El portavoz en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha denunciado esta tarde en el Congreso que la proposición de ley pactada por PSOE y PP para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar la futura forma de elección de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es en sí misma el “rescate” que sus defensores han tenido que “pagar para liberar al ‘secuestrado’”, ese órgano de gobierno de los jueces que permaneció caducado y que la derecha impidió renovar durante más de cinco años.
Santiago ha lamentado en la Comisión de Justicia que este ‘rescate’ incluye que el texto pactado “no admite ningún tipo de modificación y enmiendas y, sobre todo, renunciar, al menos por el momento, a abordar las reformas profundas que necesita el Poder Judicial”.
El también portavoz parlamentario de IU ha hecho esta valoración durante su intervención para defender las enmiendas parciales de su grupo, las únicas presentadas al acuerdo entre socialista y ‘populares’, y para argumentar la abstención al dictamen de la ponencia sobre esta reforma, que finalmente se ha aprobado por 26 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.
Enrique Santiago advirtió de que “se ha desaprovechado una ocasión única para comenzar a abordar las reformas”, entre otras razones porque “el Partido Popular es muy refractario y se opone a llevar adelante esas reformas profundas porque de hecho controla ese Poder Judicial; su control es total”.
“Es importante -destacó- que la sociedad conozca que estos años de bloqueo en la renovación no han sido por casualidad. El PP los ha utilizado para introducir a los miembros más conservadores del Poder Judicial en las más altas cortes y responsabilidades del Estado, cuyo nombramiento decide el CGPJ”. “Esa era el interés en bloquear durante estos años”, apostilló.
El portavoz de Justicia del grupo de Sumar denunció que todo esto se ha hecho “sin ni siquiera respetar el escalafón”. Detalló que “es bueno poner de manifiesto que los nombramientos en el Tribunal Supremo son vitalicios y cada uno de esos que se han hecho por decenas ha invertido la normal proporcionalidad entre las distintas percepciones y sensibilidades sociales que hay en cualquier carrera profesional”.
La consecuencia es que el ‘secuestro’ del CGPJ ha “evitado que generaciones de jueces/as y magistrados/as hayan podido concluir de una forma normal su carrera profesional aspirando a formar parte a esas altas cortes”.
Para el diputado de IU, “no tiene lógica no aceptar enmiendas, aun sabiendo que esta es una proposición de ley de reforma muy limitada”. La única explicación es que con ello “el PP se cobra ese ‘rescate’ y salva la cara”.
“Salva la cara -explicó- porque, y esto también tiene que quedar claro, pese a lo que nos han repetido hasta la saciedad, los jueces no van a elegir a los jueces. Los jueces van a acceder a la carrera judicial mediante un sistema reglado de oposición, de méritos y concurso en todo caso, según las distintas formas que prevé la ley, pero en ningún caso ‘los jueces van a elegir a los jueces’, como decía el PP”.
Y si cuando el PP decía esto “se refería a los órganos de gobierno del CGPJ, pues tampoco va a ocurrir esto, ni muchísimo menos. No se ha incluido en esta reforma lo que era esa condición del PP para renovar el Consejo. Debido a las presiones externas de la Unión Europea y a las tensiones en su partido han tenido que ceder en este bloqueo permanente y olvidarse de una tan poco democrática exigencia”.
Puso el ejemplo de que de haber salido adelante esta imposición de la derecha “supondría, ni más ni menos, que el 0,001 de la población de este país se permitiera el lujo de elegir el gobierno de un poder del Estado, cuando en una democracia es la soberanía nacional, la soberanía popular, donde reside la legitimidad para la elección de los poderes del Estado. Eso es lo que está en vigor y lo que va a seguir ocurriendo”.
El diputado y dirigente de Izquierda Unida interpeló directamente a jueces y magistrados al asegurar que “lo digo bien alto para que lo conozcan los miembros de la carrera judicial: que no se confundan, la derecha política no defiende los intereses de la carrera judicial ni del Poder Judicial, defiende sus propios intereses partidarios”.
Ocasión perdida
Santiago dedicó la última parte de su intervención a explicar el contenido de las enmiendas de su grupo contra las que PSOE y PP han sumado sus votos para echarlas abajo. “Al no admitirlas se ha perdido la ocasión, por ejemplo, de que no se obstruya o entorpezca el acceso al Tribunal Supremo en esas plazas vitalicias a las siguientes promociones de magistrados/as. Se ha perdido la oportunidad de establecer un mecanismo para que no se anquilosara el órgano”, comentó.
Añadió que “también se ha impedido levantar las limitaciones a que magistrados/as procedentes del cuarto turno, que ingresan en la carrera judicial con edades superiores a las del turno libre”, puedan promocionar en su carrera “y que no sean discriminados, ya que “en muchos casos no van a poder completar los 20 años mínimos que exige la proposición de ley” para optar al Tribunal Supremo, “y no por falta de experiencia jurídica. Esto es desaprovechar talento”.
Concluyó lamentando, a su vez, que “se ha perdido la ocasión de que los jueces que realizan tareas de representación política, al volver a incorporarse a la carrera judicial puedan ocuparse en funciones no jurisdiccionales, de formación específicamente. O establecer un sistema mucho más sensato para que los distintos vocales del CGPJ, una vez elegidos, tengan su propio suplente sustituto”.