El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha presentado esta mañana en el Congreso la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión. Esta propuesta “más completa”, la primera que presenta el grupo esta legislatura, retoma y actualiza el texto de Unidas Podemos que no se acabó totalmente de tramitar en el pasado periodo parlamentario. Busca principalmente, como se ha encargado de detallar el diputado, suprimir los conocidos aún como “delitos de opinión”, entre ellos las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.
Santiago dejó detalló que el grupo de Sumar en la Cámara Baja aspira esta legislatura a dar un paso decisivo en el blindaje de la “libertad de expresión y la recuperación de libertades públicas”, después de las sucesivas imposiciones legislativas y los muchos recortes durante la etapa de Gobierno de la derecha.
El texto registrado durante la misma mañana va dirigido también a acabar de una vez con las múltiples condenas a cantantes y artistas en los juzgados españoles, en sentencias amparadas por el enaltecimiento del terrorismo. Para evitarlo, la propuesta incorpora en su lugar una cobertura de protección reforzada a las posibles víctimas de estas acciones, pero sin que se considere a los responsables del hecho punitivo autores de un enaltecimiento del terrorismo, lo que se suprime.
El portavoz de IU en el Congreso desgranó una serie de ejemplos y denunció que la existencia aún de toda esta serie de figuras penales lleva a que nuestro país se sitúe a día de hoy a nivel legal como una “anomalía” dentro de la Unión Europea (UE), debido a que no existen y no tienen parangón alguno en las legislaciones de los Estados comunitarios.
Esta circunstancia ha llevado en varias ocasiones a que desde la máxima autoridad legal europea de defensa de los Derechos Humanos -el Tribunal de Estrasburgo- se “haya sacado los colores” a las sentencias en España. Uno de estos últimos casos es la “vulneración de derechos y de la libertad de expresión” que Europa estima que los tribunales españoles han ejercido sobre el sindicalista Pablo Fragoso, en 2014 en unas movilizaciones en el Arsenal de Ferrol, por actuar contra la bandera en unas protestas laborales. La justicia europea condenó al Estado español a indemnizarle.
Frente a la consabida manipulación que perpetraron de forma sistemática la derecha y la ultraderecha sobre la anterior proposición de ley, arropada por sus respectivas antenas mediáticas, Enrique Santiago recordó, por ejemplo, que respecto a las condenas dictadas por supuestas injurias a la Corona existen sentencias de Estrasburgo contra España. Explicó que su derogación no causa ni mucho menos “indefensión” a la Casa Real, ya que sus miembros siguen protegidos, como cualquier otra persona, a partir de la regulación de los delitos de injurias, calumnias o vulneración del honor.
De la misma manera, el diputado de Sumar defendió que hay que dejar sin efecto el delito contra los sentimientos religiosos, dado que es “innecesario” al estar todas las creencias protegidas a través de artículos que regulan la libertad religiosa.
Algo parecido ocurre con la supresión del delito de ultrajes a la patria. Santiago detalló que incluso un magistrado del Tribunal Constitucional propuesto por el PP emitió hace tiempo un voto particular para manifestar que dicho tipo penal ‘no tenía razón de ser’.
En Enrique Santiago afirmó tajante que en todos los supuestos penales mencionados la legislación penal “dispone ya de mecanismos suficientes para proteger a las instituciones” sin que ello se tenga que seguir haciendo “aplicando limitaciones a la libertad de expresión”.
En tono muy explicativo y didáctico, el portavoz de IU en el Congreso mostró la anormalidad y la sorpresa que causó que durante la etapa de gobierno de la derecha se endureciera todo lo que tenía que ver con los supuestos casos del enaltecimiento del terrorismo, ampliado también con la imposición con la imposición de múltiples cambios en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana -más conocida como ‘ley mordaza- , todo ello años después de que tanto la banda terrorista ETA como los GRAPO hubieran ya desaparecido.
Recordó como esta polémica figura penal ha servido también para justificar sentencias y sus duras penas correspondientes en los casos de cantantes como los raperos Pablo Hasél o Valtónyc, así como el procesamiento en el caso conocido como de ‘los titiriteros’ en Madrid. En esta misma línea, aludió también como el Tribunal Constitucional anuló la condena contra César Strawberry, vocalista del grupo Def con Dos.
