El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha registrado una iniciativa parlamentaria en el Congreso para que, entre otras cuestiones, el Gobierno en funciones traslade a la Cámara Baja si piensa tomar alguna medida para que “las empresas españolas, entre otras, CAF, COMSA, OSSA o eDreams cesen en sus actividades ilegales en los territorios palestinos ocupados y en Jerusalén de manera particular”.
El parlamentario y dirigente de IU lleva a cabo esta actuación después de conocer que “la empresa catalana COMSA Corporación ha ganado una licitación de las autoridades israelíes para la construcción de la ‘Línea Azul’ del tren ligero que une el Jerusalén israelí con asentamientos ilegales en Cisjordania, como Gilo”.
Además, otras empresas españolas como la multinacional vasca CAF y las madrileñas GMV y TYPSA “ya están participando en la construcción y gestión de las líneas ‘Roja’ y ‘Verde’, que incluyen paradas en las colonias ilegales israelíes en otras zonas ocupadas de la Cisjordania palestina. De esta forma, el proyecto del tren ligero en Jerusalén conecta partes controladas por Israel con asentamientos considerados ilegales por España, la Unión Europea, Estados Unidos o por la propia ONU”.
Para Izquierda Unida, el tranvía en la Jerusalén ocupada “es un proyecto que vulnera la legalidad internacional”, ya que “no respeta el Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicable a los conflictos armados ni los derechos humanos”, entre otras razones porque “se expropian terrenos palestinos bajo ocupación israelí para construir un tren ligero enlazando diferentes asentamientos ilegales -colonias- de la potencia ocupante, facilitando la colonización y traslado de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado”.
A la hora de concretar su iniciativa, Enrique Santiago ha tenido acceso y tenido muy en cuenta a una carta enviada por el Gobierno palestino al ministro de Industria, Comercio y Turismo español, antes de conocerse la obtención por parte de COMSA de la nueva licitación, “urgiendo a tomar acciones inmediatas y medidas para exigir a CAF y a las otras empresas la suspensión y retirada de los proyectos ilegales en los que las compañías españolas están involucradas en la Jerusalén ocupada por Israel”.
Por todo ello, Santiago solicita al Ejecutivo en funciones que le responda por escrito si considera que “el tranvía en los territorios ocupados, en los asentamientos en estos territorios ocupados o en la Jerusalén ocupada es un proyecto que vulnera la legalidad internacional”.
“¿Ha informado el Gobierno -interroga también el portavoz de IU en el Congreso- a los ejecutivos y miembros de los consejos de administración de las empresas españolas que participan en proyectos en los territorios ocupados de las consecuencias legales de carácter penal que puede tener su actuación, conforme a lo establecido en los artículos 608 y siguientes del Código Penal?”
En la misma línea, el diputado del G.P. Plurinacional Sumar pregunta si el Ejecutivo en funciones “¿ha informado a la Fiscalía española para que examine las responsabilidades de dichos ejecutivos y miembros de los consejos de administración de las empresas participantes en proyectos en los territorios ocupados?”
