El Grupo Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso una iniciativa en la que insta al Gobierno a que declare “Lugar de Memoria Democrática” el edificio que durante el franquismo ocupó la temible Dirección General de Seguridad (DGS) -actual sede de la Presidencia del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid- situado en la madrileña Puerta del Sol.
El mismo texto, formalizado con el formato de proposición no de ley y que firman los portavoces del grupo parlamentario Íñigo Errejón y Enrique Santiago, además del también diputado de Izquierda Unida, como Santiago, y portavoz en temas de Memoria, Nahuel González, plantea en concreto “colocar una placa en un lugar visible para toda la ciudadanía, en la que aparezcan los nombres de las víctimas y las organizaciones de procedencia, en memoria de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia”.
Las distintas propuestas incluidas en esta proposición están redactadas y se plantean en base a la Ley 20/2020, de 19 de octubre, de Memoria democrática, una norma para cuyo incumplimiento sistemático no solo han cerrado filas los socios de la derecha y la ultraderecha de PP y Vox, sino que allí donde gobiernan han sumado también fuerzas para echar abajo normas autonómicas anteriores sobre esta misma cuestión.
“Con todo ello, los partidos de Núñez Feijóo y de Abascal demuestran con su cruzada por recortar derechos y libertades su innegable desprecio por las víctimas de la dictadura franquista y de sus familias, en un contexto de actuaciones políticas reaccionarias que nos retrotraen a épocas que creíamos definitivamente superadas”, coinciden en valorar hoy Enrique Santiago y Nahuel González.
La proposición no de ley, que deberá ser debatida próximamente en la Comisión Constitucional, incluye también la idea de “habilitar” en el citado edificio público de la Puerta del Sol uno de los antiguos espacios que se utilizaron como calabozos durante la dictadura con “los correspondientes elementos informativos y pedagógicos, para que sea accesible a toda la ciudadanía y que promueva el derecho a la verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición de las víctimas del franquismo”.
La antigua Real Casa de Correos, ahora sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, estuvo ocupada durante los años de la dictadura franquista por la DGS y las terribles dependencias que utilizaban los miembros de la Brigada Político Social. “Sus instalaciones se convirtieron un centro de detención y torturas por el que pasaron miles de personas por motivos políticos y sociales, por luchar por las libertades y la democracia, por sus convicciones religiosas, su orientación sexual o por su mera discrepancia con el régimen”, expone la iniciativa que ha registrado Sumar.
La exposición del texto recuerda también que la DGS que funcionó “como centro de torturas durante la dictadura, también lo hizo durante la transición, cuando la “Brigada Política Social pasó a llamarse Brigada General de Información, un cambio de nombre, pero las mismas torturas policiales”.
La iniciativa impulsada por Errejón, Santiago y González incide de manera especial en el destacado trabajo que realizan desde hace décadas las “asociaciones y colectivos de recuperación de la Memoria Democrática”. Entre sus reivindicaciones está la colocación de esa placa en el exterior de la que fuera sede policial que ahora se vuelve a respaldar desde Sumar.
Este grupo parlamentario constata y lamenta que “hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna actuación en memoria de todas las personas detenidas, torturadas y asesinadas durante la dictadura franquista en la Real Casa de Correos”.
“Una acción -valora el texto- que daría un paso más en la reparación de las víctimas y, en parte, nos homologaría con otras capitales europeas que han sido escenario de la barbarie del nazismo y del fascismo, donde hay placas o museos que recuerdan a las personas que lucharon por su liberación”.
En memoria de Julián Grimau
La iniciativa que ha registrado el grupo parlamentario de Sumar completa su parte propositiva planteando “promover un acto de rehabilitación democrática de la figura de Julián Grimau, que permita el recuerdo más de 60 años después de su ejecución (el mes próximo se cumplirá el 61 aniversario del asesinato del que fuera dirigente del PCE)”.
Para ello, se plantea la colocación de “una placa en memoria de Grimau en el actual edificio del Senado, en la Calle del Reloj, donde estaba ubicado el Tribunal Militar en el que se juzgó de forma sumaria y se dictó la sentencia de pena de muerte” contra él.
El texto resume de manera concisa el caso del dirigente comunista “detenido, torturado, procesado por delitos nunca probados y ejecutado por el régimen franquista. Fue brutalmente golpeado en la DGS, arrojado desde una ventana al patio interior del edificio, simulando un intento de suicidio o de huida. Su único delito, como él mismo reconoció durante el procesamiento, fue el de ser comunista y luchar por la libertad y la democracia”.
Se señalan también las circunstancias en las que se desarrolló el procesamiento de Julián Grimau ante un Tribunal Militar, en el que ejerció de fiscal “un habitual de los juicios políticos, Manuel Fernández Martín, que en realidad nunca había estudiado Derecho”. El juicio sumarísimo se celebró en los Juzgados Militares de Madrid el 18 de abril de 1963, por ‘rebelión militar continuada’, donde se aplicaba la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938. La defensa consideró el juicio “nulo de pleno derecho, de acuerdo incluso con las leyes políticas de la época”.
Entre otros hechos, “el juicio estuvo plagado de irregularidades incluso con las leyes franquistas de la época”: el delito de rebelión “había prescrito tras los 25 años transcurridos desde la guerra. Y el delito continuado era improbable dado que Grimau había pasado más de 20 años fuera de España tras el fin de la guerra y no existían indicios de su presencia clandestina en el país durante ese tiempo. El fiscal cortó en numerosas ocasiones las declaraciones del acusado y del propio abogado defensor, cuyo alegato no fue tenido en cuenta”.
“Tras apenas cinco horas de juicio, sin deliberación, se dictó la condena a muerte, tal y como estaba previsto”, todo ello en un caso en el que a Julián Grimau “le habría correspondido ser juzgado por el Tribunal de Orden Público (…) y no por la jurisdicción militar”.
“Hacia las 5 de la madrugada del 20 de abril, Julián Grimau fue trasladado en una furgoneta al campo de tiro del cuartel de Campamento (Madrid), donde debía ejecutarse el fusilamiento. En principio, correspondía a la Guardia Civil formar el pelotón, pero sus mandos se negaron a hacerlo. El Capitán General de Madrid rehusó también que el pelotón fuera integrado por militares de carrera, que era la segunda opción. Finalmente, fueron soldados de reemplazo quienes ejecutaron a Grimau”, añade el texto registrado en el Congreso.
