El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y en temas de Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, se ha felicitado hoy en el Pleno del Congreso por el rotundo fracaso de lo que no ha dudado en tachar de “estrategia golpista y desestabilizadora del Partido Popular y de Vox” a partir del “acoso permanente a militantes y locales del Partido Socialista, pero también de otras fuerzas del Gobierno de coalición” perpetrado por la derecha y sus socios de la extrema derecha las últimas semanas con la excusa del rechazo a la futura ley de amnistía.
Durante la comparecencia del ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, para explicar los supuestos avances en materia de migración y asilo en la Unión Europea, la crisis migratoria en nuestro país y el asalto a la sede socialista madrileña de la calle Ferraz, Santiago ha recordado al inicio de su intervención que otras formaciones como Izquierda Unida y el Partido Comunista han tenido que soportar también en sus sedes las actuaciones antidemocráticas, por ejemplo con ataques a varias sedes en Málaga, como la Agrupación Julián Grimau y la Agrupación Dolores Ibárruri, aunque “desde luego nada como lo ocurrido en la calle Ferraz”.
El diputado de IU apuntó que PP y Vox pretendían con todo ello dar una “imagen internacional, y también en el resto de España, de que Madrid se había levantado contra el Gobierno, emulando a Andrés Torrejón contra Napoleón”. Se alegró de que “podemos decir que la mayoría de los españoles han parado ese ‘levantamiento’”, y tiró de ironía al señalar que “también es verdad que ha ayudado bastante el puente de la Constitución, que en este caso no ‘destruye la nación’, o la apertura de la temporada de esquí, que ha desinflado bastante las concentraciones en Ferraz”.
Esta sorna empleada por Santiago en este punto se entiende mejor tras escuchar su denuncia de cómo “los ‘muy constitucionalistas’ acabaron gritando ‘¡Viva Franco!’ o el democrático grito de ‘La Constitución destruye la nación’”, en los asedios a la sede de Ferraz, junto a imágenes como “las muñecas hinchables de los proxenetas”.
Advirtió que todo ello “sí que abrió los telediarios de medio mundo, para vergüenza de todos”, a lo que sumó que tampoco “faltaron los escuadrones ultras de Desokupa, los apologetas de la mentira de los panfletos ultra digitales y, cómo no, los integristas cristianos exorcizando al maligno. Hasta un fascista armado con una pistola apareció por allá. Un espectáculo bochornoso que ha dado una imagen penosa de España en el mundo”.
Enrique Santiago recordó que “la presencia de la ultraderecha ha sido permanente en esas vigilias”, en las que “no ha faltado el señor (Santiago) Abascal, tampoco el portavoz de Interior de Vox, el señor (Javier) Ortega Smith, que hoy no debe haber podido venir o el ocioso vicepresidente de Castilla y León, el señor (Juan) García-Gallardo, donde no trabaja, por lo que estaba megáfono en mano todas las noches y, como no, por el PP, Esperanza Aguirre”.
Para el portavoz de Interior del grupo de Sumar, la “realidad” ha sido tan negativa que “hasta los sindicatos de Policía han acabado exigiendo a Ortega Smith y a Vox, y leo literal, que ‘dejen de coaccionar a las UIPs’ o, por ejemplo, como Jupol calificaba de ‘intolerable’ la actitud del señor Ortega Smith con la fuerza policial”.
“Lo que ha quedado claro -valoró- es que la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la derecha y la ultraderecha es una pantomima. No los consideran funcionarios probos, encargados de defender la democracia y la convivencia, más bien los consideran sus esbirros funcionales para defender sus privilegios”.
Santiago reconoció que “espero que los funcionarios de policía tomen nota y que nunca más se dejen utilizar por esta ultraderecha que les ha usado durante años para impulsar sus agendas políticas desestabilizadoras”. De ahí que les animara a “tener claro que la ultraderecha no son ‘los suyos’, los suyos son los demócratas. La Policía Nacional, antes Guardia de Asalto, ha permanecido fiel a todos los gobiernos democráticos, incluso en los golpes de Estado, como el de julio de 1936 o el de febrero de 1981”.
Como todo no iban a ser críticas, el portavoz parlamentario de IU también concretó a Grande-Marlaska que “después de esta sesión preguntaremos al ministro por el número de sanciones impuestas por desobediencia o faltas de respeto a los agentes, porque eso es algo que nos interesa bastante”.
Prioridades en materia migratoria
En relación al otro asunto objeto de la comparecencia del ministro de Interior, la política migratoria, Enrique Santiago inició su discurso dejando claro a su interlocutor que “España y Europa necesita los flujos migratorios para mantener el Estado del bienestar y, en especial, el sistema de transferencia generacional que sostiene las pensiones públicas”.
En la balanza positiva situó “dos experiencias recientes de tratamiento del fenómeno migratorio que han demostrado que es posible gestionarlo en situaciones difíciles y con el debido respeto a los Derechos Humanos”: cómo España ha acogido a más de 250.000 personas desplazadas de Ucrania por el conflicto bélico y cómo en el último semestre “más de 40.000 personas procedentes del África subsahariana han llegado a las costas canarias y han sido debidamente atendidas”.
