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Francisco Sierra y Enrique Santiago presentan dos iniciativas para promover el pluralismo y luchar contra la desinformación con un Consejo Estatal de Medios y mejor publicidad institucional

El diputado del Grupo Plurinacional Sumar y portavoz en la Comisión de Calidad Democrática, y el portavoz parlamentario de Izquierda Unida destacan en el Congreso que “sin libertad de prensa no hay democracia, sin periodistas no hay democracia y sin medios libres no es posible la protección de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, y el diputado en este mismo grupo y portavoz en la Comisión de Calidad Democrática, Francisco Sierra, han presentado esta tarde dos iniciativas parlamentarias para luchar contra la desinformación. La primera busca regular la publicidad institucional, “no para limitarla, sino para contribuir al pluralismo informativo”, señaló Sierra. La otra propone crear una autoridad independiente que vele por los medios, a través de un Consejo Estatal de Medios de Comunicación. Éste asumiría de forma imparcial las funciones regulatorias en materia audiovisual y de prensa escrita.

El diputado andaluz de Sumar explicó que llevan trabajando meses “sobre el reto de la desinformación que socaba nuestra soberanía y el necesario diálogo político y social” y, entre otras, se “deben garantizar tres condiciones o principios básicos, que marcan las propuestas políticas que hoy presentamos: el derecho de acceso, la participación y el pluralismo”.

Este trabajo junto a “organizaciones sociales, grupos de investigación, sindicatos y expertos en la materia” ha dado como fruto textos como los registrados ahora, en los que se insta al Gobierno a “avanzar en reformas necesarias y demandadas por el sector en línea con el reglamento europeo sobre libertad de medios recientemente aprobado”, explicó Sierra.

“Sin libertad de prensa no hay democracia, sin periodistas no hay democracia y sin medios libres no es posible la protección de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución”, destacó.

Las iniciativas presentadas un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique en el Pleno del Congreso su plan de regeneración democrática inciden, por un lado, en regular la publicidad institucional. Francisco Sierra explicó que el reglamento europeo sobre libertad de comunicación de medios “requiere de la reforma de la actual ley de publicidad, básicamente para atender las exigencias de los nuevos entornos digitales”.

“España -dijo- es el Estado europeo en que los medios son menos transparentes, solo por delante de Chipre y Hungría. Tenemos una situación de absoluta discrecionalidad en la asignación de la publicidad con fondos públicos, que nos sitúa más en el siglo XIX y los llamados ‘fondos de reptiles’, que en un sistema que pueda ser calificado de justo, ponderado y transparente”.

Insistió en que “no se trata de limitar la publicidad institucional, sino de que sirva a su función de informar a la ciudadanía y contribuir al pluralismo informativo y la libertad de empresa”.

Sierra incidió en que “pedimos una norma basada en la equidad, transparencia y pluralismo, con criterios objetivos, evaluables y monitoreados por organismos independientes, en resumen cumplir con el reglamento de libertad de medios y equipararnos a los países de nuestro entorno europeo”.

El texto de esta iniciativa pide también que se creen organismos de autoregulación de fiscalización del reparto publicitario a nivel estatal y autonómico.

Autoridad independiente

Francisco Sierra y Enrique Santiago detallaron también que “proponemos la creación de una autoridad independiente, como exige el reglamento europeo sobre la libertad de medios de comunicación”: el citado Consejo Estatal de Medios.

“Con esta iniciativa de regeneración garantizamos, por un lado, el acceso a la sociedad, que podría formar parte de su estructura a través de sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios”, señalaron.

Sierra especificó que “también canalizamos la participación de la ciudadanía en el derecho a la comunicación, que es un derecho universal. Y garantizamos institucionalmente el pluralismo que es preciso promover con una autoridad independiente”.

La labor que asumiría esta autoridad independiente está actualmente atribuida a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), aunque solo en referencia a los medios audiovisuales, una tarea que los proponentes consideran “insuficiente” y que no están de acuerdo cómo se realiza.

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