riesgo” la capacidad de los ayuntamientos para “atender las necesidades básicas de la ciudadanía, especialmente en aquellos municipios más pequeños y con menos recursos”.
Además, advirtió de que el recorte presupuestario limita gravemente las políticas de apoyo a colectivos vulnerables, la creación de empleo local y poder mantener las infraestructuras básicas. “La falta de financiación impide a los ayuntamientos planificar a medio y largo plazo, y debilita su papel como garantes del bienestar social”, subrayó.
Reestructuración también de la deuda municipal
Enrique Santiago detalló que la iniciativa ya registrada en el Congreso propone también una reestructuración urgente de la deuda municipal y la flexibilización de los criterios legales que impiden a los ayuntamientos utilizar sus superávits en inversiones sociales. “No tiene sentido que los ayuntamientos estén pagando intereses al Estado mientras no pueden destinar sus propios fondos a mejorar los servicios públicos”, ha añadido.
Por su parte, Sebastián Pérez subrayó la importancia de esta reforma en una provincia como Córdoba, donde muchos municipios rurales enfrentan problemas de despoblación y necesitan mayores recursos para garantizar el bienestar de su población.
Destacó el papel clave de los ayuntamientos en la defensa de un modelo agrícola sostenible y social, en contraposición al modelo neoliberal que perjudica a pequeños productores y cooperativas. “Desde Izquierda Unida seguiremos trabajando en el Congreso para que nuestros ayuntamientos cuenten con los recursos necesarios y puedan ejercer sus competencias con autonomía y eficacia”, dijo.
