El portavoz en temas de Interior del Grupo Plurinacional Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha sacado esta tarde adelante en el Congreso la proposición de ley de este grupo para que se modifique la ley franquista de 1964 sobre condecoraciones policiales, cuando estos premios se conceden “como retribuciones a servicios prestados fuera de la ley” o se hace “un mal uso de esta práctica”.
Santiago ha recordado durante su defensa de la iniciativa en la Comisión de Interior que “desde múltiples instancias se ha pedido la revisión y retirada de condecoraciones, y se ha puesto de manifiesto el mal uso que se ha hecho de éstas en múltiples ocasiones. En especial, son los colectivos sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que han denunciado en numerosas ocasiones su utilización espuria y lo han considerado polémico, visto que se han entregado en forma de recompensa”.
El portavoz de Interior del grupo de Sumar lamentó que en el ordenamiento jurídico español “pervivan normas aprobadas durante la dictadura con una importante carga política e ideológica, arrastrando todavía sombras del régimen dictatorial”.
Explicó que con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, desde Interior “se ordenó retirar las condecoraciones afectadas por la misma”, De esta forma, tanto en la Policía Nacional como la Guardia Civil se iniciaron procedimientos de oficio para esta retirada, pero también para “revisar condecoraciones y recompensas policiales que hubieran podido recibir en el pasado agentes que hubieran formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista o que hubieran realizados actos incompatibles con los valores democráticos”.
Las previsiones de la Ley de Memoria Democrática afectaría a las otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor, pero Santiago ha recalcado que “no obstante, se hace precisa una reforma en profundidad de la ley de condecoraciones, tanto para la concesión de las posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Memoria, como para las posibles revocaciones que se tuvieran que producir sobre las otorgadas tras esa misma ley”.
“Al no estar previsto en la norma un procedimiento de revocación de condecoraciones -detalló- se precisaría una reforma legislativa, al margen de la vía judicial, para actualizar este sistema y evitar que se produzcan situaciones de abuso como las descritas”.
Enrique Santiago fue más allá y explicó con dos simples ejemplos que afectan al partido de Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular, la vinculación directa con la corrupción de esta práctica irregular de conceder medallas a manos llenas. Así, el uso interesado de las condecoraciones “ha sido también demostrado en la comisión de investigación de la ‘trama Kitchen’. Catorce de los agentes involucrados en esta operación obtuvieron concesiones durante la misma y solo uno pudo acreditar que su recompensa fue otorgada conforme a la ley”, comentó.
Además, “las condecoraciones se utilizaron como retribuciones a estos servicios prestados fuera de la ley e incluso hubo agentes que fueron trasladados por el ministerio del Partido Popular a destinos en el exterior mejor pagados”.
El diputado de Izquierda Unida por Córdoba en el grupo de Sumar destacó que “esta práctica de pagar servicios con medallas está tan arraigada en el Partido Popular” que hasta hoy mismo, 28F, Día de Andalucía, “hemos conocido que el presidente (Juan Manuel) Moreno Bonilla ha entregado la medalla de Andalucía al empresario José Luis Sánchez Domínguez, quien aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ por haber hecho entregas de ‘dinero negro’ al PP por más de 1,2 millones de euros”.
“Da vergüenza ajena que el partido financiado irregularmente por el ‘dinero negro’ de la empresa Sando S.A. de este señor tenga la desfachatez de otorgarle una condecoración para ‘pagar’ servicios prestados mediante prácticas de corrupción”, denunció.
Santiago explicó también cómo varias sentencias judiciales “han impuesto la retirada de medallas a agentes ya jubilados e incluso fallecidos, como (Juan Antonio González Pacheco) ‘Billy el niño’, que habían visto acrecentadas sus pensiones tras estas condecoraciones, y ello ha sido debido a que no cumplían con el trámite previsto en la normativa”.
También la Audiencia Nacional anuló en 2022 “recompensas a mandos policiales al entender que se incumplió el procedimiento porque los sindicatos no dispusieron de la oportunidad para alegar en esos procesos”.