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El Grupo Plurinacional Sumar exige explicaciones escritas sobre la “compraventa real de armas” a Israel y por qué “no se revocaron los permisos y contratos previos” al inicio del genocio

Enrique Santiago impulsa una iniciativa registrada hoy en el Congreso, que firman también Fèlix Alonso, Engracia Rivera, Tesh Sidi y Gerardo Pisarrello, donde a la vista de las últimas noticias interrogan a los responsables competentes del Ejecutivo sobre “cuántas armas se han exportado desde España a Israel”, “cuántas más van a exportarse a la vista de los contratos que hay ya firmados” y si van a “establecer un embargo formal de armas”, como viene exigiendo este grupo desde hace meses

Diversos diputados/as del Grupo Plurinacional Sumar, con el portavoz adjunto del grupo y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, a la cabeza han registrado una batería de preguntas para que desde Presidencia del Gobierno y los ministerios competentes expliquen las graves contradicciones entre sus explicaciones e informes externos independientes sobre la realidad de la compraventa de armas a Israel desde que sus autoridades emprendieron su actividad genocida contra el pueblo palestino en Gaza.

En una iniciativa registrada esta mañana que, además de Santiago, firman los/as diputados/as en el mismo grupo Fèlix Alonso, Engracia Rivera, Tesh Sidi y Gerardo Pisarrello piden explicaciones por escrito a los responsables con competencias en el asunto, entre otras cuestiones, sobre “cuántas armas se han exportado desde España a Israel desde el 7 de octubre” y “cuántas más van a exportarse a la vista de los contratos que hay ya firmados”.

El texto registrado expone que, tal y como recogen varios medios, “España ha seguido importando armas de Israel y adjudicando contratos públicos a empresas de seguridad y defensa israelíes o a sus filiales” en nuestro país. El nuevo informe el Centre Delàs de Estudios por la Paz detalla, por ejemplo, que ‘(…) se exportaron municiones en noviembre y diciembre, pero también porque España no ha dejado de adquirir armamento de las empresas israelíes’.

El pasado mes de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en el Congreso que ‘desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, ninguna’.

El mismo informe del Centre Delàs destaca que el valor de estos contratos públicos es de 1.027 millones de euros desde octubre de 2023, y que, ‘a pesar de la extrema gravedad de la actuación de Israel en la Franja de Gaza, las relaciones militares de España con Israel no se han alterado de manera sustancial a partir del 7 de octubre’”.

Mientras el Gobierno asegura que no ha autorizado nuevas licencias de ventas de material militar a Israel desde octubre de 2023, parece que “no ha revocado o suspendido las ya existentes, por lo que las exportaciones se han mantenido durante varios meses más”, destaca la iniciativa registrada.

De hecho, la decisión de continuar con los envíos de armamento “sitúa a España en el quinto país de la Unión Europea que más armas y municiones ha exportado a Tel Aviv desde el 7 de octubre”. Además, tampoco se ha establecido un “embargo formal de armas sobre Israel”, una medida largamente solicitada por la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese.

Por todo ello, la iniciativa formalizada esta mañana en el Congreso incluye también pedir explicaciones sobre “cuál es el motivo para no revocar los permisos y contratos previos al 7 de octubre, de acuerdo con las cláusulas establecidas en el reglamento de control del comercio de material de defensa” y si el Ejecutivo “planea establecer un embargo formal de armas sobre Israel”, como viene exigiendo el Grupo Plurinacional Sumar desde hace meses.

Reglamento de control del comercio de material de defensa

Para Enrique Santiago y el resto de diputados/as que firman el texto que ha impulsado “el hecho de que esas exportaciones estuviesen ya autorizadas antes del 7 de octubre no impide que se pudiera revocar el permiso, según establece el reglamento de control del comercio de material de defensa”.

Dicha normativa señala que las autorizaciones pueden cancelarse si existen ‘indicios racionales’ de que el material puede usarse en acciones ‘que perturben la paz’, que puedan ‘exacerbar tensiones’ o ‘que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano’, entre otros preceptos.

Desde el inicio de la masacre en Gaza, “tampoco se ha suspendido la importación de material militar de Israel”. Además, “se han seguido adjudicando contratos a empresas militares israelíes, entre ellas la primera y la tercera de su sector: Elbit Systems y Rafael (PAP Tecnos es su filial en España). Rafael es una compañía pública israelí. Elbit es privada, pero tiene un vínculo muy estrecho y altamente estratégico con las Fuerzas Armadas de Israel”.

Destaca la adquisición del sistema de lanzacohetes SILAM (consorcio con Elbit) o los misiles SPIKE (PAP Tecnos, filial de Rafael), ambos publicitados como ‘probados en combate’, es decir en los territorios palestinos.

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