El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en materia de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha explicado emocionado esta mañana desde el atril del Pleno del Congreso que “con la aprobación de esta ley, hoy, nuestro país, reconoce y repara a todos los guardias civiles, a sus esposas y a sus familias que se sacrificaron por la defensa de los valores y derechos democráticos”.
La norma aludida es el proyecto de ley Orgánica del Derecho de Defensa, debatido y aprobado esta mañana en la Cámara Baja,y los guardias civiles, esos mismos a los que Santiago denominó “servidores públicos ejemplares”, aquellos que montaron en la clandestinidad un incipiente Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) que, en 1986, “diez años después de concluida la dictadura, con profundas convicciones democráticas y la mayoría de ellos hijos del Cuerpo, eran perseguidos por reclamar los derechos sindicales que ya tenían los demás cuerpos de seguridad del Estado. La naciente democracia solo tenía obligaciones para ellos y ellas, pero no reconocía sus derechos”.
El portavoz parlamentario de IU indicó con orgullo que “hoy todos ellos son rehabilitados, se les reconocen los derechos negados durante décadas y se les repara por las consecuencias penales, disciplinarias, personales y familiares que soportaron”.
“No hay mejor concreción del derecho a la defensa -explicó el portavoz de IU- que satisfacer una justa reivindicación. Con esta ley la sociedad va a reparar el daño causado por la vulneración de sus derechos fundamentales a estos servidores públicos. Guardias civiles que dedicaban su vida profesional a cuidarnos y que fueron perseguidos por luchar por sus derechos democráticos y laborales, y por los derechos de sus compañeros y compañeras”.
Apuntó que “España arrastra una anomalía democrática: la existencia de un cuerpo policial, la Guardia Civil, bajo régimen militar y dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior, como si la Guardia Civil fuera una parte del Ejército ‘alquilada’ a Interior”.
Argumentó que en un sistema democrático “la seguridad interior y el orden público son tareas de los cuerpos de seguridad estrictamente civiles, diferenciados de unas Fuerzas Armadas cuya misión es exclusivamente la defensa frente a amenazas exteriores”.
Santiago denunció que a estas alturas del siglo XXI “a diferencia de la Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad interior, los y las guardias civiles no tienen derecho de sindicación, con la anacrónica justificación de que se trata de un cuerpo ‘de naturaleza militar’”. Valoró que esto último solo es “aceptable en democracia” cuando los agentes “formen parte de misiones internacionales de interposición o paz integradas en despliegues de las Fuerzas Armadas”.
En mayo de 1986, ya legalizado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), se celebró en la clandestinidad el primer congreso del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, “nacido de las movilizaciones de guardias y sus familiares en 1976 pidiendo incorporarse a la Seguridad Social, una reivindicación bastante lógica y sensata”.
El SUGC contó con el apoyo de los sindicatos policiales, de CCOO y UGT, y Enrique Santiago destacó, especialmente, que “también de partidos como el CDS, el Partido Comunista de España o Izquierda Unida, a través de los diputados en este Congreso como Antonio Romero o Willy Meyer, a los que hay que reconocer”.
Lamentó también que el reconocimiento del derecho de asociación profesional no se produjo “hasta la Ley Orgánica 12/2007 (la ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil)”, nada más y nada menos que “21 años después de constituirse el SUGC”.
“Cuatro de estos héroes de la democracia, los guardias José Carlos Piñeiro González (expulsado en 1991) y Manuel Linde Falero, desgraciadamente ya fallecido (expulsado en 1993), el cabo 1º Manuel Rosa Recuerda y el sargento José Morata Gargallo (ambos expulsados en 1995) fueron perseguidos y represaliados y expulsados del Cuerpo”, desgranó Santiago.
Incidió en que “estas expulsiones fueron sanciones injustas, que no debieron imponerse ni mantenerse hasta hoy, porque su causa, el ejercicio del derecho de asociación por los y las guardias civiles, es plenamente legal desde 2007”.
Enrique Santiago no ocultó su satisfacción al poder señalar que “con el trabajo que ha hecho el grupo parlamentario de Sumar y el apoyo imprescindible de otros grupos, tanto para mejorar la ley como para reestablecer los derechos y honores que estos agentes merecen, hoy por fin la democracia salda una deuda”.
“¡Compañeros del Sindicato Unificado de la Guardia Civil, los aquí presentes y los que ya no están, la democracia os da las gracias por vuestra lucha”, indicó orgulloso dirigiéndose a la media docena de agentes que se encontraban en la tribuna del hemiciclo invitados por Izquierda Unida.
Importantes avances con la ley
En relación a otros temas contenidos en esta misma ley, Santiago explicó que gracias a la Declaración Universal de Derechos Humanos “cualquier persona disfruta del derecho a la defensa frente a una acusación. La norma debatida y que finalmente salió aprobada por 178 votos a favor y 170 abstenciones “unifica todos los contenidos del Derecho recogidos en el artículo 24 de la Constitución, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales ratificados por España y en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, recordó.
Además, “desarrolla contenidos de la Declaración Universal como el derecho del acusado a estar presente en el proceso, a defenderse por sí mismo, a ser asistido por un defensor de su elección, a la asistencia jurídica gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos o, por primera vez también, si se encuentran en situación de especial vulnerabilidad”.
Santiago recordó a todos los grupos que “para hacer realidad estos avances en derechos humanos y fortalecer el derecho a la defensa, este Congreso debe comprometerse a mejorar la financiación de la justicia gratuita y de los profesionales de la abogacía y de la procura que la ejercen, para así dignificar sus condiciones de trabajo”.
“También debe comprometerse a acabar con las pensiones de miseria que pagan las mutualidades a los profesionales de la abogacía y de la procura, y dotar de más y mejores medios a los tribunales para tener un cuerpo de trabajadores de servicios generales dignificado y bien remunerado, que participe a través de sus sindicatos en las tomas de decisiones que mejoran la justicia”, indicó de manera particular.
A propuesta del Grupo Plurinacional Sumar, la ley hace expresa alusión al cumplimiento de los tratados internacionales que garantizar los derechos de los justiciables, como la protección del libre acceso a la justicia sin dilaciones, a obtener una resolución congruente o a la doble instancia.
También se regulan las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho de defensa o se convierten en norma principios que ha venido desarrollando la jurisprudencia. El portavoz adjunto del grupo de Sumar explicó que “extendemos la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia letrada a procesos extra jurisdiccionales de mediación, arbitraje y de conciliación, también por primera vez”.
La nueva norma “refuerza” a su vez “la cohesión del Estado plurinacional, al garantizarse la utilización en los procedimientos judiciales de las lenguas cooficiales y el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje comprensible y se introduce el enfoque de género y discapacidad, garantizando la accesibilidad a las sedes judiciales para las personas con discapacidad”.