El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, defiende en el Pleno del Congreso del próximo martes la toma en consideración de la ‘Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión’. Esta es la primera iniciativa de este calado que defiende el grupo de Sumar esta legislatura y, en palabras del propio Santiago, busca suprimir los conocidos aún como “delitos de opinión”, totalmente “desfasados y anacrónicos”, entre ellos las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales “inexistentes en la mayoría de legislaciones más avanzadas de los países europeos”.
El portavoz de Justicia del grupo Sumar destaca que la existencia aún de esta serie de figuras penales sitúa a nuestro país a nivel legal hoy en día como una “anomalía” dentro de la Unión Europea (UE), dada la falta de parangón de esta situación con los Estados de nuestro entorno comunitario.
Esta circunstancia ha llevado a que la máxima autoridad legal europea de defensa de los Derechos Humanos -el Tribunal de Estrasburgo- “haya sacado los colores” de forma reiterada a diferentes sentencias en España. Entre los últimos casos está la “vulneración de derechos y de la libertad de expresión” que Europa estima que han ejercido los tribunales españoles sobre el sindicalista Pablo Fragoso, en relación a unas movilizaciones laborales en el Arsenal de Ferrol que había tenido lugar en 2014. La justicia europea condenó al Estado español a indemnizarle.
La proposición de ley cuyo debate abrirá la sesión del Pleno del Congreso del martes retoma y actualiza el contenido del texto cuya tramitación no se llegó a completar la pasada legislatura debido al adelanto electoral. Para Enrique Santiago, la prioridad que se le da ahora encaja con el objetivo de Sumar de blindar la “libertad de expresión y la recuperación de libertades públicas”, debido tanto a los ataques que sufre actualmente por parte de la derecha del PP que dice liderar aún Alberto Núñez Feijóo, como de sus socios de la extrema derecha de Vox, además de las sucesivas imposiciones legislativas y recortes que se están imponiendo allí donde gobiernan.
El texto registrado el pasado mes de septiembre plantea también a acabar con las múltiples condenas a cantantes y artistas en los juzgados españoles, a través de sentencias amparadas por el enaltecimiento del terrorismo. Para evitarlo, la propuesta incorpora una cobertura de ‘protección reforzada’ a las posibles víctimas de estas acciones, pero sin que se considere a los responsables del hecho punitivo autores de un enaltecimiento del terrorismo, que se suprime.
Frente a la manipulación y tergiversación perpetradas por la derecha y la ultraderecha la legislatura pasada sobre el texto anterior, lo que han tratado de repetir ahora nada más conocerse este último arropados por sus respectivas antenas mediáticas, Enrique Santiago apunta, por ejemplo, que respecto a las condenas dictadas por supuestas injurias a la Corona existen varias sentencias de Estrasburgo contra España que ponen las cosas en su sitio.
Su derogación no causa “indefensión” a la Casa Real, ni mucho menos, porque sus miembros siguen protegidos, como cualquier otra persona, a través de la regulación existente sobre los delitos de injurias, calumnias o vulneración del honor.
De igual forma, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida defiende que debe dejarse sin efecto por “innecesario” el delito contra los sentimientos religiosos, al estar todas las creencias protegidas a través de artículos que regulan de forma específica la libertad religiosa.
Algo parecido ocurre con la supresión del delito de ultrajes a la patria. Santiago ha detallado en varias ocasiones que incluso un magistrado del Tribunal Constitucional propuesto por el PP emitió hace tiempo un voto particular para manifestar que dicho tipo penal ‘no tenía razón de ser’.
Enrique Santiago defiende que para todos los supuestos penales mencionados la legislación penal española “dispone ya de mecanismos suficientes para proteger a las instituciones”, por lo que ello no se tiene que mantener “aplicando limitaciones a la libertad de expresión”.
El diputado recuerda la “anormalidad” y la “sorpresa” que causó en su momento que ya durante la etapa del PP al frente del Gobierno se impusiera un endurecimiento de todo lo relacionado con aparentes casos de enaltecimiento del terrorismo, ampliado también con la ejecución de múltiples cambios en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana -más conocida como ‘ley mordaza- , todo ello años después de que tanto la banda terrorista ETA como los GRAPO hubieran desaparecido.
Todo ello sirvió para justificar sentencias y duras penas en los casos de cantantes como los raperos Pablo Hasél o Valtónyc, así como el procesamiento en el caso conocido como ‘de los titiriteros’ en Madrid, este último que luego quedó en nada y a cuyos afectados tuvo luego incluso que indemnizar un medio de comunicación por las acusaciones vertidas. En esta misma línea, está también la anulación de la condena contra César Strawberry, vocalista del grupo Def Con Dos, por parte del Tribunal Constitucional.
