El portavoz en temas de Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha sacado adelante esta tarde en la Comisión de Interior una iniciativa parlamentaria para que el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska desarrolle la Disposición Final Decimonovena de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI de cara a “garantizar la adecuación del nombre y sexo registral en los documentos expedidos a personas extranjeras que se encuentren en situación administrativa regular en España”, tal y como ha explicado el propio Santiago en su intervención.
“Es decir -resumió-, adecuar lo que ya reconoce nuestra legislación a los registros civiles, administrativos y de identidad”.
El también portavoz parlamentario de Izquierda Unida ha aceptado una enmienda técnica del Grupo Socialista al texto original, además de detallar una enmienda ‘in voce’ añadiendo simplemente una frase que indica ‘cuando se acredite que ello es posible en su país de origen’. La propuesta defendida por Enrique Santiago se ha aprobado con 18 votos a favor, la abstención del PP y el voto en contra de la ultraderecha de Vox.
El diputado recordó que “en 2023 fueron asesinadas 321 personas trans y de géneros diversos víctimas de asesinos odiadores e intolerantes. El 94% de las víctimas eran mujeres trans o personas trans femeninas”.
Además, “las personas trans afectadas por el racismo representan el 80% de los asesinatos denunciados, con un aumento de un 15% con respecto al año anterior. El 45% de las personas trans asesinadas en Europa, cuyo origen migratorio se conoce, eran migrantes o refugiados. La mayoría de las víctimas eran mujeres trans negras o racializadas, y trabajadoras sexuales trans, casi todas en situaciones de exclusión social”.
El experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual de las Naciones Unidas ha solicitado a los Estados que garanticen el reconocimiento legal del género a todas las personas en cualquier lugar, lo mismo que la ONU “insta a promulgar legislación y adoptar políticas públicas en línea con las recomendaciones emitidas desde 2015”, explicó Santiago.
Detalló que estas recomendaciones “indican que el proceso de reconocimiento legal de la identidad de género debe basarse en la autodeterminación de la persona solicitante, debe ser un simple proceso administrativo, fácil, accesible y también en la medida de lo posible debe ser gratuito. No debe exigirse a la persona solicitante el cumplimiento de requisitos médicos o legales abusivos”.
También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha instado a que se garantice el cambio registral del sexo “sin el requisito previo de sufrir o padecer procedimientos médicos como una operación de reasignación sexual o una terapia hormonal”.
Enrique Santiago argumentó que este derecho al cambio registral “se basa en el principio del libre desarrollo de la personalidad, artículo 10 de la Constitución Española, apartado 1, y parte a su vez del derecho fundamental a la intimidad personal consagrado en el artículo 18.1 también de la Constitución”.
Advirtió que “no facilitar ni articular los procedimientos adecuados a alguien para el reconocimiento legal de su género repercute negativamente en todos los aspectos de su vida, en su derecho a la salud, a la vivienda, al acceso a la Seguridad Social, al empleo, a la libertad de movimientos, y también alimenta la discriminación, la violencia, la xenofobia, el racismo y la exclusión en los entornos sociales, incluyendo el educativo”.
El portavoz de Interior del grupo de Sumar señaló que esta realidad “afecta tanto a inmigrantes con residencia en España, como a solicitantes de asilo”, y en el caso de estos últimos con el agravante de que “precisamente por huir de una persecución por orientación de género, ni siquiera saben en qué términos dirigirse o referirse a sí mismos, porque en sus países la identidad sexual puede ser un motivo de persecución política o religiosa”.
Santiago propuso que se debe “realizar una mayor inversión en fomentar y sensibilizar a todos los agentes que trabajan en el ámbito del asilo para que atiendan estas cuestiones”, al tiempo que saludó “el criterio favorable y la predisposición mostrada por el Ministerio de Interior para expedir la documentación a personas extranjeras y a sacar adelante la propuesta contenida en nuestra iniciativa”.
