El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha explicado esta mañana el “acuerdo alcanzado con el socio del Gobierno, con el PSOE” para abordar, en primer lugar, “una reforma de los aspectos contenidos en la Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como ‘ley mordaza’, aún en vigor tras imponerla el PP en 2015- que afectan al desempeño de la actividad de información por parte de los periodistas”.
Este acuerdo, según indicó Santiago incluye también “la derogación de otras ‘leyes mordaza’, concretamente las contenidas en el Código Penal que afectan a la libertad de expresión”. En este caso, referidas a “la limitación de la libertad de expresión de artistas y personas que trabajan en el ejercicio de esta libertad”, lo que conlleva eliminar los delitos vinculados a la “injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos y contra altas instituciones del Estado”.
En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, el portavoz parlamentario de IU subrayó que a pesar de que el acuerdo conlleva eliminar estos delitos del Código Penal “quiero dejar claro que este hecho no significa que en este país habrá una desprotección contra cualquier actuación que pueda suponer una injuria o una calumnia”. Será así porque “sigue existiendo en el Código Penal el delito de injurias y calumnias aplicable a todas las personas, formen parte de altas instituciones del Estado o no”.
No obstante, indicó que “queremos que de forma espuria no se pueda utilizar el Código Penal para limitar la actividad de trabajadores, tanto de la cultura como hasta de los servicios de información”.
Santiago expuso que en el marco de las medidas de regeneración democrática que el grupo parlamentario de Sumar negocia con el PSOE, “consideramos imprescindible que entren las que tienen que ver con recuperación de las libertades públicas que fueron cercenadas por el Partido Popular, y también otras que aborden la transformación y modernización de estructuras del Estado relacionadas con el Poder Judicial”.
El acuerdo detallado sobre los cambios en la ‘ley mordaza’ tiene que ver con la “importancia que siempre hemos dado a acabar con cualquier penalización o sanción a los periodistas en el desarrollo de su actividad profesional cuando cubren una alguna operación policial. Me refiero a las sanciones recogidas en el artículo 36 de la ley”.
Enrique Santiago tachó a su vez de “positivo” que se haya “avanzado también en un acuerdo para la reforma de la ley del derecho de rectificación y la de defensa del derecho al honor”.
“No se puede seguir permitiendo -dijo- supuestas actuaciones de instrucción judicial indeterminadas, que no acaban en juicio porque no hay ningún tipo de prueba o de indicio que acrediten una investigación y que se han infringido normas. Son instrucciones prolongadas que tienen un claro efecto político para desprestigiar a personas con liderazgos políticos, sociales o sindicales. Estos solo lo hacen jueces de instrucción que actúan de forma indebida”.
Santiago adelantó que se sigue trabajando “para que se introduzcan otras medidas no acordadas aún con el PSOE, pero fundamentales, como la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial para que se introduzcan nuevos supuestos en el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia para prevenir el uso politizado de las instrucciones penales y dar más garantías a los jueces que hacen debidamente su trabajo, de forma independiente y con las debidas garantías jurisdiccionales”.
Además, más allá de esta reforma del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, “trabajaremos en un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas del pacto de investidura para que en breve tengamos una derogación en profundidad de toda la reforma restrictiva de derechos que introdujo el Gobierno del Partido Popular. Hemos llegado a unos acuerdos iniciales entre los socios de gobierno, que se deben profundizar”.
Proposiciones de ley ya registradas como ‘herramienta’
“Nuestra voluntad -indicó- es que se profundice con las fuerzas del pacto de investidura y tengamos una derogación de cualquier contenido del Código Penal que afecte a la libertad de expresión”, además de esa reforma en profundidad de la Ley de Seguridad Ciudadana “para que deje de ser una ‘ley mordaza’ y sea una ley que regule la convivencia entre todos los ciudadanos de nuestro país”.
Preguntado por los medios, explicó que “no hemos concretado cuál va a ser la herramienta” para cambiar la ‘ley mordaza’; estos son los contenidos acordados”. Reconoció que “ojalá la reforma total se haga sobre la proposición de ley que tenemos registrada (desde el pasado mes de mayo) y alcance al resto de contenidos, creo que hay condiciones para ello”.
“Pero no quiero atribuir el mérito de haber conseguido la derogación de esta ley ni al grupo parlamentario de Sumar ni al Socialista porque sería injusto. Es un mérito que corresponderá a todos los grupos parlamentarios del pacto de investidura que venimos trabajando desde hace meses para que así sea”, apostilló.
Sobre cómo articular las reformas referidas a libertad de expresión detalló también que “lo del Código Penal es sencillo, hay también una proposición de ley de nuestro grupo parlamentario de derogación de esos tres artículos. No hay más que darle tramitación parlamentaria rápidamente y derogarlos”.
