El Grupo Plurinacional Sumar y el Grupo Socialista han registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para promover un gran pacto de Estado -social, político e institucional- para acabar con la pobreza infantil en nuestro país. La iniciativa conjunta de ambas formaciones se propone lograr su reducción en, al menos, 713.000 niños y niñas para 2030 y está impulsada desde el Ministerio de Juventud e Infancia.
España tiene unos datos de pobreza infantil altos para ser la cuarta economía de la Unión Europea y superiores a los del resto de la población, lo que muestra un problema estructural. De hecho, y como recoge la iniciativa, un estudio realizado en 2022 por la Universidad de Gerona y apoyado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, muestra que la pobreza en España se hereda y que los niveles de pobreza infantil son extraordinariamente altos y apenas varían con los años.
Esto evidencia un problema estructural que requiere de medidas transformadoras que brinden una igualdad real a todos los niños, niñas y adolescentes. Además, en los últimos años, muchos hogares vulnerables han empeorado sus condiciones socioeconómicas como consecuencia del Covid-19 y de los efectos negativos derivados de la guerra en Ucrania.
Avanzar en los derechos y la protección de la infancia
El Gobierno trabaja desde 2018 para avanzar en la protección y promoción de los derechos de la infancia y tiene como prioridad reducir y erradicar la pobreza infantil, tras años de negacionismo político y de congelación de las ayudas destinadas a la infancia y la adolescencia más vulnerable. Afecta de manera más directa a los niños y niñas con discapacidad, en hogares monomarentales/monoparentales, a quienes tienen origen migrante, etnia gitana, son extranjeros/as sin referentes familiares, solicitantes de asilo o protección internacional y temporal, además de víctimas de trata o explotación sexual, entre otros.
La iniciativa busca seguir elevando las políticas de infancia a la primera línea política y blindar los servicios públicos esenciales como Educación, Sanidad o los servicios sociales, prioridad del Ministerio de Juventud e Infancia desde su creación.
El texto contempla, asimismo, que se adopten medidas decisivas para romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza, las desigualdades en la primera infancia, la discriminación, la segregación, la exclusión y la desventaja social. Para ello, promoverá un mecanismo de gobernanza y monitoreo que integrarán el departamento que dirige Sira Rego, las formaciones políticas firmantes, las instituciones competentes y la sociedad civil.
