Izquierda Unida defiende desde hace años la necesidad de abordar una “reforma en profundidad del modelo de financiación autonómica, lo mismo que del modelo de financiación local”, para solucionar las “desigualdades constatadas hace mucho tiempo entre territorios”. Llevarlo a cabo requiere buscar un “modelo estable y justo para el conjunto del Estado”, que garantice la “solidaridad entre territorios” y la “defensa de los servicios públicos”.
Esta formación entiende que las “necesidades reales de las personas deben estar por encima del hecho territorial en que se produzcan”. Ponerlo en práctica requiere también estar muy atentos para “evitar que nadie se pueda arrogar la potestad de agitar el fantasma del enfrentamiento entre comunidades autónomas por intereses meramente partidistas o territoriales”, que muchos consideran especialmente rentables, mucho más cuando la defensa de lo público nunca ha estado entre sus prioridades.
De la misma forma, ante el debate por el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para avanzar en la autonomía fiscal para Cataluña, dentro del marco para la formación de un nuevo gobierno catalán, Izquierda Unida manifiesta:
1. El actual modelo que regula el sistema de financiación autonómico, que no se debe olvidar data del 2009, se reveló hace ya tiempo “desigual”, con unos territorios especialmente perjudicados frente a otros, si se parte de la comparación de lo que recaudan por habitante y lo que reciben.
“El sistema no funciona”, lo que no significa que “se puedan buscar atajos o soluciones particulares” que, con la excusa de acabar con las tensiones del sistema general, den pie a la posible generación de distorsiones aún más profundas.
2. IU considera que “existe un problema global de financiación autonómica y no solo con Cataluña”. De la misma forma, “las salidas singulares son el resultado de un modelo de financiación superado hace tiempo, y cuyas consecuencias son una financiación a cuenta y que no cumple siquiera con el mandato de los diferentes Estatutos de Autonomía”, a pesar de ser leyes orgánicas y de formar parte del bloque constitucional. Cumplir con las obligaciones estatutarias o, en todo caso, acometer su desarrollo no debe ser discutible en cualquier modelo de financiación.
Para esta formación, “no ha lugar a cuestionar lo aprobado en los estatutos de Cataluña o de otros territorios como parte de estos acuerdos”.
3. Cualquier modificación sobre financiación de las comunidades que están en el régimen común pasa por una reforma de la LOFCA y requiere trabajar una correlación de fuerzas en el Congreso que la permita. Si se abre ese debate parlamentario, IU defenderá su propuesta solidaria y federal, que debería ser de mirada amplia (más allá de la LOFCA) para abordar la inaplazable reforma del modelo de financiación local que también sustenta un número importante de derechos de ciudadanía
4. IU defiende “un modelo de Estado federal, solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los servicios públicos y a la población, y no a los territorios”.
5. Desde IU se echa de menos, como pasaría en todo acuerdo de financiación de servicios a la población, referencias a la “necesaria reforma fiscal para la obtención de recursos y garantía de suficiencia financiera”, así como la “condicionalidad vinculada al cumplimiento solidario de aporte fiscal desde las comunidades para evitar ‘dumping’ o bajadas de impuestos por donde se escapa la mayor financiación de servicios.
6. El Gobierno de coalición progresista no debería dejar pasar la oportunidad de abordar una reforma del sistema de financiación autonómica, en consonancia con la demanda manifestada por la mayoría en las elecciones generales de hace poco más de un año, para temer un Estado mejor y con más capacidad de atender con servicios públicos adecuados a toda la población, especialmente a la más vulnerable.
7. En consecuencia, la “propuesta de reforma de IU debe pasar necesariamente por las siguientes fases: 1. Un plan de reducción condicionada de la deuda que la mayoría de las comunidades tienen con el Estado. 2. Una reforma fiscal para lograr una financiación autonómica justa. 3. Garantizar un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios”.
Izquierda Unida tiene toda su propuesta perfecta y suficientemente desarrollada, pero a modo de explicación sucinta destaca que la deuda estatal “debería cancelarse en plazos anuales, hasta un total de ocho ejercicios. No tendría impacto neto en la deuda global de las administraciones públicas, ya que lo que asume el Estado, lo reducen las comunidades”.
Una imprescindible reforma fiscal
Esta cancelación estaría ligada a una denominada ‘condicionalidad positiva’, ya que la holgura financiera por el menor gasto financiero y la no amortización de la deuda con el Estado tendrá que ir destinada a incrementar el gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales (Educación, Sanidad y Servicios Sociales) y a la no realización de rebajas impositivas en los tributos cedidos, ni en los impuestos propios de las comunidades beneficiadas
La reforma fiscal para garantizar una financiación autonómica justa pasa para Izquierda Unida por una batería de propuestas que afectan a múltiples impuestos. Entre ellas, están “reformar el Impuesto sobre el Patrimonio para convertirlo en un verdadero impuesto a las grandes fortunas; actualizar la normativa básica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que debería servir también para establecer una base liquidable homogénea y para revisar ciertos elementos de la estructura del tributo; eliminar la capacidad normativa sobre los mínimos personales y familiares en el IRPF a nivel autonómico, cuya función es la de determinar un nivel mínimo de renta no sometido a gravamen o impulsar el establecimiento de tasas turísticas que puedan revertir en los municipios con más afectación para que puedan compensarse los efectos negativos que pueda conllevar el turismo”.
En cuanto a la garantía de un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios, la reforma del modelo de financiación autonómica “debe poner en marcha un esquema de nivelación total, que iguale la cobertura financiera de todos los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de los territorios”.
Esto pasa, por ejemplo, por fijar suelos mínimos de gasto público social en porcentaje sobre el PIB: 8% para Sanidad, 6% para Educación y 3% para servicios sociales y sistema de cuidados.
En ningún caso los fondos que se establezcan para compensar unas comunidades a otras estarán sujetos al criterio de ordinalidad (la ordenación de las Comunidades Autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranking de las mismas en términos de capacidad fiscal) si es contrario al principio de solidaridad y tampoco puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación, ya que está ausente de cualquier texto legislativo al respecto.
Por último, aunque el indicador de población ajustada seguiría siendo válido para el nuevo modelo, deben revisarse tanto las variables que lo integran como las ponderaciones asignadas a las mismas, con su justificación técnica y el suficiente consenso metodológico, para mejorarlo como proponen muchos expertos.
Si se supera el actual sistema de financiación autonómico, apostamos por un modelo más federal, más solidario y multilateral, con la participación de todas las comunidades autónomas.
