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Enrique Santiago traslada al embajador palestino en España “todo nuestro apoyo a la UNRWA” y la esperanza de que la justicia internacional “llegue a una sentencia por genocidio contra Israel”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar se reúne en el Congreso con Husni Abdel Wahed en el marco del trabajo del Intergrupo parlamentario de apoyo a Palestina, con quien se compromete a “seguir trabajando por el reconocimiento inmediato del Estado palestino” y a exigir la aplicación “con contundencia” al régimen israelí de las “mismas sanciones que la Unión Europea viene aplicando a otros”, porque para eso están “los tratados comerciales bilaterales que contemplan cláusulas de suspensión por vulneración de los Derechos Humanos y este es el momento”

“Israel no sólo está cometiendo un genocidio, sino crímenes de guerra de manera sistemática en Gaza y en Cisjordania, en lo que es una inmensa operación de limpieza étnica”. Esta es la rotunda valoración que Enrique Santiago le ha trasladado esta mañana como portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar al embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, en la reunión mantenida en dependencias del Congreso, en el marco del trabajo que realiza el Intergrupo parlamentario de apoyo a Palestina, en el que participan también otras formaciones.

Al mismo tiempo que se comprometió a “seguir trabajando por el reconocimiento inmediato del Estado palestino, por lo que vamos a seguir apoyando las movilizaciones”, Santiago trasladó al alto representante palestino “todo nuestro apoyo a la UNRWA”, mientras destacó que la campaña emprendida por el régimen israelí contra la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados Palestinos en Oriente Próximo “no tiene ninguna razón de ser”.

Incidió en la idea de que las sanciones adoptadas inmediatamente por cerca de una veintena de países cortando los fondos a esta instancia de la ONU “es como si se hubiera suspendido la colaboración con el Ejército de EE.UU por las torturas en Abu Ghraib (la prisión cercana a Bagdad en la que las tropas norteamericanas encerraron a centenares de iraquíes) o como si se suspendiera la cooperación policial con el Cuerpo Nacional de Policía español por los casos de corrupción del comisario Villarejo (ya condenado a prisión recurrida y con diversas causas por múltiples delitos aún pendientes)”

El diputado de Izquierda Unida recordó que “hasta ahora” la israelí es la única investigación abierta por la supuesta relación de una docena de trabajadores contratados por la UNRWA, de los cerca de 30.000 que operan en su nombre, destacó que “ya hemos pedido una investigación independiente” y constató que, al margen de estas últimas acusaciones, “lo que está claro es que desde hace décadas, no solo desde el inicio de la última campaña de genocidio en Gaza, Israel lleva adelante una campaña de desprestigio total contra la UNRWA, que es el sustento de más de 5 millones de personas palestinas refugiadas, de cuyo trabajo depende su vida, su educación, su sanidad”.

“No nos ha extrañado lo que hace Israel -reconoció a su interlocutor-, sí que haya países que den credibilidad a esta campaña de desprestigio”, lo que lleva al parlamentario a incidir en que además de esa “investigación para dilucidar en su caso la responsabilidad de las personas acusadas, esperamos igual que haya una investigación penal para dilucidar las responsabilidades de los altos mandos del Ejército y del Estado israelí en igualdad de condiciones. No nos cabría en la cabeza que se dé por un lado y no por el otro”.

Enrique Santiago había empezado sus explicaciones al embajador Husni Abdel Wahed trasladándole “la condena clara a la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel y una condena a su sistemático incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas”, algo “aún más indecente” teniendo en cuenta que Israel “es de los pocos países creados por resolución de la ONU, creo que solo junto a Sudán del Sur”.

Valoró como “muy importantes” las actuaciones ante la Corte Internacional de Justicia que lleva adelante Sudáfrica y detalló que, además de las medidas cautelares adoptadas recientemente, “nos habría gustado un pronunciamiento claro y expreso de alto el fuego, aunque nos parece muy importante que esta Corte haya declarado que el procedimiento por genocidio debe continuar adelante”, es decir, “que haya valorado que hay indicios más que suficientes para continuar ese procedimiento por genocidio y esperemos que hasta llegar a una sentencia que así lo establezca”.

Santiago valoró de forma positiva que el Gobierno “a propuesta de nuestro Ministerio de Derechos Sociales acabe de aprobar una aportación extraordinaria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para impulsar las actuaciones ante esa instancia”.

El portavoz adjunto completó las valoraciones de su grupo parlamentario exigiendo la aplicación “con contundencia” a Israel de las “mismas sanciones que la Unión Europea viene aplicando a otros. Ahí tenemos recientes las sanciones en el caso de Ucrania, por lo que no entendemos por qué tanta contundencia, y está muy bien, en algunos casos y tan escasa o ninguna a la hora de aplicar sanciones a Israel”.

En ese mismo marco económico, Enrique Santiago no olvidó que “los tratados comerciales bilaterales contemplan incluso cláusulas de suspensión por vulneración de los Derechos Humanos y nos parece que este es el momento”.

En esta línea, advirtió que “ahora que hay movilizaciones del campo por toda Europa y con tantas críticas de los sectores agrarios a los productos que vienen del sur, se obvia que también tenemos los mercados españoles inundados de productos que vienen de Israel, en muchos casos cultivados en territorios ocupados. Ojalá esas movilizaciones empiecen a incluir también ese factor que hasta ahora ha pasado muy desapercibido”.

Enrique Santiago concluyó con el compromiso explícito ante Husni Abdel Wahed de “seguir trabajando para mantener la suspensión de la compraventa de armas a Israel y creemos que hay que dar un paso más allá de esa suspensión, que España debe oficializar”.

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