El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y el diputado catalán de esta formación, Enrique Santiago y Fèlix Alonso, respectivamente, miembros del Grupo Plurinacional Sumar han registrado esta mañana una pregunta escrita que dirigen al Gobierno en funciones para que, entre otras cuestiones concretas, explique “¿qué datos tiene sobre la agresión a un joven negro en la estación de Plaça Catalunya por parte de cuatro vigilantes de seguridad?” y “¿cuáles son las actuaciones concretas que ha llevado a cabo la entidad pública Renfe ante los hechos denunciados en dicha estación?”.
Ambos parlamentarios han formalizado esta iniciativa sobre los hechos ocurridos la pasada semana en la céntrica estación barcelonesa de Renfe, cuando un cuarteto de vigilantes de seguridad “agredieron sin contemplaciones a un joven negro utilizando una evidente fuerza excesiva y ante la atención e indignación de los usuarios que en ese momento transitaban por la estación”. Esta grave actuación fue recogida de hecho en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.
Santiago y Alonso recogen en su texto, al que el Ejecutivo deberá responder por escrito, la información de la que disponen, incluido que “al parecer, Renfe se ha dirigido a la empresa Sureste, responsable del personal de seguridad en la estación de Plaça Catalunya, para aclarar la situación”, sobre unos hechos en los que “al margen de los que se hubiesen producido antes de la agresión”, en este caso que el joven había accedido al interior de la estación sin billete, “es inaceptable cualquier actitud física o verbal del personal de seguridad que atente contra la integridad de los viajeros”.
Por ello, y para ir más allá de este caso concreto, los diputados de IU requieren también información sobre si los vigilantes de seguridad de empresas privadas contratados por instituciones o entidades empresariales públicas “reciben algún tipo de formación contra la xenofobia, la intolerancia, el racismo o la violencia, y sobre la protección de los derechos humanos”.
De la misma forma, inquieren del Gobierno si “piensa tomar algún tipo de medida que ayude a depurar responsabilidades y que evite en el futuro abusos verbales o físicos por parte del personal de empresas privadas de seguridad en espacios públicos”.
