El eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, ha registrado una iniciativa que dirige a la Comisión Europea con la intención de que aclare públicamente “qué medidas concretas contempla en el Pacto sobre Migración y Asilo” para afrontar la “indefensión y poner fin al limbo legal en el que se encuentran miles de personas refugiadas a lo largo de toda la Unión Europea (UE)”.
Pineda lleva a cabo esta iniciativa política ante los continuos informes y trabajos que llevan a cabo asociaciones, grupos y ONG de solvencia contrastada donde advierten de la grave situación que sufren buena parte de las personas refugiadas en el territorio europeo. Ahí se sitúa el último informe de Red SOS Refugiados Europa titulado ‘Las personas refugiadas en los campos de la Región de Atenas’, publicado la pasada semana. En él se advierte, por ejemplo, que dos de cada tres migrantes reciben una sola comida en los campos donde residen, más de la mitad de los niños/as carecen de alimentación especial y la mitad de la población no tiene acceso diario a productos frescos.
De ahí que el eurodiputado de Izquierda Unida interrogue también si la Comisión Europea “está supervisando el uso de los fondos comunitarios destinados a Grecia para asegurar que la ayuda llega a las personas refugiadas” y si “piensa intervenir para poner fin a esta situación de vulneración de derechos humanos en Grecia y otros países de la UE”.
Red SOS Refugiados Europa inciden en que “no solo hablamos de problemas alimenticios, sino de una vulneración de los derechos más básicos y fundamentales como es la educación y la sanidad. Nuestro estudio refleja que un 70% de adultos carece de acceso a cualquier proyecto educativo y un 50% de los menores están sin escolarizar. Además, un 78,3% de los migrantes no dispone de asistencia jurídica, y solo el 55% de ellos cuenta con asistencia médica”.
También se muestran especialmente preocupados por “el limbo legal” en el que se encuentran cientos de personas que, pese a ser reconocidos legalmente como refugiados, pasan semanas sin ningún tipo de ayuda económica o alimenticia hasta que reciben toda la documentación acreditativa. “Son, de media, cinco semanas de vacío legal donde los migrantes se ven sin ningún tipo de ingresos ni comida; es una vulneración del estatuto del refugiado que se produce a diario en suelo europeo sin que las administraciones actúen”, denuncian.
Manu Pineda se muestra escéptico sobre la posible respuesta de las instituciones europeas. “Por desgracia, este extenso informe pone de manifiesto las consecuencias de una política migratoria europea basada en la externalización de las fronteras y la militarización”.
“La ‘Europa fortaleza’ -asegura- no es capaz de dar una respuesta coherente y solidaria a la migración, por eso exigimos que el nuevo pacto migratorio sirva para atajar estos problemas de raíz poniendo en el centro los derechos humanos de las personas refugiadas”.
