El Gobierno considera que no tiene “pendiente obligación alguna” que resolver en cuanto al tema de las inmatriculaciones. Así contesta el Ministerio de Justicia y Presidencia a la respuesta parlamentaria escrita que le dirigieron el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, y al también diputado de este grupo y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero.
Santiago y Valero formalizaron en el Congreso en los últimos días del año pasado una completa iniciativa para aclarar las que Izquierda Unida considera vigentes irregularidades cometidas por la jerarquía de la Iglesia Católica en el proceso de las miles de inmatriculaciones de bienes inmuebles realizadas durante años. En el texto que registraron, entre otras cuestiones, reclamaban al departamento responsable del Gobierno que especificara que dada la “inconstitucionalidad del procedimiento de inmatriculaciones al amparo de la Ley Hipotecaria, ¿cuándo piensa declarar nulas de pleno derecho estas inmatriculaciones”.
Además, ambos diputados preguntaron si el Ejecutivo tiene una “fecha prevista para publicar el listado completo de inmatriculaciones de la Iglesia Católica que abarca el periodo de 1945-1998” y para saber, entre otras cuestiones, “cuándo piensa aplicar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que declara ‘arbitrario’ el procedimiento de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica, y a establecer un procedimiento legislativo que permita restituir la legalidad conculcada”.
‘El Gobierno -asegura en su respuesta parlamentaria- remitió el listado completo de inmatriculaciones que dispuso la PNL de 4 de abril de 2017, cumpliendo la obligación que le impuso el Congreso de los Diputados respecto al espacio temporal que acotó la misma PNL, no existiendo pendiente obligación alguna al respecto’.
Enrique Santiago y Toni Valero ya recordaban en su iniciativa que el anterior Gobierno de coalición publicó en febrero de 2021 un informe sobre los bienes inmatriculados de 1998-2015, pero obvió el periodo “desde la entrada en vigor de ley franquista de 1946 hasta 1998. Según ese informe, sólo entre 1998 y 2015 se efectuaron un total de 34.961 inmatriculaciones en nombre de la Iglesia católica.
Las sombras que rodean a esta oscura trama de inmatriculaciones de bienes se deben, en buena medida, a las modificaciones legales que impuso el Partido Popular en 1998, en la etapa de Gobierno de José María Aznar. Entonces se amplió la potestad legal que ya arrastraba la Iglesia católica, a la que se dio vía libre, además, para registrar a su nombre templos de culto, lo que conllevó un incremento sustancial de inmatriculaciones a través de diversas entidades jurídicas asociadas.
El departamento de Justicia indica que ‘cabe recordar que la inconstitucionalidad de las normas debe producirse con arreglo a los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico’ y destaca que ‘ni el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 206 y concordantes de la Ley Hipotecaria, respecto de la inmatriculación de bienes mediante certificación eclesiástica, ni se planteó cuestión al respecto por parte de alguno de los tribunales que conoció de causas en la que se aplicó dicha norma’.
La iniciativa que ha impulsado IU tiene muy en cuenta la exigencia ciudadana del derecho a conocer el verdadero estado de las inmatriculaciones, algo que demandan colectivos y plataformas como ‘Recuperando’ o la ‘Plataforma Mezquita-Catedral’ en el caso cordobés.
Entre los asuntos concretos planteados a los que el Ministerio de Justicia y Presidencia no da respuesta alguna está el que atañe a la Mezquita-Catedral de Córdoba. Considerada Patrimonio de la Humanidad desde 1984, la Iglesia católica decidió apropiarse en 2006 en exclusiva este monumento de singular valor. Lo hizo a través de la inscripción realizada por el obispo cordobés Juan José Asenjo a nombre de la Diócesis de Córdoba.
En marzo del 2016, un informe del secretario del Ayuntamiento de Córdoba concluyó que ‘nadie puede adquirir su propiedad ni registrar su titularidad’, al ser un monumento fuera del alcance del comercio humano. En septiembre de 2018, el mismo ayuntamiento hizo público un informe de expertos encargado a una comisión de expertos que lideró Federico Mayor Zaragoza. El trabajo constata de manera contundente que la Mezquita-Catedral nunca fue propiedad de la Iglesia e insta al Gobierno a actuar en consecuencia.
Por su parte, Izquierda Unida ha organizado el próximo lunes en el Congreso desde el Grupo Plurinacional Sumar la jornada ‘Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado’. Ha invitado a la misma a algunos de los principales expertos y expertas en este proceso de apropiación irregular de inmuebles y fincas, junto a algunas de las asociaciones más destacadas que trabajan en distintos territorios para revertir esta situación.
Enrique Santiago es el encargado de abrir la sesión de trabajo, junto a José María Rosell Tous, presidente de ‘Recuperando’. La clausura correrá a cargo del portavoz del grupo, Íñigo Errejón, además de una persona en representación del Ministerio de Cultura.
La actividad del encuentro se ha dividido en dos mesas de trabajo. La primera se denomina ‘Revertir las inmatriculaciones de la Iglesia: una herida abierta en nuestra democracia’ y será moderada por Asunción Villaverde, perteneciente a ‘Europa Laica’. Contará con las intervenciones de Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil; Cristina Contreras, abogada y portavoz de la plataforma ‘Recuperando de Navarra’, junto al también diputado de IU en el grupo de Sumar, Nahuel González.
La segunda mesa de trabajo lleva por título ‘Protección y gestión democrática del patrimonio cultural: una exigencia ineludible’. Intervendrán Miguel Santiago, de la ‘Plataforma Mezquita-Catedral’ en defensa del patrimonio en Andalucía; José Castillo, catedrático de Historia del Arte; Belén Boloqui, de ‘APUDEPA-Aragón’, además de la diputada en el mismo grupo Júlia Boada.
