Izquierda Unida, a través de sus diputados/as en el Grupo Plurinacional Sumar, Toni Valero y Engracia Rivera, junto al también parlamentario andaluz en el mismo grupo Francisco Sierra ha planteado al Gobierno en funciones en el Congreso que impulse de manera efectiva las prácticas formativas remuneradas en las distintas administraciones públicas. Para ello, han registrado una iniciativa en la que también reclaman al Ejecutivo que aclare si “va a tomar alguna medida si se reduce la oferta de plazas y no se cubre la demanda para hacer prácticas obligatorias por parte del alumnado”.
El texto que firman los tres parlamentarios de Sumar recuerda que en el Real Decreto-Ley 2/2023 en vigor desde marzo pasado, que contenía medidas para reformar el sistema público de pensiones, “se disponía la inclusión en el sistema de Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación”, entre ellas las realizadas tanto por el alumnado universitario como de formación profesional.
En principio estaba previsto que esta regulación entrara en vigor el pasado día 1 pero este tipo de cotización se retrasó finalmente hasta el mes de enero próximo a través de una norma aprobada en junio, que incluía, entre otras, medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Rivera, Sierra y Valero recuerdan en su iniciativa que el nuevo texto legal justificaba ese retraso, entre otras razones, en que “las prácticas formativas, remuneradas o no, no se realizan con carácter general al inicio de los cursos académicos, sino en el segundo o tercer trimestre”.
Esa norma indicaba que esta fase intermedia debe servir para “facilitar los trabajos técnicos de adaptación de los centros formativos y de quienes son responsables del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social respecto a quienes realicen las prácticas”.
Por ello, para adelantarse a posibles problemas en su puesta en marcha definitiva, los/as diputados/as plantean de forma muy concreta al Gobierno en funciones si “tiene prevista alguna política de estímulo o ayuda para que las administraciones públicas ofrezcan prácticas, especialmente aquellas de carácter obligatorio” y no encontrarse con sorpresas desagradables dentro de unos meses.
De igual forma, y con idéntico carácter preventivo, se reclaman todos los datos en poder del Ejecutivo en funciones para conocer “cuál es el impacto que esta regulación para que los alumnos en prácticas coticen a la Seguridad Social está teniendo en las instituciones educativas para conseguir prácticas para el alumnado”.
