El Grupo Plurinacional Sumar, coincidiendo exactamente con el 47 aniversario del asesinato en Málaga del joven Manuel José García Caparrós durante una manifestación en apoyo de la autonomía y del Estatuto de Andalucía, ha registrado esta mañana un escrito dirigido a la Mesa del Congreso para que “desclasifique y permita el acceso a toda la documentación que obre en su poder, y en concreto aquella que se obtuviera en el desarrollo de la actividad de la Comisión de Encuesta (anterior nombre de las comisiones de investigación) celebrada en 1977” relacionada con este crimen y, lo más importante de esta iniciativa, que se permita consultar esos documentos “sin anonimizar nombres propios”, es decir, sin ocultar la identidad de las personas que aparecen en ellos.
Esta iniciativa formalizada hoy se suma y complementa las decenas de actuaciones parlamentarias que ha llevado a cabo Izquierda Unida en los últimos años en el Congreso sobre esta misma cuestión, siempre en contacto con la familia García Caparrós.
De hecho, en el mismo escrito registrado esta mañana se detalla que en 2017, a solicitud de la entonces diputada de Izquierda Unida por Málaga, Eva García Sempere, actual responsable federal de Organización de IU, “la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 10 de octubre, acordó autorizar la consulta de la documentación referida”, pero eso sí, lo hizo “previa disociación de los datos de carácter personal, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español y en el RD1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos”.
En la actual legislatura, hoy justo hace un año, el grupo Plurinacional registró una proposición no de ley para su debate en Pleno a la que la Mesa del Congreso propuso la reformulación del punto tercero en el que se instaba ya a la “desclasificación de los documentos de la Comisión de Encuesta. El órgano de gobierno de la Cámara Baja alegó que, al tratarse de una comisión parlamentaria, “excedería de las competencias del Gobierno siendo, en cambio, una competencia de la Cámara y de su Mesa, quedando cubierto por el principio de autonomía reconocido en el artículo 72 de la Constitución Española”.
De ahí que el actual escrito se dirija a la Mesa para que “en el ejercicio de sus competencias, autorice la consulta de la documentación referida, en esta ocasión, sin anonimizar, en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática”.
Los autores de la iniciativa, en línea con lo que Izquierda Unida ha venido defendiendo siempre en relación a este caso, inciden en que “el criterio de la Mesa para autorizar el acceso a la documentación sin la previa disociación de los datos de carácter personal “estaría amparado por el principio de autonomía de esta Cámara que, en todo caso, tendría como única limitación respetar el marco constitucional y legal, en particular, los derechos fundamentales y las obligaciones derivadas de leyes como la de Memoria Democrática”.
Ya en 2017, días después de haber podido tener acceso a la documentación con los nombres ocultos, la entonces diputada de Izquierda Unida García Sempere señaló que las actas secretas consultadas sobre la muerte de García Caparros revelan que fue “la policía quien le disparó y le hirió”.
Incidió en que aunque este hecho “era un secreto a voces, nunca se había sabido la verdad”, al tiempo que denunció que en distintos ámbitos existían más informes y documentación sobre este caso a los que nadie, tampoco la familia del asesinado, ha podido acceder a pesar de las décadas trascurridas. “Queremos que todo sea público y entendemos que debe garantizarse el acceso de la ciudadanía a esos documentos”, insistió. Desde entonces, las iniciativas realizadas por IU para tratar de solventar este grave problema no tuvieron resultado satisfactorio.
El escrito registrado hoy dirigido a la Mesa recuerda que el “Tribunal Constitucional ya ha señalado que el principio de autonomía parlamentaria debe ser ejercido dentro de los límites que establecen la Constitución y las leyes. En este caso, la Ley 20/2022 de Memoria Democrática impone obligaciones a las instituciones públicas, incluido el Congreso, para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”.
“La Mesa -destaca- no puede ignorar estas disposiciones legales, ya que hacerlo equivaldría a vulnerar los derechos que la ley pretende proteger”.
Este argumento se ve reforzado por el “amplio consenso de la Cámara” considerando a Manuel José García Caparrós dentro del ámbito de aplicación que establece el artículo 3 de la referida Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Así queda expresado en la proposición no de Ley que el día 20 del pasado mes de noviembre defendió y logró sacar adelante en la Comisión de Interior el diputado por Málaga y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, que sólo tuvo los tres votos en contra de la ultraderecha de Vox.
En su parte propositiva, se aprobó el siguiente texto resultado de una transacción:
‘1. El Congreso de los Diputados rinde homenaje a Manuel José García Caparrós, sindicalista de las Comisiones Obreras, asesinado en Málaga durante la manifestación de 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza, como ejemplo de entrega a unos ideales y a la consecución de la democracia y la libertad de su tierra.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el ámbito de aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática casos como el de Manuel José García Caparrós, víctima de la represión por razones políticas en la histórica manifestación de 4 de diciembre de 1977 por la consecución de las libertades democráticas y del autogobierno para Andalucía y, en consecuencia, se inicien los trámites oportunos para la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal, de acuerdo a lo establecido en el art. 7 de la citada Ley’.
El escrito dirigido hoy a la Mesa lo firman todos los diputados y diputadas andaluces/as del grupo: Toni Valero, Enrique Santiago, Engracia Rivera, Francisco Sierra, Esther Gil de Reboleño, además de la portavoz, Verónica Martínez. Destacan que el acceso a la verdad sobre crímenes cometidos en el contexto de la transición democrática “no es solo una exigencia ética, sino una obligación derivada de los artículos 9.1 y 10.1 de la Constitución Española, que obligan a los poderes públicos a promover la dignidad de la persona y los derechos fundamentales”.
Respeto a la legalidad
Además, “el artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a acceder a los archivos y registros relacionados con hechos de represión y violencia política”, por lo que “la documentación generada en la Comisión de Encuesta de 1977 entra plenamente dentro del ámbito de aplicación de esta ley, lo que convierte su desclasificación en un acto legalmente exigible”.
En este sentido, recuerdan que “la autonomía parlamentaria no puede convertirse en un refugio para evitar el escrutinio público o perpetuar la opacidad. En un sistema democrático, la transparencia es un principio fundamental, reconocido en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, estando el Congreso dentro del ámbito subjetivo de aplicación de dicha ley y por tanto, debiendo interpretar su autonomía de forma que sea compatible con estos principios generales”.
Del mismo modo, señalan que la documentación solicitada “no afecta a intereses estratégicos, de seguridad nacional o de defensa, sino que se refiere a un hecho histórico y político cuya relevancia trasciende al propio Congreso de los Diputados. El interés público en esclarecer el asesinato de García Caparrós es innegable y el conocimiento de toda esa información es fundamental para el cumplimiento de estos principios”.
Para Izquierda Unida y el resto del grupo Plurinacional Manuel José García Caparrós “es hoy un referente para las andaluzas y andaluces, un emblema de la lucha antifascista y de la defensa de los derechos y las libertades más fundamentales”. Sin embargo, el esclarecimiento de las circunstancias de su asesinato y la identificación de los responsables “sigue siendo una asignatura pendiente para nuestra democracia”.
“La opacidad y el silencio que han rodeado este caso durante décadas son incompatibles con los principios establecidos en la Ley de Memoria Democrática y con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, concluyen.
