El Grupo Plurinacional Sumar organiza el próximo lunes en el Congreso, impulsada desde la componente de Izquierda Unida, la jornada ‘Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado’, a la que se ha invitado a personas expertas en este proceso de apropiación de inmuebles y fincas de forma irregular por parte de la jerarquía de la Iglesia católica, además de algunas de las principales asociaciones que trabajan en distintos territorios para revertir esta situación.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del grupo de Sumar, Enrique Santiago, es el encargado de abrir la sesión de trabajo, junto a José María Rosell Tous, presidente de Recuperando. La clausura correrá a cargo del portavoz del grupo, Íñigo Errejón, además de una persona en representación del Ministerio de Cultura.
La actividad del encuentro se ha dividido en dos mesas de trabajo. La primera se denomina ‘Revertir las inmatriculaciones de la Iglesia: una herida abierta en nuestra democracia’ y será moderada por Asunción Villaverde, perteneciente a Europa Laica. Contará con las intervenciones de Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil; Cristina Contreras, abogada y portavoz de la plataforma Recuperando de Navarra, junto al también diputado de IU en el grupo de Sumar, Nahuel González.
La segunda mesa de trabajo lleva por título ‘Protección y gestión democrática del patrimonio cultural: una exigencia ineludible’. Intervendrán Miguel Santiago, de la Plataforma Mezquita-Catedral en defensa del patrimonio en Andalucía; José Castillo, catedrático de Historia del Arte; Belén Boloqui, de APUDEPA-Aragón, además de la diputada en el mismo grupo Júlia Boada.
Estas jornadas se encuadran dentro de las actuaciones parlamentarias que desarrolla Izquierda Unida en el Congreso sobre esta importante cuestión. Dentro del Grupo Plurinacional Sumar, sus diputados Enrique Santiago y Toni Valero, también coordinador general de IU Andalucía, registraron hace unos meses una completa iniciativa para aclarar las irregularidades cometidas en el proceso de las miles de inmatriculaciones de bienes realizadas por la Iglesia católica.
Firmaron un texto donde, entre otras cuestiones, reclaman a los responsables del Gobierno que especifiquen que dada la “inconstitucionalidad del procedimiento de inmatriculaciones al amparo de la Ley Hipotecaria, ¿cuándo piensa declarar nulas de pleno derecho estas inmatriculaciones”.
Santiago y Valero, diputados andaluces por Córdoba y Málaga, respectivamente, dedicaban un apartado especial a todo lo concerniente a la Mezquita-Catedral de Córdoba, sobre la que plantean el interrogante de cuándo se va a “restituir la legalidad conculcada, devolviéndola a dominio público” y “qué previsiones tiene el Gobierno para aprobar la modificación de la Ley de Patrimonio, que incluye especial protección y gestión a la categoría de Bien de Interés Cultural Mundial”, como ocurre en este caso.
La sombra que rodea a esta oscura trama de inmatriculaciones de bienes se debe en buena medida a las modificaciones legales que impuso el Partido Popular en 1998, durante la etapa de Gobierno de José María Aznar. Entonces se amplió la potestad legal que ya arrastraba la Iglesia católica, a la que se dio vía libre, además, para registrar a su nombre templos de culto, lo que conllevó un incremento sustancial de inmatriculaciones a través de diversas entidades jurídicas asociadas.
Fueron inmatriculados así miles de bienes al amparo del artículo 205 de la Ley Hipotecaria. Esta previsión de autocertificación, sin presentar título de propiedad, se anuló con la entrada en vigor de la ley del 2015 que reconoce la inconstitucionalidad de la norma anterior. Desde entonces se exige a la Iglesia la misma carga documental ante el Registro de Propiedad que a cualquier otra entidad física o jurídica.
La iniciativa que impulsa IU dentro del Grupo Plurinacional Sumar tiene muy en cuenta la exigencia ciudadana del derecho al conocimiento del estado de las inmatriculaciones, como demandan colectivos ciudadanos como Recuperando o, en el caso cordobés, la Plataforma Mezquita-Catedral.
En este sentido, el anterior Gobierno de coalición publicó en febrero de 2021 un informe sobre los bienes inmatriculados de 1998-2015, pero que obvió el periodo desde la entrada en vigor de ley franquista de 1946 hasta 1998. Según este informe, se efectuaron un total de 34.961 inmatriculaciones en nombre de la Iglesia católica desde 1998 hasta 2015.
En enero de 2022, el Gobierno y la Conferencia Episcopal dieron a conocer en un comunicado que la Iglesia reconocía el carácter irregular de las inmatriculaciones solo en 1.027 casos, con disposición a devolver exclusivamente estos bienes. En septiembre de ese mismo año, la Comisión Constitucional aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno a ‘seguir clarificando la situación jurídica de los bienes inmatriculados en posesión de la Iglesia, con el objetivo de remover los obstáculos existentes para su recuperación por sus legítimos propietarios’.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una sentencia de diciembre de 2016, declaró ‘arbitrario’ el procedimiento de la inmatriculación de una iglesia cisterciense por el Obispado de Palencia al otorgar privilegios a la Iglesia católica. El fallo establece jurisprudencia sobre las inmatriculaciones en general, ya que el procedimiento al amparo del artículo 205 de la Ley Hipotecaria constituye una flagrante violación de los derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos Humanos. Dicha sentencia condena al Estado español a una elevada indemnización, al considerarlo el responsable de la inmatriculación contraria al derecho europeo, al otorgar la autoridad fedataria indebidamente a la Iglesia católica.
En lo que atañe a la Mezquita-Catedral de Córdoba, considerada Patrimonio de la Humanidad desde 1984, la Iglesia decidió apropiarse en exclusiva este monumento de singular valor en 2006, a través de la inscripción realizada por el obispo cordobés Juan José Asenjo a nombre de la Diócesis de Córdoba.
En marzo del 2016, un informe del secretario del Ayuntamiento de Córdoba concluyó que ‘nadie puede adquirir su propiedad ni registrar su titularidad’ al ser un monumento fuera del alcance del comercio humano.
En septiembre de 2018, este mismo ayuntamiento hizo público un informe encargado por la institución a una comisión de expertos bajo el liderazgo de Federico Mayor Zaragoza. El trabajo constata de manera contundente que la Mezquita-Catedral nunca fue propiedad de la Iglesia e insta al Gobierno a actuar en consecuencia.
