Izquierda Unida considera que los votos en contra de esta tarde a los tres decretos que aprobó el Gobierno de coalición el mes pasado, a pesar de los cuales se ha conseguido la convalidación de dos de ellos en el Pleno del Congreso -el conocido coloquialmente como ‘decreto ómnibus’ y el de medidas anticrisis- suponen una “irresponsabilidad con la gente trabajadora, a la que algunos han privado hoy en la práctica de poder tener unas mejores condiciones de vida”.
La dirección federal respeta que “todos y todas aspiremos a más, en Izquierda Unida también lo hacemos y trabajamos para ello desde hace mucho tiempo, pero en ningún caso eso justifica querer imponer un ‘todo o nada’ con fines partidistas».
El decreto que sí ha sido derogado contenía medidas urgentes que afectan a cerca de 730.000 personas con las que se mejoraba la conciliación de su vida familiar y se ponían en marcha importantes propuestas para mejorar el nivel asistencial de la prestación por desempleo. La extraña e interesada suma de votos de varias formaciones impide así en la práctica que se beneficien de esta prestación del Gobierno los «desempleados menores de 45 años sin cargas familiares, que se puedan incorporar eventuales agrarios y trabajadoras transfronterizas», así como que se «incremente la cuantía del subsidio de 480 a 570 euros, se elimine el mes de espera para hacerlo efectivo o disfrutar de la ampliación del permiso de lactancia».
«Como formación responsable que somos vamos a redoblar nuestros esfuerzos para sacar adelante cuanto antes estas medidas que son de vital importancia para mucha gente, aunque haya a quienes les importe más sus propios intereses», recalca IU.
Para esta formación, “la actual realidad aritmética del Congreso obliga a todas las formaciones a tener más diálogo y capacidad de negociación”, pero también queda claro que “la irresponsabilidad de la que hacen gala algunos no puede ocultar la falta de cintura de otros”.
No obstante, Izquierda Unida se felicita porque «pese a todas las dificultades, se ha conseguido mantener e incluso ampliar buena parte de las importantes medidas del escudo social que han impulsado las fuerzas del actual Gobierno de coalición y que el año pasado demostró ser esencial e imprescindible en los peores momentos de la crisis energética y de inflación». Entre ellas está poder mantener la prohibición de los desahucios, la reducción del IVA de alimentos esenciales, el notable abaratamiento o la gratuidad del transporte público, la subida de las pensiones, la racional distribución de fondos europeos o el mantenimiento del impuesto a grandes fortunas o a las multinacionales energéticas y bancos.
