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El grupo de Sumar registra una proposición de ley para que las personas saharauis nacidas bajo la administración española logren la nacionalidad por carta de naturaleza

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, presenta la iniciativa en el Congreso junto a la también diputada de Sumar de origen saharaui, Tesh Sidi, y Agustín Santos, y detalla que “las/os descendientes en primer grado de consanguinidad” de las personas saharauis que adquieran la nacionalidad española conforme a esta ley “tendrán un plazo de cinco años, a contar desde la inscripción en el Registro Civil de la adquisición de la nacionalidad de cualquiera de sus progenitores, para optar por la nacionalidad”

El Grupo Plurinacional Sumar ha registrado hoy en el Congreso una proposición de ley para conceder la ciudadanía por carta de naturaleza a las personas saharauis nacidas durante la administración española del territorio del Sáhara Occidental, antes de 1976.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en este grupo, Enrique Santiago, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa en rueda de prensa en la Cámara Baja junto a la también diputada de Sumar de origen saharaui, Tesh Sidi, y el parlamentario y diplomático de carrera Agustín Santos.

Santiago, elegido por su grupo como portavoz en las comisiones de Interior y Justicia a partir de que se constituyan formalmente la próxima semana, indicó que se ha hecho coincidir el registro de la proposición en esta legislatura con la celebración esta tarde en dependencias parlamentarias de la Conferencia Interparlamentaria de Apoyo al Pueblo Saharaui, en cuya inauguración participa, así como con la 47º Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con este mismo pueblo, que se inicia mañana en Toledo.

El portavoz parlamentario de IU mostró su “confianza” en que la iniciativa contará con un apoyo mayoritario para ser aprobada. De la misma manera, detalló que la norma, que consta de dos artículos, establece que concurren las circunstancias que indica el Código Civil para que “las saharauis y los saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976 adquieran la nacionalidad española”, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país.

El texto expone también de forma precisa los “medios probatorios” para acreditar la condición de saharaui nacido en esas circunstancias “valorados en su conjunto”, entre ellos: el Documento Nacional de Identidad español, aunque se encuentre caducado; el certificado de inscripción en el censo español de 1974 o en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por las Naciones Unidas; el certificado de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España; la partida de nacimiento, libro de familia o documentos que acrediten la condición de empleado público expedidos por la Administración española en el Sahara Occidental.

Enrique Santiago expuso también que “las/os descendientes en primer grado de consanguinidad” de las personas saharauis que adquieran la nacionalidad española por carta de naturaleza conforme a esta ley “tendrán un plazo de cinco años, a contar desde la inscripción en el Registro Civil de la adquisición de la nacionalidad española de cualquiera de sus progenitores, para optar por la nacionalidad”.

El diputado de Izquierda Unida argumentó el largo periodo de tiempo al que se remonta la presencia española en el Sáhara Occidental: “ya en 1958 se convirtió en una provincia más española y sus habitantes contaban incluso con representación en las Cortes Generales, poseían DNI, estudiaban en las universidades españolas, accedían a puestos de la función pública o podían ser miembros de nuestro Ejército”, recordó.

De la misma forma, Santiago destacó que en la actualidad “son patentes los lazos culturales y lingüísticos, el uso cotidiano del idioma español que se hace hoy entre el pueblo saharaui” e incidió en que “no es casualidad” que el Real Decreto 2258 de 1976 “estableciera el derecho de opción a la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara”, poco antes de que España se retirara de ese territorio.

“Esta proposición de ley -aseveró- viene a remediar esta situación generada en 1976 con la imposible aplicación de aquella ley de nacionalidad. Tratamos de que la capacidad real de alcanzar la ciudadanía española” por parte de estas personas “pueda ser una realidad efectiva”.

La diputada Tesh Sidi, por su parte, destacó que es un “orgullo” registrar iniciativas como esta y recalcó que se trata de un “ejercicio de memoria restaurativa” para esa generación a la que se “arrebató la ciudadanía española” y la de quienes, como ella, nacieron en los campos de refugiados de Tinduf.

“Nacemos -dijo- en un limbo legal debido a esta falta de responsabilidad del Estado español con el pueblo saharaui, porque tenemos que recordar que no solamente hay lazos de solidaridad, sino también responsabilidad legal”.

Tesh Sidi reclamó a Pedro Sánchez que si denuncia la ocupación ilegal de los territorios palestinos por Israel haga lo mismo con la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. A su juicio, “no es coherente por parte del presidente del Gobierno denunciar la ocupación ilegal de Israel, las prácticas que está aplicando, y no denunciar lo mismo con Marruecos”.

Esta no sería la primera vez que se concede la nacionalidad por carta de naturaleza a poblaciones con una fuerte vinculación histórica con España. Tal y como recordó Enrique Santiago, en 2015 el Gobierno del PP otorgó la ciudadanía española por esta misma vía a los sefardíes originarios de España, en concreto a los descendientes de las comunidades expulsadas por el Edicto de Granada de 1492.

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