El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha registrado una pregunta escrita que dirige al Gobierno para su respuesta por esta misma vía a través del Ministerio de Interior en la que solicita su “valoración” sobre el comunicado lanzado recientemente por la asociación profesional Justifica para la Guardia Civil (JUCIL) “titulado ‘Sobre una posible amnistía para los delincuentes catalanes’ en el que llega a calificar de golpe de Estado dictatorial si se legislara sobre esta cuestión”.
Santiago inquiere también sobre si “¿ha previsto el Gobierno abrir alguna investigación o informaciones reservadas previas a iniciar un posible expediente disciplinario por no cumplir con los deberes de neutralidad y por su clara voluntad de participar en la actividad política?”, en relación con los máximos responsables de esta asociación y de dicho comunicado.
A modo de ejemplo, el diputado de Izquierda Unida en el grupo de Sumar incluye partes del texto de la asociación que dice representar democráticamente a los/as agentes del Instituto Armado, como la que incluye una valoración política y hasta de carácter judicial al señalar que ‘Si el Gobierno se autoriza a sí mismo para decidir lo que es delito en realidad estaríamos ante un Golpe de Estado dictatorial en el que un poder se impone sobre los otros dos. Esto rompe con el Estado Democrático y de Derecho’.
Enrique Santiago destaca que valoraciones de esta naturaleza “evidencian la voluntad de esta asociación profesional de la Guardia Civil de participar en el debate político y en la actividad política, sumándose así a los discursos y acciones frentistas que desde determinados sectores se están alimentando de cara a la sesión de investidura que se celebrará en los próximos días”.
En este sentido, recuerda que la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil “establece en su artículo 7, sobre la libertad de expresión y de información, los deberes de neutralidad política y sindical.
De la misma forma, “el artículo 9.5 establece que las asociaciones de guardias civiles no podrán llevar a cabo actividades políticas o sindicales, ni formar parte de partidos políticos o sindicatos”, mientras el artículo 18 “regula la prohibición de participar de actividades políticas y el deber de neutralidad y sindical en sus actuaciones”.
El portavoz de IU en el Congreso considera estos posicionamientos adoptados por los máximos responsables de JUCIL “contrarios a los valores constitucionales y al ordenamiento jurídico”.
“Esta asociación profesional no solo parece querer tomar partido en el debate político -señala-, en un momento en que se están convocando manifestaciones y difundiendo manifiestos contra una posible amnistía, sino que señalando de golpe de Estado podría estar haciendo un llamamiento a la confrontación y a alimentar la crispación política y social”.
