Izquierda Unida ha celebrado durante todo este fin de semana en Oviedo con un gran éxito de participación y en la profundización de los debates la edición de este año de su ‘Conferencia Interparlamentaria’. En ella han intervenido representantes públicos y dirigentes de esta formación en instituciones locales, autonómicas, estatales y europeas para, principalmente, poner en común propuestas que en sus respectivos ámbitos de trabajo reciben y debaten con múltiples representantes de la sociedad civil sobre los principales asuntos políticos, sociales y económicos que afectan a la vida cotidiana de la gente.
Como resultado de este trabajo final desarrollado entre ayer y hoy, la ‘Conferencia Interparlamentaria’ de IU ha aprobado la siguiente Declaración Política:
Declaración Política de la ‘Conferencia Interparlamentaria’
de Izquierda Unida
Oviedo, 2 y 3 de marzo de 2024
El desarrollo del trabajo institucional, las prioridades que marca y su grado de conexión con las demandas ciudadanas definen una parte de la valoración pública y de la percepción a pie de calle de la utilidad de las propias instituciones. También define a las organizaciones políticas, su porosidad a las pulsiones sociales y su capacidad de tomar decisiones o influirlas para que propicien cambios a corto, medio o largo plazo.
Izquierda Unida es una organización consciente de la importancia de mantener, de forma sostenida y estable, una relación estrecha con la sociedad y las entidades de todo tipo que la vertebran: vecinales, académicas, ecologistas, sindicales, feministas, empresariales, educativas, culturales, deportivas… Conocer y formar parte de la malla que vertebra la sociedad es garantía de tener una interlocución fluida con ella y un conocimiento preciso de sus aspiraciones. No se puede transformar una sociedad que se desconoce. Por eso somos un espacio político que mantiene activadas las terminales que conectan nuestro trabajo con las personas a las que va destinado o de las que ha partido, y, por eso también, estamos interconectados en todos los niveles institucionales y organizativos.
Cada decisión pública en torno a una política concreta, cada inversión, cada proyecto, impacta en las condiciones de vida o de trabajo de la ciudadanía. La maraña competencial de las distintas administraciones no exime al conjunto de los y las representantes públicos, y especialmente a las organizaciones de las que formamos parte, del escrutinio ciudadano, más severo cuanto menos partícipe se sienten de las decisiones que se adoptan o de los posicionamientos públicos que se lanzan en cada asunto.
La mayoría social necesita estabilidad y certezas, una agenda clara de avances que mejore sus condiciones de vida y de trabajo al tiempo que se recuperen, consoliden y amplíen derechos. Desplegar políticas a la altura de los desafíos actuales no es fácil. Sea desde la oposición o desde el gobierno, nuestra presencia en las instituciones debe contribuir a fortalecer el vínculo con la sociedad. Por eso, más allá de las coyunturas que vaya marcando la actualidad y sus repercusiones en el debate político, nuestro trabajo cotidiano en las instituciones debe ser claramente identificable en algunos de los ejes que la ciudadanía aprecia con claridad como parte de nuestra propia esencia, así como canal preferente en sus reivindicaciones concretas.
El debate territorial
La reedición del Gobierno de coalición está resultando de digestión muy pesada para la derecha, toda vez que daba por segura la victoria el pasado 23J. Las proclamas en favor de una supuesta igualdad amenazada y sus vaticinios sobre la enésima inminente ruptura del país se centran en los territorios; y el recurso permanente al agravio cala.
Por eso es tan importante poner en el centro de la agenda política la igualdad entre las personas. La pobreza, la exclusión, la precariedad, la falta de oportunidades o el acceso deficiente a servicios básicos castiga a amplias capas de la población en todas las comunidades autónomas. Es precisamente el sistema voraz en el que vivimos el que perpetúa la desigualdad social y blinda los privilegios de unos pocos. Pero es evidente que a la derecha le resulta rentable esa situación cronificada, así como denunciar una desigualdad difusa en la que, en función de la comunidad, siempre hay otra u otras beneficiadas con recursos de aquella.
Esa demagogia no puede ocultar la realidad de la infrafinanciación del grueso de las comunidades autónomas y los problemas del sistema actual de financiación. En esta legislatura debería modificarse el modelo para proveer a todas las CC.AA. y ayuntamientos de los recursos adecuados con los que afrontar el desarrollo de sus competencias y, por tanto, el acceso a unos servicios públicos de calidad. El PP carece de una propuesta que se acomode a las expectativas de comunidades tan dispares y, además, está interesado en que este asunto no se resuelva para seguir con su ‘argumentario del agravio’.
