Los ministerios de Defensa e Interior, junto al de Política Territorial y Memoria Democrática, están limitando de forma “incompresible” la información que facilitan a algunos diputados, que sólo buscan ejercer en las mejores condiciones su labor parlamentaria, sobre determinados temas específicos y de especial relevancia, entre ellos los vinculados a la actuación pública de grupos de ultraderecha y sobre cuestiones relativas a la Memoria Democrática.
Este hecho ha vuelto a ocurrir con las recientes respuestas facilitadas a sendas preguntas escritas que realizó el portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, junto a los diputados Nahuel González y Agustín Santos. Las iniciativas, registradas en noviembre y contestadas ahora, guardan relación con los continuos incidentes callejeros que protagonizan grupos de ultraderecha y de carácter conservador, en algunos casos de forma violenta, jaleados en ocasiones por dirigentes de formaciones políticas como el Partido Popular y Vox.
Una de las iniciativas registradas se centra en uno de los sucesos especialmente grave sucedido a las puertas de la sede estatal del PSOE en la calle Ferraz y buscaba conocer, entre otras cuestiones, cómo iba a actuar el Gobierno después de que efectivos de la Policía Nacional incautaron la pistola que portaba un alférez, alumno de la Academia General Militar de Zaragoza.
Para ello, Enrique Santiago y Agustín Santos plantearon cuestiones muy concretas al Ejecutivo, entre ellas si había “verificado si el alférez alumno se encontraba entre personas o acompañado de personas que participaban en la manifestación?” o si “piensa incoar procedimiento sancionador el Ejército de Tierra al militar que portaba el arma”.
Tanto Interior como Defensa, departamentos competentes en el caso, eluden pronunciarse y responder a los diputados, y se limitan a facilitar datos genéricos, con explicaciones más que conocidas ya a través de los medios de comunicación: ‘se informa de que el alférez alumno al que se refiere la iniciativa fue interceptado en uno de los filtros policiales, establecidos con la finalidad de evitar que las personas que accediesen a la zona donde se celebraba la concentración portasen algún objeto/instrumento que resultase peligroso para la integridad física de los allí concentrados y de los agentes policiales que se encontraban prestando servicio en el lugar’.
Santiago y Santos plantean también si “conoce el Gobierno los motivos por los que el alumno de la Academia General Militar portaba la pistola mientras se encontraba entre las personas que participaban en la manifestación contra de la sede del PSOE”, si “la pistola contaba con guía de pertenencia y estaba correctamente acreditada” y si “es habitual que miembros del Ejército de Tierra lleven armas de fuego sin estar de servicio o incumpliendo las normas reglamentarias relativas al armamento, material y equipo”.
A todo ello, Interior y de Defensa simplemente indican que ‘la pistola incautada contaba con guía de pertenencia y estaba correctamente acreditada’ y, en un alarde de displicencia en su respuesta, añaden ‘desconociéndose el motivo por el cual el alférez portaba en esos momentos su arma reglamentaria, sin que el mismo tampoco se pronunciase sobre dicha cuestión’.
La otra iniciativa respondida ahora exponía en relación a las acciones de la derecha y la ultraderecha jaleando, por ejemplo, concentraciones frente a las sedes del PSOE por todo el Estado que “es público y notorio el acompañamiento de signos, banderas, cánticos y alusiones a regímenes fascistas y genocidas ampliamente conocidos que incumplen lo dispuesto en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”, produciéndose en la mayoría de casos una “exaltación con total impunidad”.
Por ello, Enrique Santiago y Nahuel González preguntan “qué medidas están tomando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática” o “cuántas personas han sido identificadas y propuestas para sanción por la exaltación de signos contrarios” a esta ley, tanto en los actos frente a las sedes socialistas como desde su entrada en vigor hace ya más de un año.
Los diputados de Izquierda Unida plantean también si cuando el incumplimiento lo realiza “un cargo público o una formación política”, cuáles son las medidas que “piensa adoptar el Gobierno para que se cumpla” esta misma Ley de Memoria Democrática.
Por último, demandan datos muy concretos sobre “cuáles son los mecanismos previstos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hagan cumplir” lo dispuesto en la ley y “cuáles son las comunidades autónomas donde más se ha incumplido la Ley de Memoria Democrática y cuáles las que más sanciones o expedientes informativos han cumplimentado”.
Los ministerios con competencias en estos asuntos se quitan de en medio todas estas cuestiones en apenas tres párrafos. Primero, se limitan a indicar lo ya conocido por todos, que la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 ‘establece que las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley serán sancionadas conforme a lo previsto en el título V de la misma, sin perjuicio de otras responsabilidades que podrían concurrir`.
Respecto a las cifras de incumplimientos de la norma y expedientes sancionadores abiertos por comunidades autónomas, la respuesta hecha llegar a los diputados a finales de diciembre, con el nuevo Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya constituido, solo indica que ‘cabe señalar que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha tramitado un expediente administrativo sancionador por actos públicos contrarios a la memoria democrática en la Comunidad de Madrid’.
‘Todo ello -apunta el tercer y último párrafo- sin perjuicio de las actuaciones que puedan corresponder a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, muchas de ellas con leyes propias en la materia que contienen disposiciones sancionadoras’.
