El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha expresado esta tarde su “alegría” y la de su grupo tras conocer que el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo del ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la condena del Tribunal Supremo (TS) que sirvió para privarle del escaño la pasada legislatura, enmendando así al alto tribunal al considerar que le impuso un ‘desproporcionado sacrificio’ al tener que dejar de ser diputado.
Santiago subrayó en los pasillos del Senado, durante el Pleno del Congreso para reformar el artículo 49 de la Constitución, que “para nosotros es una alegría, pero no ha sido una sorpresa”, y razonó esta idea.
“En la anterior legislatura -recordó- nuestros servicios jurídicos y cualquier jurista solvente en la materia mantuvimos que no procedía en absoluto una condena de inhabilitación por un cargo público obtenido con posterioridad a los hechos que se juzgaban”.
A esto se le añadía que “no había una condena”, puesto que “la prisión fue sustituida por una multa, con lo cual legalmente no cabía la condena de inhabilitación, que es lo que acaba de declarar el Constitucional”.
Enrique Santiago extendió su crítica al Supremo por el fallo inicial que ahora echa por tierra del Constitucional a las decisiones tomadas de manera personal por la entonces presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet.
Recordó que “se podía perfectamente haber asumido esa condena de multa que pagó el señor Rodríguez sin necesidad de retirarle el escaño. Eso es lo que pedimos a los servicios jurídicos del Congreso y eso es lo que aceptaron, y emitieron en un dictamen” en ese sentido.
“Por eso -ha indicado Santiago- nuestra sorpresa fue cuando unas semanas después, contrariamente a lo establecido en ese dictamen de los servicios jurídicos, que decían que la sentencia estaba completamente ejecutada con el pago de la multa”, la presidenta Batet decidió privar del escaño a Alberto Rodríguez.
“En todo caso -mostró su confianza-, tendrá que ser el Supremo el que concretamente se pronuncie también ahora sobre la privación del escaño”, aunque ya será demasiado tarde para los derechos parlamentarios del ex diputado que se vulneraron de forma flagrante.
La sentencia del Constitucional confirma que el Tribunal Supremo no podía inhabilitar a Alberto Rodríguez y que el Congreso no tenía que haberle retirado el escaño.
Guerra jurídica y cobardía política dieron como resultado privar a los electores del representante elegido. pic.twitter.com/66SixtTO0j
— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) January 16, 2024