Poder garantizar el acceso a la protección internacional de las personas que piden asilo, facilitar ese procedimiento de solicitud reduciendo también los tiempos de espera y regular las solicitudes de asilo por vía diplomática. Estos son algunos de los principales objetivos que ha destacado esta mañana Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para presentar la recién registrada ‘Proposición de Ley sobre acceso al derecho de asilo y solicitudes de protección internacional en embajadas y consulados”.
Santiago había adelantado ya la preparación de esta iniciativa en mayo pasado, antes de que se disolvieran las Cámaras por la convocatoria anticipada de las elecciones del 23J. Desde entonces se han producido cambios importantes en la materia, en especial a nivel europeo. Por ello, durante su exposición tachó de “preocupante” el nuevo Pacto de Migración y Asilo acordado a nivel de la Unión Europea (UE), en especial por sus “zonas grises donde prima la inseguridad sobre las personas migrantes”.
De ahí que, entre las propuestas de la iniciativa registrada esta mañana se plantee garantizar la protección internacional “sin que sea requisito imprescindible hallarse en territorio español, como el caso de las personas interceptadas en aguas internacionales o espacios fronterizos”.
El parlamentario de IU por Córdoba ha destacado las coincidencias del grupo de Sumar con las críticas vertidas por las organizaciones de Derechos Humanos al acuerdo europeo, del que indicó que es “un mínimo”, por lo que cada Estado “puede establecer un marco más garantista”. Consideró que nos encontramos en un momento obligado para “abordar las dificultades de acceso tras ese pacto de migración y asilo” en la UE.
La proposición de ley va dirigida directamente a facilitar los procedimientos “reduciendo los tiempos de espera y ampliando las vías para obtener el reconocimiento de la protección internacional”. Persigue también “regular las solicitudes por vía diplomática, estableciendo un canal seguro para su tramitación y contando con la asistencia de las entidades de atención humanitaria, que podrán aportar su valoración de los riesgos de seguridad que sufren las y los solicitantes”.
Para Santiago, el texto que se ha encargado de coordinar e impulsar en el marco del Grupo Plurinacional plasma “la necesidad de garantizar el acceso a la protección internacional de las personas perseguidas cuando no han llegado a frontera, pero sí están bajo control en autoridades de nuestro país”. Entre los ejemplos están los “casos de interceptación en aguas internacionales o dispositivos europeos en terceros países”, con lo que se garantizaría también “el principio de no devolución de la Convención de Ginebra de 1951”.
La aprobación de la proposición modificaría la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, principalmente en sus artículos 16, 17 y 38, además de “cumplir con la obligación de transposición de la directiva 2013/32/UE”. Con ello se recuperaría “el tradicional procedimiento español de acceso al asilo por vía diplomática, con el objetivo de avanzar en seguridad jurídica y garantías para las personas afectadas”.
En concreto, la nueva redacción del artículo 16 especifica que el derecho a solicitar protección internacional incluye también las situaciones donde las personas se encuentran “bajo el control efectivo de las autoridades españolas”.
El artículo 17 es el que tiene que ver con la presentación de la solicitud de asilo, que se modifica para “reducir los tiempos de espera” y “ampliar las vías para obtener el reconocimiento de la protección internacional”.
Con los cambios en el artículo 38 se persigue la citada regulación de las solicitudes de asilo por vía diplomática “estableciendo un canal seguro para su tramitación y contando con la asistencia de las entidades de atención humanitaria”.
La propuesta legal recoge con claridad que cuando se exprese una voluntad de solicitar protección internacional ante la autoridad competente, el registro se realizará en el plazo máximo de los tres días hábiles siguientes a la solicitud, mientras que cuando se exprese ante autoridades que no sean competentes para registrarla, se hará en el plazo máximo de seis días hábiles.
La iniciativa expone que el consulado o la embajada española del país en el que se solicite dicha protección “deberá garantizar el acceso físico a las dependencias de la representación diplomática o habilitar un espacio seguro para realizar las gestiones”. También pide garantizar la asistencia letrada y de intérprete en la entrevista personal, “adoptando los medios telemáticos necesarios para su correcta prestación”.
Por otro lado, preguntado por el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, Enrique Santiago valoró que esta “preocupación” por la situación de las personas migrantes en España va a “ayudar” a que más partidos apoyen la reforma de la ley de asilo que planteó hoy.
“Nunca -apostilló- vamos a estar de acuerdo con ningún tipo de discurso xenófobo. Es la extrema derecha en este país quien ha hecho del discurso xenófobo su razón de ser, quien lo ha utilizado electoralmente de forma absolutamente temeraria generando conflictos donde no lo hay”.
Santiago destacó también que su grupo parlamentario trabajará “siempre” para que las personas migrantes que lleguen a España encuentren “las mismas” condiciones de acogida y de derechos que los españoles cuando van a otro país. “Esto es una cuestión de reciprocidad y de solidaridad internacional”, expuso.
Dado el desconocimiento general sobre el contenido concreto de ese acuerdo, el diputado de IU concluyó que “lo analizaremos, pero estoy convencido de que solamente puede ser un acuerdo sobre cuestiones que ya son competencia de las comunidades autónomas”.
