El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en temas de Justicia, Enrique Santiago, ha logrado sacar adelante esta tarde en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una ambiciosa Proposición de Ley Orgánica para la protección de los Derechos Humanos y la jurisdicción universal en España. La norma inicia así su tramitación parlamentaria en un momento especialmente grave, con crímenes de Estado avanzando en todo el mundo, muy especialmente con un genocidio en marcha desde hace más de cuatro meses del régimen de Israel contra el pueblo palestino.
El propio Santiago se encargó de recordar que, tras el recorte a la ley original llevados a cabo por el PSOE en 2009 y, sobre todo, con el tijeretazo impuesto por el Gobierno del PP en 2014, quedaron “en la más estricta impunidad” los crímenes que ya cometía entonces el Ejército israelí, entre ellos el asesinato de 14 civiles, la mayoría niños y bebés, en Gaza en 2002, que la Audiencia Nacional comenzó a investigar seis años después y cuya instrucción tuvo que archivar rápidamente.
La toma en consideración de la proposición de ley orgánica que el grupo de Sumar registró el pasado mes de octubre, tras haberla impulsado y elaborado técnicamente Izquierda Unida, ha salido adelante esta tarde por 178 votos a favor y 168 en contra.
“Quizás, si la Audiencia Nacional hubiera podido continuar su investigación, si otros países, como Bélgica, no hubieran restringido sus leyes de jurisdicción universal en los mismos años, si la comunidad internacional hubiera dispuesto de más herramientas para impedir la impunidad de estos graves crímenes internacionales, quizás entonces el genocidio del pueblo palestino que hoy contemplan en directo todos los habitantes del planeta no estaría cometiéndose”, aseguró con vehemencia.
Para Santiago, “esta es la razón de ser de la jurisdicción universal: si las autoridades del país donde ocurrieron los hechos no pueden o no quieren proteger a los pueblos bajo su soberanía o su control, si no son capaces de perseguir a los victimarios, será la comunidad internacional la que, aplicando las reglas del Derecho internacional penal, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, haga lo posible para evitar que los crímenes más graves queden en impunidad”.
La obligación política y moral de acabar con la impunidad
“Mientras que los tribunales internacionales penales sigan teniendo limitados su acceso, su mandato y sus medios -advirtió rotundo-, mientras que la Corte Internacional de Justicia pueda emitir resoluciones pero no pueda hacer que se cumplan (como ha ocurrido solo hace unos días con el ataque indiscriminado de Israel a Gaza), es obligación de cualquier país civilizado, democrático y respetuoso con el Derecho contribuir desde sus tribunales con el ejercicio de la jurisdicción universal a proteger a los seres humanos, cuyos derechos fundamentales estén siendo vulnerados de forma grave e impune”.
A su juicio, “para todos nosotros, legisladores y legisladoras, es un inmenso honor y privilegio, a la vez que una obligación, hacer efectivo este mandato humanitario imperativo de protección”.
Lamentó que esta “restrictiva reforma” que impuso la derecha “puso fin a la ejemplar aplicación del Derecho internacional que los tribunales españoles habían realizado, consiguiendo el mayor reconocimiento y admiración que hayan tenido nunca”.
Pero no solo quedaban así impunes crímenes internacionales, sino otros mucho más cercanos. El PP seguía simplemente “la tendencia iniciada por el Tribunal Supremo cuando, en 2012, sepultó toda posibilidad de investigación, sanción y reparación de los crímenes franquistas”, y lo enterró todo “en una fosa más profunda que las que aún quedan a centenares en España, llenas de víctimas ejecutadas en la última dictadura”.
“El PP y Vox nunca han apoyado el derecho a la Verdad, a la Justicia y la Reparación de las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos, que permanecen en la impunidad dentro o fuera de nuestras fronteras”, aseguró Santiago.
Y puso el siguiente ejemplo a la bancada del PP del ausente en este debate Alberto Núñez Feijóo: “A la vista de la reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que han sacado adelante con la ultraderecha de Vox, tengo nulas esperanzas de que voten a favor la toma en consideración de esta proposición de ley. Sí espero que el resto de grupos parlamentarios, aunque solo sea por la dignidad de esas víctimas que han quedado desprotegidas por la derogación de la ley de Aragón, voten a favor”.
Apostilló que “para la derecha española siempre ha habido víctimas de primera y de segunda, por eso se niegan a reconocer derechos de las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos si no simpatizan políticamente con ellas”.
Alianza de la derecha del PP y la ultraderecha de Vox
Ahora, en “claro incumplimiento del mandato de protección de las víctimas acordado por Naciones Unidas”, con la citada derogación de la ley de victimas de Aragón, las formaciones de derecha y ultraderecha “han forjado una alianza para privar a las provocadas por la última dictadura de los limitados derechos que habíamos conseguido reconocerles”.
Santiago insistió en que lo acordado por la mayoría absoluta del PP en 2014 supuso ya “la completa eliminación de la jurisdicción universal en nuestras leyes” y ha denunciado que “la verdad es que ya entonces invadieron con esta reforma competencias exclusivas de los jueces, esas mismas competencias que tanto defienden cuando les interesa”.
Así, “ordenaron a los jueces cerrar todas las causas penales extraterritoriales que estaban abiertas en ese momento en la Audiencia Nacional”, lo que supuso “dejar en total desamparo a las víctimas de esas gravísimas violaciones de los Derechos Humanos, también a víctimas españolas”.
De esta manera, “aunque el Tribunal Supremo declaró que la reforma del Partido Popular era más que defectuosa técnicamente”, ha apuntado Santiago en su intervención, “el efecto mayoritario fue archivar la práctica totalidad de esos casos, entre ellos el asesinato del diplomático español Carmelo Soria por la dictadura de Pinochet, el crimen de guerra que supuso el asesinato del periodista José Couso en Iraq o el impune exterminio de más de 4.000 españoles en campos de exterminio nazis”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso apuntó que “siempre ha habido voces contra la jurisdicción universal” y eso pese a que “en un mundo globalizado de delitos transnacionales y contra la humanidad”, oponerse a esta jurisdicción simplemente significa “facilitar la impunidad a los grandes violadores de Derechos Humanos o a las organizaciones criminales transnacionales”.
Igual que les ocurre a PP y Vox, “los defensores de la impunidad siempre recurren a una supuesta defensa de la ‘soberanía nacional’, pero ninguna soberanía nacional permite dejar en impunidad crímenes de lesa humanidad, torturas, genocidios o desapariciones forzosas”.
Para Enrique Santiago, cualquier Estado “tiene la obligación de proteger a la población bajo su autoridad. La ‘soberanía nacional’ nunca puede ser una excusa para que las víctimas queden sin los derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación”.
Dado que la “amputación de la jurisdicción universal por el PP” significó un antes y un después para la tradición jurídica, el diputado del grupo de Sumar cerró su intervención pidiendo a los grupos del Congreso “que corrijamos este imperdonable error histórico y que devolvamos a la justicia española las herramientas necesarias para perseguir la impunidad de graves crímenes contra la humanidad. Ojalá que así nuestra justicia recupere un prestigio del que está muy necesitada”. Lo consiguió de todos ellos, salvo, una vez más, de la derecha del PP y la ultraderecha de Vox.
