El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en materia de Justicia, Enrique Santiago, ha dejado meridianamente claro en el Pleno del Congreso que “claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción” y “claro que la derecha utiliza los tribunales para destruir a sus adversarios”.
Durante su intervención para mostrar el apoyo de su grupo a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Republicano sobre la ‘lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en el Estado español’, Santiago apostilló que “llámenlo como quieran: desobediencia, politización, prevaricación, ‘lawfare’, es injustificable en todo caso. Es una imagen de la justicia politizada que provoca cada vez más rechazo social y de no poner fin a esta situación, el daño causado a la democracia será irreparable”.
El diputado y dirigente federal de IU ha destacado que “es obvio que la derecha solo acepta la democracia cuando gobierna, en caso contrario la destruye o somete a sus intereses”. Y para muestra, un solo botón: “van ya más de 2.000 días de secuestro del Poder Judicial, lo nunca visto en un país democrático”.
“Claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción -incidió-; usando medios del Estado se han falseado informes sobre financiación de partidos de izquierdas, mientras se destruían pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular. Se intoxica con noticias falsas que, por cierto, nunca son desmentidas”.
Sobre el uso de la derecha de los tribunales para destruir a sus adversarios, Enrique Santiago recordó que el “acoso sostenido desde los órganos judiciales a cargos públicos de Izquierda Unida, de Podemos, de los Comunes, de Compromis es innegable”.
A los hasta hace poco incrédulos sobre lo que está pasando les recordó que el “acoso judicial ahora a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez- prueba que el PSOE también ha padecido estas prácticas”.
Y todo ellos se hace y repite una y otra vez a través de “investigaciones que nunca llegan a juicio, que buscan el degaste político y que utilizan a medios de comunicación para difundir injuriosamente cada resolución judicial o cada diligencia antes de que se notifiquen a los acosados, que no a los acusados”.
El portavoz en temas de Justicia del grupo de Sumar denunció que “hay un doble rasero en la aplicación de la jurisprudencia según la adscripción política”. De nuevo, lo ilustró con ejemplos: “en la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la Fiscalía o en la querella contra Begoña Gómez redactada con dudosos titulares periodísticos”. No olvidó recordar que “previamente, se inadmitió una de Izquierda Unida contra los muchos fraudes del emérito, aunque en este caso incluso había una investigación de la Fiscalía”.
Enrique Santiago ha advertido también desde la tribuna del Congreso que “tenemos a jueces convocando manifestaciones contra leyes en tramitación”, todo ello “mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) interfiere en la actuación del legislativo mediante informes sobre leyes emitidos sin tener competencia para hacerlo”.
“Y en lugar de rebelarse ante el secuestro de la justicia por las derechas -dijo-, el CGPJ ataca la independencia y la neutralidad de los jueces mediante presiones, una actuación prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Son presiones “para que presenten cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una Ley de Amnistía, por ejemplo, que por cierto, ha sido validada por el resultado de las elecciones catalanas. Es una vergüenza”.
Propuesta concretas para abordar los problemas
Santiago denunció también con detalle cómo el Consejo General del Poder Judicial “ha puesto sus medios a disposición de la denominada ‘Plataforma Cívica por la Independencia Judicial’ para que más de 5.000 jueces y juezas sean coaccionados a través de correos enviados a sus direcciones oficiales. Una injerencia para boicotear la aplicación de leyes válidamente aprobadas”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida se guardó las propuestas concretas para tratar de acabar con toda esta situación para el final. Indicó que desde el grupo de Sumar “proponemos a todas las fuerzas democráticas adoptar ya medidas para fortalecer la democracia y recuperar el Poder Judicial para el Estado de Derecho: modificar el procedimiento de renovación del CGPJ para liberarlo del secuestro; reformar sus competencias para ejercer las establecidas en la Constitución sin interferencias de la derecha, para que el servicio público de la Justicia pueda seguir funcionando; reformar el acceso a la carrera judicial y fiscal, primando la formación continua, el equilibrio y la experiencia jurídica, acabando mediante becas con tanta endogamia de preparadores opacos ante la Agencia Tributaria”.
Enrique Santiago propuso también ampliar de manera decidida “los supuestos de anormal funcionamiento de la Justicia, incorporando declaraciones públicas de reparación del daño causado al buen nombre de personas sometidas a investigaciones eternizadas con fines claramente políticos”.
De la misma forma, planteó reactivar “el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la instrucción corra a cargo de los fiscales, como ocurre en todos los países de Europa y, por supuesto, deroguemos la reforma de la ‘ley mordaza’ del Partido Popular, no repitamos el fracaso de la anterior legislatura”.
“Reformemos también -expuso en último lugar- la Ley de Secretos Oficiales y la de Tratados Internacionales para cumplir con las resoluciones de los organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos y la democracia”.
Igual que había hecho por la mañana, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida indicó con satisfacción que “hoy nos felicitamos por haber reconocido al Estado palestino, como han hecho más de 140 países.
Recuperemos ahora la jurisdicción universal y acabemos con la impunidad del genocidio de Israel en Palestina. El trabajo de la Corte Penal Internacional está amenazado por la ley de Estados Unidos que prohíbe colaborar con ella y permite cualquier tipo de intervención, incluida la militar, para impedir la detención por esta Corte de criminales internacionales”.