“Felicitamos -dijo- a todas las personas que han participado en esos trabajos, a todas las instituciones y, por supuesto, a las ONGS y a la sociedad civil. En especial quiero felicitar a la sociedad canaria, que vivió el drama migratorio en carne propia durante siglos y que ha dado un ejemplo de acogida y solidaridad inconmensurable, mientras los ultras vociferaban contra una ‘invasión’ inexistente”.
Reconoció que algunos instrumentos de gestión de las migraciones “se han enfrentado a dificultades” y apuntó que el Defensor del Pueblo “puso en cuestión cómo se realizaban entrevistas a posibles solicitantes de asilo, por falta de medios en este caso de la Policía Nacional. Las entrevistas se realizaban de forma apresurada y en condiciones de peligro”.
No obstante, indicó que “el sistema ha funcionado y los agoreros del colapso por la supuesta ‘invasión migratoria’ se han quedado sin argumentos”. A juicio del dirigente federal de IU, “el problema no es la capacidad de acogida de nuestro país, el problema es la ausencia de solidaridad y la xenofobia de quienes utilizan la ancestral existencia de migraciones para extender odio”.
Incidió en la cuestión de que “no solo es una obligación moral y jurídica, sino una necesidad para las sociedades envejecidas acoger a las personas que huyen”, de ahí que felicitara a Grande-Marlaska “por lo que le toca a este Gobierno en ese compromiso y ojalá pongamos a España a la altura, para devolver la solidaridad que los españoles y españolas que emigraron o que tuvieron que buscar refugio en otros países durante décadas, encontraron o se merecían encontrar en los lugares de acogida”.
Y llegados a este punto, Enrique Santiago sacó la lista de temas aún pendientes para trabajar en esta legislatura: “en materia de política migratoria tenemos dos obligaciones, en primer lugar, aplicar la Ley de Transparencia en todos los acuerdos migratorios con terceros países, poniendo fin a los acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no cumplen los Derechos Humanos”.
La segunda obligación paso por “tipificar el delito de devolución sumaria en frontera y eliminar la disposición adicional de la Ley de Extranjería que legitima esta práctica”, entre otras cosas, “para que nunca más vuelva a haber decenas de muertos en la valla de Melilla”.
Faltan por corregir también “algunos problemas estructurales del sistema” como la “extraordinaria lentitud de la maquinaria burocrática en las citas para la obtención, renovación o subsanación de los trámites de extranjería, que son un calvario”. Estos preocupa especialmente en los casos del “procedimiento de asilo, dada las implicaciones que tienen para el régimen de protección internacional”.
Santiago apuntó que los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) han funcionado bien como sistemas integrados de gestión en la acogida de las personas ucranianas, “aprendamos de esa experiencia y generalicémosla, también para subsaharianos, no solo para europeos”, dijo.
Valoró también que la subdirección general de Asilo haya pasado a ser una dirección general, “eso es un buen paso para ampliar medios y recursos para atender el aumento de personas”. Pero no hay que quedarse ahí y, propuso, por ejemplo, para combatir la saturación, “simplifiquemos los procedimientos y eliminemos burocracias, dando mayor período de validez a las autorizaciones de residencia para reducir el número de renovaciones”.
“Seguimos sin regular, señor ministro, los mecanismos de acceso al procedimiento de asilo en embajada”, comentó, una vía que Grande-Marlaska se comprometió a regular el 30 de noviembre del año pasado en el Congreso. Para tratar de solucionarlo, el portavoz de Interior del grupo de Sumar se comprometió a que “mañana mismo nuestro grupo parlamentario le hará llegar una propuesta completa de desarrollo reglamentario para que los socios de gobierno cumplamos con la mayor celeridad este compromiso, que es suyo y es nuestro”.
“Nos preocupa -comentó- la situación de saturación en la que se encuentra la sala de solicitantes de asilo de Barajas”, un asunto que requiere “una respuesta rápida, porque el trámite administrativo prolongado a lo que lleva es a la privación innecesaria de la libertad de muchas personas durante demasiado tiempo”.
De la misma forma, consideró que otro aspecto que debe “cambiar radicalmente” es la instrucción existente para que la Policía incoe expedientes de expulsión a extranjeros sin autorización de residencia cuando acuden a las comisarías como víctimas de delitos, para regularizar su situación porque reúnen los requisitos para ello o a denunciar que han sido víctimas de delitos.
Enrique Santiago denunció que esto “está ocurriendo especialmente en Valencia y es sumamente preocupante”. Advirtió que “es evidente que hay una colisión entre la Ley de Extranjería y una norma superior como es la obligación de perseguir los delitos que se cometan contra las personas, con independencia de cuál sea su situación administrativa”.
Para el portavoz de IU, “la víctima es víctima, aunque esté en situación administrativa irregular. La instrucción debe ser derogada de forma inmediata porque fomenta la impunidad y eso no puede tolerarse en un Estado de Derecho”.
