Más de un millar de juristas y personas vinculadas con el mundo del Derecho que durante esta semana han respaldado el manifiesto ‘Juristas por la Amnistía, la Democracia y la Convivencia’ han remitido el texto al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, acompañado de una carta donde le explican que quieren “dejar constancia ante las instituciones españolas y europeas de que son muchas las personas profesionales del Derecho que no dudan de la legalidad de la institución de la amnistía en nuestro sistema constitucional” y que esta “también forma parte de la legislación europea”.
El comisario belga, perteneciente a la familia liberal europea, dirigió hace unos días oficialmente un escrito a los/as ministros/as de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, para pedirles explicaciones sobre una ley que aún no está registrada y reclamando ‘que me facilitaran información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista’.
Reynders envió su misiva tras recibir con anterioridad una carta impulsada por la organización conservadora Citizens Pro Europe con una copia de la declaración que suscribían unos 300 profesionales manifestándose contra de la ley de amnistía por ‘inconstitucional’ y contraria al Estado de derecho.
Las personas que ahora promueven el manifiesto ‘Juristas por la Amnistía, la Democracia y la Convivencia’ explican, por su parte, al comisario en su texto que lo hacen “en apoyo de una posible ley de amnistía a determinadas conductas políticas y conexas ocurridas en Cataluña. Esa ley serviría para normalizar la relación entre Cataluña y el resto del Estado tras una larga crisis política que ya dura una década. También creemos que una ley de amnistía ayudará a normalizar la convivencia entre todas las personas que viven en España”.
Insisten en el arraigo de esta medida en la legislación de buena parte de Estados de la Unión Europea (UE) “muestra de ello son las leyes de amnistía existentes en Francia, Portugal, Italia o Suiza, así como la utilización de esta institución jurídica en otros países europeos como Alemania”.
“Entendemos -razonan también en la carta- que puedan existir profesionales del Derecho que legítimamente se opongan a una hipotética ley de amnistía”, pero constatan a su vez que “la mayor oposición manifestada hasta ahora procede de una minoría intolerante e irrespetuosa con la democracia que no acepta los resultados de las pasadas elecciones generales y que utiliza una hipotética ley de amnistía como excusa para desestabilizar el país mediante desordenes públicos y acciones violentas, mismo modo de proceder que ya hemos visto en otros países en los últimos años”.
En la carta se expone con claridad al comisario Reynders que “como usted sabe, el Derecho no es una ciencia exacta y siempre puede estar sujeto a interpretaciones. El riguroso trabajo de las cámaras legislativas es normalmente controlado en los Estados de derecho por mecanismos de control constitucional, en nuestro caso por el Tribunal Constitucional”.
“Este será el órgano judicial que ante cualquier duda decidirá sobre la constitucionalidad de una hipotética ley de amnistía que apruebe el poder legislativo haciendo uso de sus legítimas facultades”, apostillan.
El texto de la misiva concluye recordando también al titular de Justicia de la Comisión Europea que “la joven democracia española nació hace 45 años gracias a una amplia Ley de Amnistía que eliminó cualquier sanción o posibilidad de sancionar por conductas de carácter político o conexas. Desde entonces los y las demócratas de España tienen el mandato de resolver mediante el diálogo político los conflictos que se producen a consecuencia de la confrontación política propia de cualquier democracia”.
Las personas promotoras del manifiesto han enviado cartas similares a las instituciones y personalidades europeas más representativas, incluyendo tanto a la Comisión como al Consejo Europeo, a la Eurocámara o al Tribunal de Justicia de la UE, empezando por quienes las presiden como Ursula von der Leyen, Roberta Metsola o Koen Lenaerts, entre otros/as cargos.
A continuación, se reproduce el texto íntegro del Manifiesto lanzado el pasado lunes:
‘Juristas por la Amnistía, la Democracia y la Convivencia’
La Democracia y la Constitución llegaron a España a pesar de la derecha política. El PP fue fundado por siete ministros de la dictadura franquista, ha votado en contra de todas las iniciativas para condenar la dictadura debatidas en el Pleno del Congreso, y cuando en 1978 el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Constitución, la mitad de los diputados de la entonces Alianza Popular (hoy PP) no votaron a favor.
