El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha denunciado hoy la actitud de lo que ha calificado, no sin cierta ironía, como “partido judicial”, en referencia a las recientes actuaciones tanto de los/as vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato legal extinto desde hace casi un lustro, como de determinados miembros de la judicatura, alguno de ellos con viejas y conocidas vinculaciones con el Partido Popular a lo largo de su carrera.
Preguntado por este tema en los/as pasillos del Congreso, Santiago advirtió que un CGPJ “con su mandato vencido desde hace cinco años, incumple sistemáticamente la Constitución”, además de que “sin tener competencias para ello emite acuerdos sobre un anteproyecto de ley que no existe”, en referencia a una próxima ley de amnistía.
“No es ya que no tenga competencias para emitir informes sobre un anteproyecto de ley -apostilló-, es que este no existe. Este acuerdo del CGPJ lo que hace es criticar al presidente del Gobierno en funciones e intentar sentar una doctrina sobre que no es democrático que gobierne alguien diferente al Partido Popular, es decir, esto es el ‘partido judicial’”.
Incluyó también en su valoración las actuaciones emprendidas por “un juzgado de lo Civil, que se permite el lujo de admitir a trámite una demanda sin tener ni competencias, ni que exista procedimiento, para prohibir al Poder Legislativo que haga su trabajo”, en relación a la posible aprobación de esa misma ley de amnistía.
Pese a considerar “inaceptable” lo que está pasando, Enrique Santiago hizo un nítido llamamiento a “toda la sociedad española a que mantenga la calma y la tranquilidad frente a este intento de desestabilización de la democracia”, en referencia a la combinación de actuaciones concatenadas por parte principalmente de la derecha política pero también de la judicial, expresada a través del máximo órgano de gobierno de los jueces.
A su juicio, “son los mismos que a lo largo de la historia de España cada vez que han visto amenazado su poder no han dudado en acabar con la democracia”.
Preguntado más concretamente por las últimas actuaciones del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón -que ha decidido dirigir el caso por terrorismo relativo a las protestas en 2019 de Tsunami Democràtic contra el eurodiputado y ex president de la Generalitat Carles Puigdemont, la dirigente de ERC Marta Rovira y otras 10 personas- Enrique Santiago indicó que es “sorprendente que después de cuatro años desde que comenzó a existir el Tsunami Democràtic (plataforma que buscaba liderar las protestas contra las sentencias del procés) justo el día en que está intentando cerrarse el acuerdo de investidura se dé este paso tan peculiar de presentar una acusación nada menos que por terrorismo contra dos destacados dirigentes de los partidos que trabajan por alcanzar un acuerdo de gobierno en este país, es decir, por garantizar la estabilidad democrática”.
“Yo no creo en estas coincidencias -señaló Santiago- Creo que ha habido mucho tiempo para que la Audiencia Nacional hiciera ese trabajo y que tampoco era imprescindible hacerlo la misma semana en que se está intentando cerrar el acuerdo de gobierno”.
Apostilló que es “evidente” que “esto tiene una clara intencionalidad política y recordó que “como pasó otras veces con instrucciones de ese mismo juzgado, al final acaba todo en nada, pero el efecto mediático se consigue y se contribuye de alguna forma a la desestabilización”.
El portavoz de IU en el Congreso acabó con el mismo tono irónico con el que comenzó sus declaraciones al señalar que “como decía el señor Aznar, ‘cada uno haga lo que pueda’, pues aquí todo el mundo está haciendo lo que puede”.
