El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha registrado en el Congreso dos iniciativas que buscan arrojar luz a nivel parlamentario sobre el espionaje policial perpetrado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo órdenes del Ministerio del Interior del Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy como presidente y con Jorge Fernández Díaz al frente de este departamento.
En primer lugar, Santiago reclama al Ministerio del Interior actual “todos los datos que obran en su poder sobre los diputados y diputadas espiados en las legislaturas XI y XII por parte de unidades policiales”, es decir, aquellos/as que fueron elegidos en las elecciones de diciembre de 2015, hasta la disolución de las cámaras en marzo de 2019, “con fechas del espionaje o seguimiento que se les realizaron”.
Lo hace por una triple vía. En primer lugar, la petición señalada va incluida en una pregunta parlamentaria escrita, que firma Santiago junto a Fèlix Alonso, también diputado de Izquierda Unida. El suyo es uno de los nombres que aparecen en las informaciones de los últimos días sobre este caso de espionaje político como miembro del grupo de parlamentarios catalanes encuadrados entonces en En Comú, dentro del primer grupo parlamentario de Unidos Podemos.
De igual manera, como portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago utiliza el formato de solicitud de informes y documentos que permite el Reglamento del Congreso para reclamar la “documentación obrante en el Ministerio del Interior sobre la operación de espionaje sobre Podemos-En Comú-En Marea y luego Unidos Podemos en las legislaturas XI y XII”.
Esta iniciativa parlamentaria se completa exigiendo la “relación de todos los diputados de Podemos-En Comú-En Marea y luego Unidos Podemos que fueron espiados, investigados o realizados seguimientos sobre sus actividades por parte de por parte de unidades policiales”, con “indicación expresa” de las “fechas en que se realizaron a cada uno las acciones de espionaje, investigación o seguimiento, así como con indicación de en qué consistió”.
En la primera de las iniciativas registradas, Enrique Santiago y Fèlix Alonso reclaman al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que dé cuenta por escrito sobre dos cuestiones que consideran fundamentales: “qué medidas disciplinarias va a tomar el Gobierno contra los funcionarios policiales implicados” y cuáles otras “para asegurarse de que no exista este tipo de espionaje a figuras electas en el futuro”.
En clave más política, interrogan también sobre “cómo valora el Gobierno las actuaciones del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy en lo relativo al espionaje de diputados del entonces grupo de Unidos Podemos” en las legislaturas mencionadas.
‘Policía pepera’ más que ‘policía patriótica’
Los dos diputados de Izquierda Unida ponen en contexto estos hechos tan graves y, al margen de otras denominaciones utilizadas en los medios, señalan que “esta operación de espionaje eminentemente delictiva no es más que otro ejemplo de otras llevadas a cabo por esa ‘policía pepera’, que hemos ido conociendo en los últimos años”. Mencionan la denominada ‘Operación Kitchen’, “operación que ha determinado la acusación por graves delitos contra la cúpula policial de entonces, incluido el ministro Fernández Díaz, causa judicial que se encuentra en espera de juicio por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.
En cuanto al caso actual, indican que la misma Audiencia Nacional “tiene ya las pruebas del rastreo masivo que hicieron sin aval judicial los agentes de la también denominada ‘policía patriótica’ con cientos de consultas sobre líderes, diputados y diputadas como Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Félix Alonso, Íñigo Errejón, Pablo Bustinduy, Joan Mena”, entre muchos/as otros/as.
Indican que la operación “se enmarca dentro del interés de Francisco Martínez (por entonces número 2 de Interior) en buscar datos que dañaran la reputación de los diputados y diputadas electos de Podemos-En Comú-En Marea, y luego Unidos Podemos”.
Valoran que esa “operación policial, supuestamente ilegal, se desencadenó cuando el PP temía perder el Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, por una posible alianza del PSOE y Unidos Podemos junto a otras fuerzas minoritarias con las que podrían sumar los 176 diputados necesarios. Para neutralizar esa posibilidad, desde el Ministerio del Interior se planificó una operación consistente en desacreditar a los diputados de Unidos Podemos mediante la búsqueda de algún elemento en sus vidas que pudiera ser motivo de reproche social”.
