El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha presentado hoy en rueda de prensa en el Congreso una batería de iniciativas a nivel judicial para hacer frente “de verdad y de una vez” al “acoso a la democracia y a las instituciones a partir del plan de desestabilización organizado por la derecha del PP y la ultraderecha”.
Santiago quiso comenzar sus explicaciones mostrando su “solidaridad” con la “familia del presidente (Pedro) Sánchez y con todas las familias de líderes políticos y sociales, muchas”, que en los últimos años han sido víctimas del ‘lawfare’ de acoso judicial y político, a partir de utilizar “a la justicia de forma política y para los fines políticos del Partido Popular”, con la imprescindible colaboración judicial.
En este caso la acción se perpetra contra la esposa de Sánchez, a través del “mal llamado sindicato Manos Limpias, una organización de ultraderecha mafiosa dedicada a la extorsión, como ya ha declarado el Tribunal Supremo”, con una denuncia sustanciada en unos pocos folios a partir de titulares -‘que pueden ser falsos’, tal y como reconocen los propios autores del escrito llevado a los juzgados- y entresacados de medios de comunicación de la órbita de la derecha y la ultraderecha.
El dirigente federal y diputado de IU apuntó que, como tantas otras, esta denuncia “probablemente no va a quedar en nada ante los tribunales, como es habitual, pero el daño reputacional e institucional ya está hecho”. No obstante, recalcó que “esto no es un caso simplemente de acoso al presidente del Gobierno, lo que ya es grave”, sino contra todo el Gobierno de coalición y el sistema democrático.
“Por eso -destacó-, como grupo que formamos parte del Gobierno, nos corresponde impulsar medidas para sacar al Partido Socialista de esta parálisis y acabar con la politización del Poder Judicial”.
Santiago reclamó de forma explícita al PSOE que “despierte” y que “deje de esperar lo que no va a ocurrir, ya hemos dado tiempo suficiente”. Detalló que “llevamos tres años de interlocución con el Partido Socialista para poner fin a esta cooptación, este secuestro del Poder Judicial por parte de la derecha. Ya no hay más excusas y esto, seamos claros, depende fundamentalmente del Partido Socialista. Las propuestas están hechas, están redactadas, se pueden presentar mañana mismo. Basta de indefiniciones y basta de cobardías. Hay que defender la democracia y han tenido tres años para valorar todas las propuestas que hemos ido haciendo.
Enrique Santiago explicó de esta forma destallada las siguientes iniciativas:
1. “En primer lugar, de inmediato, una reforma del acceso a la carrera judicial para democratizar el Poder Judicial, abrirlo a la sociedad, acabar con la endogamia, acabar con ese sistema de preparadores que cobran en ‘negro’ en la mayoría de los casos, desde hace años, con un procedimiento que se conoce históricamente”.
“Queremos abrir el sistema a la formación continua desde las facultades, que continúe la formación en la Escuela Judicial y con una serie de becas para que cualquier hijo o hija de familias con medios o pocos recursos puedan también preparar el acceso a la carrera judicial”.
2. “Como venimos planteando desde el 2021 y tenemos redactada, una proposición de ley para imposibilitar el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo hemos ofrecido al PSOE y al resto de fuerzas democráticas distintas opciones. En primer lugar, continuar con el sistema de renovación en torno a mayorías de 3/5 para los dos cuerpos, el de juristas y también el de jueces y magistrados”.
“Pero aplicar el sistema de 3/5 en rondas sucesivas, con votos ilimitados por cada diputado/a para que no sea posible bloquear la elección, es decir, continuar votando para continuar eligiendo los/las vocales hasta que se elijan todos, de forma que los distintos diputados/as puedan acumular los sucesivos votos en opciones diferentes para desbloquear la situación. Es un sistema parecido al que se utiliza para la elección de la Mesa del Congreso”.
“Si esto no fuera posible, pues reducir la mayoría necesaria pasado un determinado periodo de tiempo hasta la mayoría absoluta en todos los cuerpos en los que se pueda hacer. El artículo 122 de la Constitución establece que los 12 magistrados del Consejo se elegirán conforme a lo que diga la Ley Orgánica. No se establece ningún tipo de mayorías cualificadas y que los 8 juristas de reconocido prestigio son los que se elegirán por 3/5”.
“Queremos que se aplique una reforma u otra. Lo urgente es propiciar la reforma para que dejemos de tener un Consejo General del Poder Judicial que lleva más años en funciones que los años para los que fue elegido”.
