Izquierda Unida no solo ha reiterado su exigencia a los máximos responsables del Gobierno sobre la “inmediata y completa cancelación” de la venta de cualquier tipo de material bélico al régimen de Israel, sino que insiste en reclamar que “se tomen otras medidas de ruptura de relaciones económicas que impidan que se mantengan relaciones de privilegio con los máximos responsables del genocidio al pueblo palestino al que asistimos en directo”.
A través de su responsable federal de Política Internacional, Jon Rodríguez Forrest, IU ha tachado de “inaceptables” los datos conocidos el pasado lunes a través de la prensa en relación a que el pasado noviembre una empresa de armamento de Palencia exportó munición a Israel por valor de 987.000 euros, según los datos oficiales del portal de comercio exterior Comex, recogidos en una investigación del Centro Delàs de Estudios por la Paz.
El material vendido entra en la categoría de ‘bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos’. Se trataría de munición letal cuya venta ha sido autorizada a pesar de que el Ejecutivo español anunció que suspendía las exportaciones de armamento a Israel tras las acciones decididas por su Gobierno contra la población civil palestina.
Rodríguez Forrest destaca que “para acabar con el genocidio del pueblo palestino debemos poner en marcha medidas contra sus responsables”, esto incluye “romper realmente los vínculos militares con Israel y que se cancelen todas las licencias aprobadas con anterioridad”.
Entre las rupturas estrictamente económicas que Izquierda Unida lleva meses planteando está la del “Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel”, a lo que debe ir unido un “apoyo explícito de España a la demanda presentada por Sudáfrica que se tramita ante la Corte Internacional de Justicia”.
El dirigente federal de IU recuerda que “la ciudadanía comparte mayoritariamente esta posición y se ha manifestado de forma masiva por la paz en Palestina y el fin de la agresión israelí”, de ahí que Izquierda Unida incida en que “estaremos en las próximas convocatorias de movilizaciones para seguir exigiendo en todos los espacios el fin del genocidio”.
En esta misma línea y a través Sumar, ya se han realizado las gestiones oportunas con los máximos responsables del Ministerio de Exteriores para exigir la cancelación de manera inmediata cualquier licencia de venta de armas a Israel que aún esté pendiente.
De igual forma, el Grupo Plurinacional Sumar llevó este tema al Congreso y registró inmediatamente después de conocerse la venta de material bélico una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno. En concreto, se reclama a los responsables competentes del Ejecutivo que detallen públicamente “cuál es la realidad del comercio de armas de España con Israel en el período comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y el día de hoy” y “cómo explica el Gobierno la distancia entre las declaraciones manifestadas por el ministro de Asuntos Exteriores y la realidad del mantenimiento del comercio de armas”.
También se interroga sobre si “se compromete el Gobierno de España a embargar el comercio de armas con Israel de acuerdo con las cláusulas de salvaguardia de los derechos humanos en dicho comercio de la Unión Europea y de España” y si está previsto “dar apoyo político a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas y responder jurídicamente al cuestionario enviado a los Estados miembros de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio”.
El grupo de Sumar se hace eco también de que tres activistas por la paz -Gabriela Serra, Martí Olivella y Llum Mascaray- iniciaron el pasado día 1 una huelga de hambre en protesta contra el ataque israelí sobre Gaza, lo que “ha propiciado que cientos de personas envíen una carta a José Manuel Albares sumándose a las demandas de las activistas”. Sobre esta iniciativa, se pregunta “cuándo y cómo” tiene previsto el ministro responder a las demandas hechas por las activistas en huelga de hambre y las organizaciones de paz que sustentan dichas demandas”.