En el actual contexto se está tratando de generar artificiosamente un problema jurídico por quienes vulneran la Constitución cada vez que interesa a sus objetivos políticos, incumpliendo el desarrollo de los derechos sociales, incumpliendo los derechos fundamentales de las personas, e instrumentalizando las instituciones de forma partidista, como ocurre con el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace 5 años, manteniendo el órgano que se eligió durante el gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2013, con mayoría conservadora.
Un Consejo General del Poder Judicial que, en lugar de asumir su realidad caducada y contraria a la norma, quebrantando su papel institucional, mientras incumple sus obligaciones y plazos para los preceptivos informes sobre proyectos normativos de forma sistemática, o es incapaz de regular la carga de trabajo de la judicatura, realiza posicionamientos políticos ajenos a su función sobre futuribles textos jurídicos y sobre la situación política como si de un partido político se tratase.
El indulto, la renuncia a la acción penal, la amnistía u otras figuras jurídicas equivalentes, se han utilizado en distintos lugares del mundo. Igual que en España, con normalidad. En Francia, en Italia o en Suiza hay leyes de amnistía. En Portugal, se aprobó una amnistía para jóvenes el pasado 18 de julio, por la visita del Papa. La amnistía es una figura recogida en Tratados Internacionales en vigor en España y también en distintas leyes vigentes aprobadas en el periodo constitucional, como el Reglamento general del régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Memoria Democrática. El único límite excluyente para la amnistía en nuestro derecho, como en cualquier país civilizado, son los crímenes internacionales: los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, etc.
Los objetivos de las amnistías, según el derecho internacional vigente, son alentar la reconciliación social y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país.
La Constitución no prohíbe la amnistía, que opera sobre las conductas, pero sí prohíbe los indultos generales, que operan sobre las condenas penales firmes. La prohibición del indulto general no impidió que el 1 de diciembre de 2000, un solo Consejo de Ministros del Presidente Aznar (PP), aprobara 1.443 indultos, sin alegar ningún motivo de interés general. Tampoco se opuso el PP al indulto del que se benefició el general Armada en el año 1988, condenado a 30 años de cárcel por ser el máximo responsable del intento del Golpe de Estado de Febrero de 1981 en el que fuerzas militares secuestraron a todo el Gobierno y a todo el poder legislativo.
La amnistía de delitos fiscales ha sido utilizada profusamente en nuestra democracia por todos los gobiernos menos el actual, incluidos los del PP, siendo las más importantes las de los años 1984, 1991 y 2012.
No puede sino calificarse de pura demagogia que organizaciones de juristas con meros fines partidistas califiquen de trampas procesos normativos aún no iniciados, o definan apocalípticamente como el principio del fin de la democracia, la aprobación de normas en sede parlamentaria, y por mayorías cualificadas.
La amnistía no supone la despenalización de una conducta, sino la aplicación excepcional de una institución jurídica para normalizar una situación conflictiva, en este caso la normalización de las relaciones entre Catalunya y el resto del Estado tras las tensiones independentistas de la pasada década, tensiones que gracias a los esfuerzos de la sociedad catalana y de la española los últimos años han ido atenuándose, y que podrían desaparecer definitivamente gracias, entre otras medidas, a una posible amnistía.
Estos motivos nos mueven a apoyar públicamente que la mayoría parlamentaria pueda aprobar medidas como una Ley de Amnistía para contribuir a normalizar la situación política entre Catalunya y el Estado. Pedimos que cesen los intentos desestabilizadores y los ataques al normal funcionamiento de las instituciones constitucionales, permitiendo que sean, respectivamente, los procesos parlamentarios y de control constitucional por el Tribunal Constitucional quienes decidan sin presiones ni injerencias sobre la aprobación de leyes y el examen de su constitucionalidad, si correspondiera.
