El portavoz en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha alertado esta mañana del “error” de algunos representantes de la carrera judicial a la hora de abordar cualquier ley de amnistía y ha lamentado que “suelen interpretar las normas de amnistía como una especie de forma de enmendarles el trabajo”, no como una “potestad de cualquier Estado democrático” para resolver un conflicto. Es decir, criticó que antepongan “su visión creyendo que son el centro de la democracia en vez de atender al interés colectivo”.
En esta línea, en lo que se refiere a la Ley de Amnistía que aprobó ayer definitivamente el Congreso, y preguntado de forma reiterada por los medios en rueda de prensa en la Cámara Baja, Santiago rechazó esos argumentos “absolutamente politizados, no jurídicos” aireados, por ejemplo, por fiscales muy concretos del Tribunal Supremo para cuestionar la aplicación de la norma en su totalidad.
Recordó que algunos de estos fiscales son los mismos, precisamente, que “suscribieron las posiciones de Vox durante el ‘procés’” y cuyo posicionamiento quedó finalmente en evidencia. Reprochó a quienes se ubican entre los que tachan la Ley de Amnistía como algo “arbitrario y que responde al capricho de los gobernantes”. “Reto -dijo- a que un jurista incluya estos argumentos en un escrito jurídico”.
Enrique Santiago dio por hecho que al final se impondrá el funcionamiento normal y habitual de la Fiscalía y mostró su confianza en que los problemas a la hora de aplicar la ley no vendrán por parte del Gobierno, porque “no es su obligación” tener que garantizar que los funcionarios cumplan las leyes, sino que el problema lo tiene el Poder Judicial porque “su potestad no es valorar las leyes, sino aplicarlas”.
Preguntado también por las quejas vertidas por parte de dirigentes de Junts y ERC apenas una horas después de que se aprobara la Ley de Amnistía sobre un posible ‘retraso’ a la hora de publicarla en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el portavoz de Sumar en temas de Justicia detalló que legalmente existe un “plazo de 15 días” para ello, y que “no me cabe duda” de que se hará antes de ello, porque “no habría justificación” para no hacerlo.
Santiago recalcó que desde su grupo desean que la norma se publique “lo más pronto posible” y enmarcó las críticas dentro de la normalidad de las presiones a las que recurren algunas formaciones. Puso como ejemplo de que no ocurre nada extraño que una norma tan “poco polémica” como la Ley de Enseñanzas Artísticas fue aprobada hace ocho días y aún no está en el BOE.
