El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha tachado esta mañana de “caso absolutamente espurio” y de “procedimiento judicial con fines políticos” la instrucción que lleva a cabo un juez de Madrid sobre supuestas ilegalidades en la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En este contexto, Maíllo lanzó lo que él mismo califico de “pregunta retórica” e interrogó sobre “qué señales más necesita el PSOE para advertir que solo desde una profundización en las reformas del Poder Judicial puede abordarse realmente una estructura democrática y que esta no sea utilizada con intereses espurios para hacer política desde los tribunales de justicia”.
Antonio Maíllo hizo esta valoración en rueda de prensa tras conocer con detalle durante la reunión que mantenía una delegación de la dirección federal de IU que él encabezaba, con otra de CCOO, liderada por su secretario general, Unai Sordo, en la sede del sindicato, que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, citaba a declarar a Sánchez la próxima semana como testigo. El juez cumple así al pie de la letra las peticiones hechas por las acusaciones, encabezadas por el partido de extrema derecha Vox, junto a un conjunto de conocidas asociaciones y grupos ultras promotoras de la causa, iniciada a partir de recortes de prensa con la inclusión de bulos cuya falsedad ya quedó demostrada.
“La regresión democrática es un hecho”, comenzó Maíllo su análisis. “El mantenimiento de la ‘ley mordaza’ es una pesadilla y determinados artículos del Código Penal tienen que ser derogados. Tenemos que conseguirlo en esta legislatura”, prosiguió.
El máximo responsable de Izquierda Unida destacó que “damos todo el impulso para conseguir volver a un marco democrático y de desarrollo pleno de nuestros derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución, como pueden ser el derecho de huelga o el derecho a la información, y que se desarrollen con todas las garantías democráticas”.
En esta línea, incidió en que “hay tantas señales que nos dan diariamente, que es necesario reflexionar. Hoy se ha conocido que el juez Peinado ha convocado al presidente del Gobierno como testigo de la instrucción que lleva con el asunto de su esposa”.
A juicio de Antonio Maíllo, “este caso absolutamente espurio, de un procedimiento judicial con fines políticos, debería servir de señal, y eso esperamos, para que el Partido Socialista tenga ya la convicción de que solamente se puede combatir con mayor profundización democrática y no ser timoratos en las reformas estructurales que necesita nuestro país en el ámbito del Poder Judicial y en el ámbito de los derechos”.
Recuperar la responsabilidad civil de los jueces
Advirtió que si no se actúa de esta manera “lo único que se constata es que la lectura que sale de los sectores profundamente reaccionarios de nuestra sociedad, los mismos que están encastrados en posiciones fundamentales del Estado de Derecho, es que lo interpretan como una posición de que sus estrategias son eficaces en términos de freno a cualquier reforma profunda del Poder Judicial y de la profundización democrática del Estado”.
Recordó a los medios cómo el Gobierno de Mariano Rajoy “modificó la ley y eliminó la responsabilidad civil de los jueces cuando estos tienen acciones evidentemente injustas o contrarias a la administración de justicia a la que están obligados. Eso significa que los jueces no tienen que responder ante sus hechos”.
“Recuperar esa responsabilidad civil -destacó- es volver a un espacio de normalidad que hemos tenido durante muchos años en nuestro país. Lo que es anómalo es esa eliminación”.
Y fue ahí donde incidió al afirmar que “mi pregunta retórica es qué señales más necesita el PSOE para advertir que solo desde una profundización en las reformas del Poder Judicial puede abordarse realmente una estructura democrática” y que esta no sea utilizada con intereses espurios para hacer política desde los tribunales de justicia”.
