El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha trasladado hoy su “total y sincera felicitación” a la ciudadanía, en general, y a las decenas de organizaciones convocantes, en particular, por el “éxito rotundo” de la movilización de este fin de semana “para exigir medidas contra los graves problemas que arrastra la vivienda y para acabar con las trabas que la derecha política y económica mantienen a la hora de aplicar las propuestas aprobadas”.
Maíllo destaca que “sin duda, la vivienda debe ser el eje del debate político inmediato. Es un derecho humano y debe tratarse como tal, no exclusivamente como motivo de negocio y especulación para una minoría. Desde IU tenemos claro que la complejidad del problema y su urgencia obliga a medidas audaces”.
El máximo responsable de IU destaca que “hace falta una cirugía radical en políticas de vivienda”, por eso “no hay que tener miedo al control del precio del alquiler ni a la intervención del mercado, porque el Estado no puede dejarle un derecho humano como este al mercado, lo que incluye hablar de expropiación a los grandes tenedores de residencias si hace falta”.
Antonio Maíllo incidió en que un “derecho social y no un activo de inversión” merece “incentivos claros para el alquiler de larga duración y gravar fiscalmente con dureza los pisos turísticos y alquileres reducidos exclusivamente de temporada”.
Algunas propuestas concretas
Constata que los ingresos familiares “han subido un 16% en el mismo periodo de tiempo en que la vivienda lo ha hecho en un 95%. Estamos claramente ante un ‘agujero negro’ que succiona los ingresos familiares, que se debe combatir sin parches y con decisión”.
A modo de ejemplo, Maíllo cita sólo algunas de las propuestas que Izquierda Unida ha puesto encima de la mesa para ampliar un derecho fundamental como la “erradicación de los desahucios por hipotecas de primera vivienda, mediante el cual el Estado se haría cargo de la vivienda y la hipoteca, incorporando la primera al parque público y la familia continuaría en la misma con un alquiler social relacionado con sus ingresos”.
También que la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas sea “obligatoria” y no voluntaria como hasta ahora en algunas comunidades, fundamental para evitar que las familias sean expulsadas de sus barrios por la subida descontrolada de precios.
Otra prioridad es frenar el “crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas”, que afecta gravemente a barrios enteros de muchas ciudades, no solo capitales, dificultando el acceso a la vivienda como primera residencia. Por eso la propuesta de acabar con los pisos turísticos ilegales y aplicar a los que estén en regla el 21% de IVA, una forma efectiva de controlar los efectos que alteran el mercado de alquiler.
