El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reclamado hoy a su formación tener “templanza” pero también “firmeza y no quedarse a la defensiva” frente a lo que ha calificado como “posición declarada por el propio Partido Popular de combatir al Gobierno por tierra, mar y aire, sin ninguna compasión, utilizando también las terminales judiciales”.
Para Maíllo, “precisamente un Gobierno que se dice de izquierdas y del que nosotros formamos parte debe caracterizarse por combatir a la derecha y a la extrema derecha haciendo políticas audaces que los ponga contra el espejo de sus contradicciones”.
El máximo responsable de IU incluyó esta reflexión en su primera intervención para presentar su Informe Político de coyuntura a los/as miembros de la Coordinadora Federal -el máximo órgano ejecutivo de dirección entre asambleas- reunido de forma telemática desde esta mañana por segunda vez desde que fue elegido por amplia mayoría el pasado mes de mayo.
“Ya sabemos -dijo- la posición política en la que está el Partido Popular, lo ha declarado esta semana, van a combatir al Gobierno por tierra, mar y aire, sin ninguna compasión, utilizando también las terminales judiciales. Lo han dicho con todo el descaro y transparencia con el que están actuando en acción coordinada con sectores judiciales. Y frente a eso tenemos que tener templanza, pero también mucha firmeza sobre nuestra posición política; frente a los ataques de la derecha no podemos estar en una posición defensiva, de defender al Gobierno blindando por encima de todo”.
En los cerca de 30 minutos que duró su análisis político, Maíllo dedicó un apartado muy definido y claro a hablar de la corrupción que apunta a otras formaciones y de las múltiples facetas que muestra. Así, sobre el denominado ‘caso Koldo’ que afecta directamente a ex cargos socialistas durante su acción de gobierno al inicio de la pasada legislatura, reclamó a todo el mundo “tranquilidad” en relación a la “posición” que desarrolla Izquierda Unida sobre el mismo.
Indicó que “nosotros nos tomamos muy en serio los casos que ponen en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones y su transparencia” y añadió que “los casos de corrupción socavan la confianza de los ciudadanos”.
“Aquí -sentenció-, transparencia absoluta y claridad; ni una concesión, información detallada de lo que ocurre y exigencia de explicación de las anomalías que se hayan experimentado”. De la misma forma, indicó que espera que los informes aportados por la UCO sobre este caso “proceden de evidencias significativas y, por tanto, constructivas” y no acaben demostrándose falsos o inútiles, como otros informes policiales de destacados casos anteriores, que solo sirvieron para abonar el ruido y las especulaciones políticas y mediáticas, sin que luego tuvieran ningún valor real en la instrucción.
Indicó gráficamente que el ‘caso Koldo’ “no huele nada bien” y advirtió, además, que cuenta con el agravante de que “se produjo en un contexto como el de la pandemia”, cuando hubo un “aprovechamiento doloroso de una legislación hecha para atender una emergencia y que se ha podido utilizar para el enriquecimiento de unos pocos”.
“Tenemos que estar muy atentos y actuar con la base de la transparencia y la exigencia de explicaciones” en este caso, dijo, pero advirtió de que “igual exigencia de explicaciones tenemos que pedir a quien inicia la imputación nada más y nada menos que del fiscal general del Estado”.
Maíllo se refería así a los magistrados integrantes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la misma que dirigentes del PP aseguraban hace unos años sin rubor que controlaban ‘desde detrás’. A su juicio, la resolución que abre la puerta a la imputación del fiscal general “sigue la línea de boicotear la acción de gobierno y de reventar la legislatura”.
Denunció que ello supone una “intromisión absolutamente inaceptable de la judicatura sobre el poder político soberano, con tal de tener un objetivo que coincide con los de la derecha y de la extrema derecha”.
Avisó también que “con la misma línea que se siguió para boicotear la Ley de Amnistía, se intenta construir un caso que además es producto, nada más y nada menos, que de un delincuente fiscal confeso, pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid”, de tal manera que se puede sacar la conclusión y “da las señales de dónde está el poder y dónde se tienen los resortes del poder todavía en nuestro país”.
