El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha pedido por carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el Ministerio Público no vuelva a vincular con el terrorismo lo que sí definen como ‘ecologismo radical’. Hasta conocer un pronunciamiento oficial y público por su parte, Santiago ha solicitado la “eliminación” por completo de la última Memoria Anual de la Fiscalía General o en cualquier otro documento de esta institución de este tipo de alusiones, que en el caso citado se hizo en el marco de una “evaluación del estado actual de la amenaza terrorista”.
De la misma forma, el diputado plantea también en la misiva a su interlocutor “incrementar los medios de la Fiscalía de Medio Ambiente para intensificar y reforzar la lucha contra la crisis climática”.
“Mediante estas líneas -incide- quisiera sumarme a este rechazo manifestado anteriormente por las organizaciones ecologistas”, ya que “no tiene fundamento señalar al movimiento ecologista como una amenaza terrorista”.
En la última Memoria Anual del Ministerio Público se incluyó dentro del epígrafe 4.5.2 sobre ‘Terrorismo nacional’ un apartado específico sobre ‘ecologismo radical’, con mención expresa a las organizaciones ecologistas Extinction Rebellion (XR) y Futuro Vegetal.
“Nos consta por la repercusión en medios de comunicación y redes sociales que este hecho ha sido objeto de la denuncia pública de organizaciones ecologistas y movimientos sociales”, que también han solicitado que se acabe con cualquier alusión en los documentos oficiales, expone Santiago.
A su juicio, “el derecho a la protesta pacífica o las acciones de desobediencia civil no tienen encaje alguno dentro de la calificación de actos de terrorismo o amenaza terrorista”.
De ahí que el portavoz de IU en el Congreso haya trasladado también al fiscal general “nuestra preocupación porque esa inclusión del denominado ‘ecologismo radical’ en el apartado de ‘Terrorismo’ es un paso más en la criminalización de las personas y organizaciones que luchan contra la crisis ecológica que amenaza nuestra sociedad” y que “podría decirse que sigue la senda de persecución iniciada en algunas instituciones europeas al ecologismo y a los movimientos sociales que defienden la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático”, por ejemplo, la reciente fallida intención del Gobierno francés de disolver Lés Soulèvements de la Terre, o las recientes represiones en La Haya, entre otras.
Para Enrique Santiago, el tratamiento como actos terroristas de las acciones pacíficas de desobediencia civil “camina en dirección opuesta al reconocimiento que hace la ONU como formas legítimas de protesta”, lo mismo que hace el Parlamento Europeo a través de su Resolución sobre las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos, de 16 de marzo de 2023.