3. “Una proposición de ley de reforma de las competencias del Consejo General del Poder Judicial, ajustándonos a lo que dice preferente y exclusivamente la Constitución Española, acercándonos a los países de nuestro entorno que tienen distintos modelos de funcionamiento de órganos de la magistratura”.
“Lo que está claro es que en estos momentos con el bloqueo de la renovación del Poder Judicial y las competencias limitadas durante el periodo que lleva en funciones no se puede garantizar el funcionamiento normal de la justicia. El PP ha decidido que no se renueve nunca el Consejo General del Poder Judicial. Para garantizar el servicio público de justicia hay que limitar las competencias de este órgano, al que está matando el PP, a las estrictamente imperativas por mandato constitucional y pasar las demás a otros órganos de la Administración del Estado”.
“¿Cuáles son estas funciones imperativas que deben quedar en poder del Consejo conforme al mandato constitucional?: determinados nombramientos, ascensos, función de inspección y régimen disciplinario. La Constitución lo que ordena es que incluso estas funciones se definan conforme a lo que se establezca en la ley orgánica”.
4. “Actualmente en esta Cámara está en tramitación un Proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Está en periodo de enmiendas. Todas estas propuestas se pueden introducir en este proyecto de ley orgánica para acometerlas de inmediato porque, además, contiene ya cerca de 100 propuestas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
“No hay ningún problema en que se incorporen las que estamos haciendo en estos momentos, que van a servir para desbloquear esta situación y ayudar sustancialmente a acabar con la utilización política de la justicia por parte de la derecha del PP”.
Grave degradación de la justicia
Enrique Santiago ilustró las “situaciones tan graves de degradación del servicio público de la justicia con ejemplos como el de “jueces manifestándose con togas contra decisiones políticas, algo que está expresamente prohibido, con una absoluta inacción de la justicia para controlar esta situación inédita que no ocurre en ningún otro lugar de Europa”.
Esta degradación alcanza también a las “decenas de nombramientos aplazados que está impidiendo el funcionamiento de los tribunales. El Tribunal Supremo lo tiene en las salas de lo Contencioso-Administrativo, de lo Militar, y en breve va a pasar igual con la Sala de lo Social y la de lo Penal”.
Ante este colapso, ya dimitió un presidente del Consejo General del Poder Judicial y “ya han renunciado también media docena de cargos de responsabilidad de los órganos técnicos del Consejo”, entre ellos el director de la Escuela Judicial, el secretario general del Consejo, la jefa del Servicio de Inspección, la directora del Servicio de Estudios e Informes del Gabinete Técnico, el jefe del Gabinete Técnico, el gerente del Consejo.
“Este descontrol ha propiciado hechos tan graves que causan seria preocupación en toda Europa, como la reciente huida del jefe de la mafia holandesa”, el presunto capo Karim Bouyakhrichan de la conocida como ‘Mocro Maffia’, tras una descoordinación entre juzgados y sospechosas decisiones judiciales que ya se investigan.
Santiago, en respuesta a las preguntas de los medios dejó bien claro que “el Partido Popular es incapaz de aceptar las reglas de la democracia cuando no tiene mayoría para ser investido al frente del Gobierno de España. El Partido Popular no va a respetar la Constitución, no va a respetar las reglas del juego democrático”.
Apuntó también que “espero que estos intentos no afecten al funcionamiento de la institucionalidad democrática”, porque “no hay ninguna duda que ante esta agresión a la democracia, este intento de desestabilización, las fuerzas de izquierdas, el Gobierno progresista, todas las fuerzas progresistas y democráticas que sustentan la mayoría parlamentaria, tienen que resistir y sacar adelante una agenda parlamentaria que extienda los derechos sociales, económicos, laborales a la población española. Eso es lo que quiere evitar la derecha”.
“La derecha -dijo- no necesita estar en el consejo de ministros para gobernar. La derecha manda mucho, manda en el poder político, en el económico, en comunidades autónomas, en instituciones del Estado”, pero eso sí “la derecha necesita el gobierno para controlar el BOE, para evitar que se lleve adelante la agenda del Gobierno de coalición, y eso es lo que es fundamental en estos momentos”.
Santiago concluyó sus respuestas denunciando que “el Partido Popular todo lo que toca, lo mancha, lo destroza y es lo que está haciendo con la democracia”, algo “lógico” en un partido “fundado por seis ministros de la dictadura franquista, un partido cuyo presidente fundador firmó y ratificó la condena a muerte a Julián Grimau. ¿Qué se puede esperar? Hasta ahora habían venido respetando la democracia, hasta que la democracia no les permite conseguir sus objetivos de control político de todo”.
