El Grupo Plurinacional de Sumar ha registrado hoy en el Congreso la Proposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción para, entre otras cuestiones y en palabras de Enrique Santiago, acabar “en estos días de debate tan encarnecido y encendido con que aquí nadie proponga nada, ningún tipo de medidas, simplemente el ‘y tú más’”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida ha señalado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Cámara Baja, junto a los/as diputados/as del mismo grupo Íñigo Errejón y Verónica M. Barbero, que “gobierne quien gobierne en este país, durante mucho tiempo ha habido una absoluta dejación sobre este problema, que tiene mucho que ver con esa filosofía de la ‘ley de la selva’ y de la ausencia de regulación que tanto defienden los neoliberales”, lo que se ha traducido en que “haya más agujeros para que los desalmados metan mano en lo público”.
Santiago recordó a los medios que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, “anunció una serie de medidas contra la corrupción; esta es la primera” y “en breve presentaremos otras iniciativas legislativas, ya que son más de 40 las medidas que tenemos previstas, además de ésta”.
Destacó que “tenemos obligaciones, incluso obligaciones legales pendientes, por ejemplo la aprobación de la ley de protección de denunciantes de corrupción o la obligación de poner en marcha la autoridad independiente de denunciantes de corrupción”.
Enrique Santiago detalló que “aquí no se trata de investigar, aquí se trata de evitar”, por eso esta proposición de ley “trabaja ‘ex ante’, no ‘ex post’, no cuando ya se haya cometido el problema” y la pregunta es “¿por qué no lo había hecho antes España cuando son recomendaciones del GRECO o un mandato de la Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción o del Convenio Penal del Consejo de Europa”.
Recordó que hasta ahora ha habido “leyes insuficientes” debido a que “su marco competencial no les permite abordar cuestiones de transparencia más allá de las competencias que tienen”, como algunas puestas marcha en comunidades como la Comunidad valenciana, Cataluña, Islas Baleares, Aragón, Navarra o Andalucía, y también en ayuntamientos como el de Barcelona.
El portavoz parlamentario de IU entró en el análisis del contenido de la norma y explicó que, en primer lugar, “regula, como no puede ser de otra forma, el objeto de esa prevención: una legislación de cumplimiento. Lo que se va a exigir desde el momento en que se apruebe es que haya prevención para que se detecte cualquier riesgo de corrupción” y “va a afectar a personas jurídicas, personas físicas e instituciones públicas que manejen dinero público”.
En este sentido, todo aquel que maneje dinero público, ya sea en la gestión directa o dinero puesto a disposición de terceros para otros fines mediante subvenciones, ayudas o cualquier tipo de transferencias “tendrá la obligación, en primer lugar, de tener mecanismos de transparencia”. Además, “tendrá que haber un plan de prevención de cualquier uso indebido y unos responsables en cualquier entidad pública o privada que maneje esos recursos de garantizar que esos planes se cumplen. Y, por supuesto, habrá luego un mecanismo de rendición de cuentas, lo que los anglosajones desde hace muchos años llaman la ‘accountability’”.
Las recomendaciones o la rendición de cuentas que se hagan “quedarán registradas en depósitos”, es decir, “igual que un registro mercantil, igual que un registro civil, todos los organismos públicos y privados que manejen dinero público tendrán que tener depositadas cada dos años sus memorias de prevención en ese registro”, apuntó Santiago.
“Esta obligación -dijo- va alcanzar a todas las administraciones públicas, porque en este país, no se sabe muy bien por qué, hasta ahora las administraciones con abultados presupuestos resulta que estaban exentas de este tipo de controles. Hablo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
El portavoz adjunto del grupo de Sumar destacó la notable participación que tendrá la “sociedad civil”, con “capacidad de colaborar con esta Oficina de prevención de la corrupción en materia de transparencia y un papel tanto en el funcionamiento de la oficina como en la interlocución que haya”.
Capacidad de investigación y sancionadora
La oficina también dispondrá de “capacidad de investigación del manejo indebido de los recursos públicos”, para ello podrá “evaluar el funcionamiento de esos planes que se tienen que establecer y tendrá mecanismos de protección de las personas denunciantes de corrupción o del personal a su servicio, para evitar que puedan sufrir cualquier tipo de presión o actuación indebida”.
De igual forma, la ley prevé “expresamente” la obligación del Estado de dotarla de los recursos para que funcione; una “dotación de recursos económicos, administrativos y de personal y, además -recalcó Santiago-, algo que nos parece muy importante como es la colaboración entre instituciones constitucionales y esta oficina”.
Esto tendría traslación a la “colaboración con el Congreso de los Diputados, con sus comisiones de investigación”, unas comisiones “por decirlo suavemente, con un muy laxo mecanismo legal de funcionamiento”.
Los mecanismos de colaboración se extenderían a “organismos fundamentales a los que no pretende sustituir, pero sí apoyar, como el Tribunal de Cuentas del Estado o el Defensor del Pueblo”.
La Oficina de prevención de la corrupción va a tener también “capacidad de imponer sanciones”. Aquí Santiago aclaró que “ojalá no haya que imponer sanciones, porque eso significará que la prevención se viene cumpliendo, que los planes se vienen elaborando, que los funcionarios públicos y personas privadas que manejan estos recursos públicos lo hacen de la forma más debida”.
Lamentó que “si bien nuestro país tiene un serio problema en materia de corrupción -en términos generales se calcula que más de 100.000 millones de euros ha costado la corrupción desde que hay mínimos estudios-, también es cierto que nuestro sistema de administración pública, con un acceso a la carrera funcionarial con concursos de mérito y de capacidad, hace que a pesar de ese contexto la corrupción en la administración pública sea muy limitada”.
“Nuestro problema no es la corrupción en la administración, más bien es un problema derivado de personas que de forma excepcional tienen capacidad de influenciar en la administración pública”, valoró.
Enrique Santiago tiró de “estadísticas” para señalar que “son más de 600 dirigentes del Partido Popular los que han estado sometidos a procedimientos judiciales por corrupción”, mientras que “el número de funcionarios en esos procedimientos es absolutamente escaso”.
Para acabar, el dirigente federal de IU destacó como “mecanismo sumamente importante” que “a igual infracción, distinta sanción en función de que el infractor sea persona física o persona jurídica”.
A su juicio, “hay que acabar con estos espectáculos de personas jurídicas constituidas ex profeso para cometer crímenes, como estamos viendo estos días con estas empresas de comisionistas famosos, que facturan millones de euros y no tienen personal, tienen un ordenador y muchos coches de lujo que todo el mundo sabe”.
Para ello, habrá un sistema de graduación de las sanciones de ‘leves’ a ‘graves’ y ‘muy graves’. “Por simplificar, en las ‘leves’ habrá amonestación o 500 euros; la más ‘grave’, un millón de euros. En función de eso y con la debida gradación en cada caso y los recursos correspondientes se pueda realizar eficazmente esa tarea de prevención”, comentó.
Enrique Santiago concluyó su exposición señalando que entre las normas sobre las que se abordará modificaciones están la “Ley de Procedimiento Administrativo, la de Contratos del Sector Público, la Ley de Protección de Denunciantes de Corrupción”.