Izquierda Unida quiere aportar sensatez a ese debate con una propuesta propia, que reitere la relevancia de mejorar la calidad de vida de la gente mediante la garantía de una financiación estable de los servicios públicos con independencia de su lugar de residencia. También de una buena financiación de los ayuntamientos, como pieza clave para la atención directa a la ciudadanía, ya que representan el gancho institucional más débil de la cadena.
La justicia social
Responder al reto de una financiación justa y equitativa en clave ciudadana, y no tanto territorial, conlleva la confección de un modelo que penalice el ‘dumping’ fiscal. Si algunas CC.AA. mantienen o agudizan los privilegios de las minorías y siguen con las bajadas de impuestos en los tramos de su competencia, el sostenimiento solidario de los servicios públicos se desvirtúa y quiebra la progresividad marcada constitucionalmente. Carece de sentido esa pugna que solo beneficia a una minoría y provoca una posición doblemente injusta: penaliza a la mayoría de cada comunidad, que ve mermados los recursos que precisa, a la par que obliga al conjunto de la mayoría trabajadora del país a contribuir desde el Estado a ‘rellenar’ los boquetes abiertos en las arcas autonómicas por los regalos fiscales a las élites económicas.
Junto a la irrenunciable progresividad y la atención a las diferentes condiciones de partida de las personas, la lucha contra la pobreza y la exclusión requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo y la adopción de medidas audaces que lleguen de manera efectiva a quien las necesitan. Fortalecer la universalidad y calidad de la Educación o la Sanidad públicas, blindar la función social de la vivienda o el disfrute efectivo de los servicios sociales es la más efectiva lucha contra la desigualdad, y el mejor cortafuegos al discurso de la derecha y su rédito partidista.
La emergencia climática
La sequía ha puesto en el centro del debate público la insostenibilidad de un modelo productivo planificado y puesto en marcha sin atender a los recursos efectivamente disponibles y a su carácter finito. Como señalan las voces autorizadas, el problema no es la sequía, hacia la que nuestros ecosistemas presentan una resiliencia considerable, sino la escasez de agua que provocan usos productivos incompatibles con ellos.
El cambio climático y sus consecuencias ya palpables urgen modificaciones profundas en la utilización del suelo y del agua, en la movilidad de personas y mercancías, en el sector primario, el turismo o la industria. En definitiva, una verdadera estrategia que involucre a todos los niveles administrativos, que comprometa la viabilidad de todos los proyectos a su armonización con el resto de actividades productivas en el entorno sobre el que impactan, y una planificación económica y urbanística que reoriente las decisiones públicas a la erradicación de los procesos especulativos y a la oferta real de los recursos naturales disponibles.
Modernización y calidad democrática. Derechos y republicanismo
Los avances materiales son imprescindibles, pero insuficientes por sí solos para garantizar una igualdad efectiva y plena. El feminismo es un canal transversal y facilitador de los cambios que aspiramos a propiciar para modernizar las estructuras sociopolíticas, económicas y las relaciones de poder imperantes. La agenda feminista permite avanzar líneas de trabajo concretas, de gobierno y de oposición, con una mirada transversal irrenunciable; profundamente integradora, empática con la diversidad e impugnatoria del orden establecido.
Nuestra actividad institucional tiene como eje básico conseguir que todas las personas puedan tener acceso pleno al disfrute de los Derechos Humanos.
Nuestro trabajo percute en un horizonte republicano y laico para orientar el debate público hacia la distribución territorial del poder, su renovación y la distribución de sus recursos con criterios que se asemejen a la realidad de la sociedad sobre la que descansa, a sus necesidades actuales y a sus aspiraciones futuras.
Frente al carácter cada vez más involucionista de una derecha trasnochada y agresiva, y su apropiación de símbolos e hitos comunes, nuestra labor es la recuperación del papel protagonista de la mayoría social en los cambios emblemáticos que forman parte de nuestra memoria democrática colectiva.
En consecuencia, la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida reafirma el compromiso de defender en las instituciones donde participamos un modelo de sociedad igualitario, justo, socialmente avanzado, que acabe con la situación de emergencia medioambiental y entierre definitivamente el patriarcado.
Es esencial garantizar que las mujeres tengan una representación justa en todos los niveles de nuestra organización, desde las instancias locales hasta la federal. A pesar de notar un incremento en la participación de las mujeres, es crucial reconocer que la desigualdad aún subsiste, sobre todo en los puestos de mayor responsabilidad. Para abordar esta situación, resulta fundamental impulsar medidas concretas y efectivas para construir una organización verdaderamente feminista.
Asumimos así la responsabilidad de ser instrumentos para que espacios sociales colaborativos, internacionalistas, solidarios y cooperativos puedan trasladar directamente a las instituciones sus luchas y reivindicaciones en defensa de los intereses de la clase obrera y las capas populares desde la práctica de una democracia participativa.
