El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado hoy en el Congreso su ‘Proposición de Ley de regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medio de la Inteligencia Artificial (IA)’ que, en palabras del portavoz de IU en el Congreso y diputado de este grupo, Enrique Santiago, persigue, principalmente, “garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas”. Para ello se requiere “una legislación clara y específica sobre la materia”, según Santiago, de ahí que la iniciativa, que tiene carácter orgánico, plantee la modificación de hasta seis importantes leyes diferentes.
En la presentación de la nueva norma han participado los/as también parlamentarios/as de Sumar Francisco Sierra y Tesh Sidi, encargados de detallar, entre otras cuestiones, los órganos de nuevos creación que se plantea crear para que actúen como “rectores fundamentales”, y los múltiples contactos que ya lleva a cabo Sumar con grupos y asociaciones de la sociedad civil para estar al tanto de sus exigencias.
Entre las principales novedades de la ley orgánica está la creación de un nuevo tipo penal de injurias que sirva para castigar el uso no autorizado de la Inteligencia Artificial cuando se alteren la imagen corporal o la voz de las personas, como se ha podido ver recientemente en los casos de los falsos desnudos de menores en la localidad de Almendralejo (Badajoz) o en distintos ejemplos en otras ciudades.
En concreto, la iniciativa plantea modificar la Ley de Protección del Derecho al Honor, la Ley Electoral, la de Comunicación Audiovisual, la de Competencia Desleal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y, como no podía ser de otra manera, el Código Penal.
Esta es la segunda proposición de ley que presenta Sumar en esta legislatura, tras la relativa a las garantías de la libertad de expresión. Ambas fueron impulsadas desde Izquierda Unida ya la pasada legislatura. La registrada de nuevo hace un par de semanas llegó a tomarse en consideración por el Pleno, pero no llegó a ver completada su tramitación parlamentaria más allá de la fase de discusión de enmiendas debido a la disolución de la Cámara Baja por la convocatoria electoral, mientras que la relativa a la IA no llegó a entrar en ningún orden del día.
Enrique Santiago dejó claro en su intervención que “no estamos presentando una legislación para regular los contenidos tecnológicos, sino para proteger los derechos derivados de la utilización de la Inteligencia Artificial”, algo fundamental ante los “importantes avances tecnológicos” que conlleva está nueva tecnología.
Detalló que ante las distintas posibilidades se ha optado por un modelo “ex ante” o enfoque “preventivo”, no por sectores ni en base a estándares que aún no están claros, como ya ocurre en otros países. El punto de partida ha sido el planteamiento adoptado por la Unión Europea (UE) “pero que no acaba de terminar” y cumpliendo así la indicación de que los Estados miembros legislen al respecto.
Todo ello se concreta en la proposición de ley con un exquisito respeto a “la libertad de expresión y la creación artística” que partan del uso de la IA, tal y como se recoge en la muy detallada exposición de motivos.
Para Santiago, el desarrollo de una herramienta tecnológica “tan importante” como la Inteligencia Artificial puede servir para “facilitar la vida de la gente”, aunque ha advertido que “si no cuenta con una regulación clara”, también puede “poner en riesgo derechos fundamentales de las personas”.
De ahí que entre los principales objetivos que plantea la nueva ley esté evitar que “se amplíen supuestos de injusticia y discriminación por su falta de regulación”, ya que hablamos de herramientas tan potentes que “en manos no responsables, pueden causar mucha afectación: desprestigiar a las personas, atacar el derecho a la intimidad, al honor y también degradar condiciones de trabajo por ejemplo de periodistas o de creadores artísticos”.
Por ello, la propuesta de Sumar regula, básicamente, aspectos de la Inteligencia Artificial orientados fundamentalmente a evitar afectaciones “reguladas en el Código Penal” y también que estén vinculadas al derecho a la imagen, la manipulación electoral, la competencia desleal, además de servir de protección contra injurias o calumnias.
Enrique Santiago entró de lleno en la explicación del contenido de la norma y destacó que, como regla general, se dispone que el uso de imágenes corporales o audios de voz generados por IA deberá llevar siempre “una advertencia visual o sonora clara, que haga evidente que es algo ficticio” y “desvincularlo de esta forma de las afectaciones directas a la persona”.
La proposición de ley orgánica incluye cláusulas para que se proteja el contenido relacionado con IA cuando es parte de una obra, una producción artística o, incluso, un contenido satírico. “Mientras que eso quede claro, que es satírico, se aplicaría la regulación habitual para la sátira y los límites habituales de la libertad de expresión y los derechos de la persona”, apuntó.
Se modifica la Ley de Protección del Derecho al Honor para incluir el uso de la IA como una herramienta utilizable para atacar el derecho a la propia imagen de las personas. Al tiempo, se crea un nuevo tipo penal que establece que su uso no autorizado para alterar la imagen corporal o voz puede constituir un delito de injurias.
Respecto a la Ley Electoral, se establece que la utilización de esta herramienta “de forma maliciosa” en imágenes o voces en relación a las personas candidatas constituiría un delito electoral, lo que “sería sancionable conforme a las previsiones” de dicha norma.
“Para que todo esto no quede en un brindis al sol, lo que se hace es introducir una modificación de las normas procesales de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, recalcó el diputado de IU.
Al diputado de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, le correspondió explicar que ña ‘Proposición de Ley de regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medio de la Inteligencia Artificial’ contempla crear “dos órganos que van a ser rectores fundamentales”. En primer lugar, un Consejo Consultivo con la potestad de elaborar informes, asesorar y proponer al legislador iniciativas de regulación sea sectorial o integral.
El segundo es un Consejo de Participación Ciudadana “para que la sociedad civil representada pueda introducir agendas, promover medidas no solo preventivas, sino que atenúen los efectos perniciosos de mal uso o la mala praxis respecto a la Inteligencia Artificial”.
Sierra detalló que estos dos órganos se crearían con una “representación plural” y tendrían una “función institucional de desarrollo y acompañamiento al legislador y a la ciudadanía para abrir debates”.
El diputado y experto en Comunicación añadió que desde Sumar se ha impulsado la creación de un equipo de trabajo para “deliberar, discutir y avanzar en medidas integrales y sectoriales” relacionadas con los distintos y complejos ámbitos que abarca la Inteligencia Artificial.
La diputada por Madrid Tesh Sidi apuntó que este grupo de trabajo ya está funcionando y trabaja con organizaciones especializadas en distintos ámbitos, por ejemplo en infancia, como es la European Digital for Children, y otras como Ciudadanía de Inteligencia Artificial o Amnistía Internacional. Destacó que es “muy importante acercar la perspectiva ciudadana de todas estas organizaciones a la parte regulatoria”.
Los derechos fundamentales, la privacidad, y la seguridad de las personas deben primar ante la manipulación de cualquier tipo de imagen vídeo o sonido
Presentamos Proposición de Ley para proteger derechos fundamentales ante el uso indebido de la inteligencia artificial pic.twitter.com/l9EJvB07Hu
— Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) October 6, 2023